Sus restos se encuentran aquí, en la fosa común del panteón Jorge Jiménez Cantú, de Tlalnepantla, estado de México, debajo de pisadas y basura de árbol.

Cuando la encontraron, en Tecámac, el cabello le envolvía el cuerpo desnudo. Lacio, negro azabache y en una longitud de unos 1.50 metros, podía decirse que ese era un cabello notable y por el cual, hubiera podido ser recordada o tal vez, identificada. Pero no.

La encontraron el cinco de marzo de 2012. Ni ese día, ni después, alguien acudió a la morgue donde fue extendido su cuerpo machacado, plagado de moretones y sin halo de vida. Tenía de 35 a 40 años, calcularon.

Por eso está en este mar de anonimato, un cementerio común, al oriente de la ciudad de México, con pasto revuelto. Si alguien tuviera la voluntad de preguntar por ella, sería difícil reencontrarla porque aquí, en el estado más peligroso para las mujeres se desaparece dos veces: al morir y al ser enviado a la fosa común.

La categoría de peligrosidad el estado de México la adquirió con el cálculo de organizaciones sociales y la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM: casi mil mujeres desaparecieron el año pasado.  Desde 2010, más de una mujer cada día, una tasa que supera cualquier promedio nacional. Paralela a la desaparición, la muerte ha rondado sin piedad. Hay 929 feminicidios comprobados desde 2005.

Sin embargo, no hay banco de datos genéticos y tampoco puede conocerse el número de cuerpos de mujer enviados a las fosas comunes de los 125 municipios que integran la entidad federativa más grande del país.

LAS FOSAS DE LAS DESAPARECIDAS     

Amparado en los criterios de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el Instituto de Servicios Periciales, de la PGJEM, se reservó el número de mujeres enviadas a las fosas comunes del territorio mexiquense, dato que SinEmbargo.mx solicitó a través del Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado de México (SICOSIEM).

“Uno de los compromisos de la Conferencia Nacional de Procuradores –respondió el director del instituto-, es la homologación de criterios y protocolos para la identificación de cadáveres con identidad desconocida; para dar cumplimiento a tal acuerdo, el instituto a mi cargo, se encuentra realizando la actualización, depuración y el registro en un sistema informático de los cadáveres con identidad desconocida”. Con tal explicación, la PGJEM justificó la negativa.

Pero defensoras de los derechos de las víctimas que han acompañado a familiares de las desaparecidas en la última década indican que sin la medición del fenómeno a partir de las fosas comunes la localización de mujeres continuará como hasta ahora; es decir, en un laberinto. Son ellas quienes viven una batalla cotidiana para encontrar a las mujeres en el entramado de la desaparición.

¿CUÁNTAS SON LAS QUE SE HAN IDO?

Es difícil conocer con precisión cuántas han desaparecido. La PGJEM en respuesta a las solicitudes de acceso a la información folios 386/MAIP/PGJ/20011 y 099/MAIP/PGJ/20102 indicó que de enero de 2010 a diciembre de 2011, 921 mujeres y niñas se encontraban sin paradero. Pero en su página cibernética hay menos: sólo 729 de 2007 a 2012.

La página arroja a la vista fotos de bebés, niñas, adolescentes, adultas y ancianas. Algunas carecen de un perfil elocuente. Sus nombres de mujer tienen una foto de hombre, lo que complica cualquier búsqueda.

¿Quiénes de estas mujeres fueron a parar a las fosas comunes del estado de México? No se sabe y el gobierno no está obligado a la exhumación. Ni a la explicación de los números. Ni a decir nada sobre sus cementerios. María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, expone que si bien el congreso del estado de México tipificó el homicidio doloso en contra de las mujeres como “feminicidio” en marzo de 2011, “no modificó el marco normativo para permitir la creación de protocolos de investigación con perspectiva de género que originara un banco de datos de ADN”.

Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH), en la sentencia conocida como Campo Algodonero de 2009, le recomendó al Estado mexicano la elaboración de un procedimiento para identificar material genético de desaparecidos, a la fecha sólo 16 estados cuentan con el archivo. El estado de México, no.

La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios expone que el estado de México tampoco ha presentado un diagnóstico para atender el requerimiento de la sentencia a nivel nacional.

En el segundo informe de cumplimiento de la sentencia, la COIDH dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) concretó un acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la embajada de Estados Unidos para el suministro de un software denominado CODIS. Este sistema tendrá el fin de instalar una base de datos nacional, conformada por información genética.

De acuerdo con el mismo informe, el CODIS será de acceso restringido y la PGR será la única encargada de su administración. Lo compartirá con aquellas procuradurías estatales que cuenten con un laboratorio forense y sean admitidas por el FBI.

La coordinadora del Observatorio del Feminicidio destaca que en el caso del estado de México “es claro que aún no existe el personal capacitado y mucho menos está en función la base de datos requerida para cotejar la información de mujeres desaparecidas con mujeres asesinadas no identificadas” para colaborar con la PGR.

La LXI legislatura está a unos meses de concluir y es un momento para equilibrar el trabajo de dos años de la comisión especial de feminicidios de la cámara de diputados. La balanza, a Teresa Incháustegui, presidenta de ese grupo, se le descompensa cuando piensa en el Banco Nacional de Registro Genético. “Con 500 millones de pesos estaba resuelto en todos los estados. La propuesta la hicimos en 2010 para que estuviera en 2011, pero nos la rechazaron por técnicamente era inadecuada”, dice.

Por ser la entidad federativa más grande del país, el estado de México es el microcosmos en la desaparición de mujeres, un fenómeno paralelo a los feminicidios. No hay ADN de las que han sido enterradas en los cementerios comunes. Y aquí, la muerte ha rondado despiadada: se las ha llevado en ataques desde 2005, por lo menos. Todos los cadáveres han aparecido maltratados: huesos torcidos, labios en flor, cabellos arrancados, uñas extintas, miembros esparcidos. Se les ve, una vez que amanece, debajo de los puentes o en los parques. Desaparecer en este entorno significa entrar a un oscuro laberinto. “Es muy grave que no se pueda conocer el número de víctimas en fosas comunes. Cada vez se comprueba la hipótesis de que muchas mujeres desaparecidas y privadas de su libertad están relacionados con los casos de mujeres asesinadas no identificadas”, indica la coordinadora del Observatorio.

Y abunda tajante: “Esta situación es preocupante porque el estado de México es considerado un lugar de tránsito de migrantes y de acuerdo al cuarto informe sobre la situación de los Derechos Humanos de los Migrantes en Tránsito por México, es la tercera entidad en la que se registran más actos de violencia contra ellos”.

CUANDO NADIE RECONOCE UN CUERPO

La noche del 5 de marzo de 2012 fue una noche ocupada en la morgue de Tlalnepantla. El asesino serial César Armando Librado Legorreta –con el infortunado apodo de “El Coqueto”- se había escapado de la policía. La PGJEM lo buscaba en todos los vericuetos de la ciudad de México.

Dos cuerpos de mujer estaban tendidos en el anfiteatro de Tlalnepantla: uno era el de una adolescente que en la sudadera blanca llevaba pintados corazones rosas. Su rostro correspondía con el de la foto en la pantalla del celular de “El Coqueto”. No había duda. Ella había sido víctima del violador. Pero el otro cuerpo… El otro cuerpo también estaba torturado ¿De quién era? ¿De quién era el otro cuerpo?

ES OCULTAMIENTO DE CIFRAS

Teresa Incháustegui, presidenta de la comisión especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, exclama: “Antes de la ola de violencia, se enviaban unos 300 cadáveres a las fosas comunes de las diferentes entidades de la República. Hoy no se sabe cuántas llegan ahí. Y cada vez, resulta más difícil saberlo”.

Para la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), Teresa Ulloa Ziáurriz, la negativa para conocer los datos de las fosas comunes es una expresión del ocultamiento de datos de la PGJEM. “Ningún acuerdo de la Conferencia Nacional de Procuradores puede ir en contra de la Ley ni de los tratados internacionales suscritos con nuestro país. Además, hay una Convención Americana sobre el derecho a la transparencia de la información. Negarlo es un pretexto”. Entre papeles y frente a la lista de mujeres que busca en la pantalla de su computadora, esta defensora de los derechos humanos femeninos, concluye: “Probablemente no tienen cuantificados a los cuerpos. Eso es lo que ocurre”.

EN LA FOSA COMÚN DE TLALNEPANTLA

El aire desordena a los matorrales crecidos con anarquía y pese a ello, el ambiente es tranquilo. Botellas rotas de cerveza indican que algunos estuvieron reunidos aquí, sobre los montículos de tierra y las tumbas. En esta fosa común no hay distinción de género. Unas mil cruces de metal, pintadas de verde, indican “desaparecido”. Nada implica que aquí, debajo, se encuentren mujeres. Es posible pensar que, cuando alguien pregunte por ella, por esa mujer de cabello muy largo, encontrada en Tecámac el 5 de marzo pasado, será difícil encontrarla. Así tal cual suena: la mataron en el Estado de México y pasó a la nada.

 

–La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia:

En 1993, las procuradurías del país crearon la Conferencia Nacional de Procuradores Generales de Justicia de México. Se inició así una nueva etapa en los trabajos colegiados de las procuradurías.

De 1993 a 1996 se celebraron seis conferencias nacionales de procuradores generales de Justicia de México. En abril de 1996, la Conferencia cambió su denominación a “Conferencia Nacional de Procuración de Justicia”. Esta reunión de procuradores tiene fundamento jurídico en la Constitución, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en sus propios estatutos.