Observadores electorales de Alianza Cívica dieron a conocer este día que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista (PVEM) utilizaron niños como “halcones” (observadores) para garantizar que los adultos a los que acompañaban en las casillas votaran por sus candidatos.

Los “halconcitos” son utilizados principalmente por grupos del crimen organizado en México. Y ahora, en esta elección, por primera vez, fueron usados por estos dos partidos políticos.

De acuerdo con el informe de Alianza Cívica, se trató de una operación en cuatro estados: Edomex, Chihuahua, Sinaloa y Jalisco. Los cuatro estados tienen una fuerte presencia de crimen organizado y una estructura celular que recurre a los “halcones”.

En su informe “Observación de la Calidad de la Jornada Electoral 2012”, Alianza Cívica denunció que la coalición PRI-PVEM implementó la operación “Niños halcón”, en la que menores de entre ocho y 10 años acompañaban a votar “a diferentes ciudadanos, en diferentes ocasiones”, que previamente habían prometido sufragar por ese partido.

Los llamados “halconcitos” fueron usados en Chihuahua, Sinaloa y Jalisco, reporta la ONG que supervisó la jornada electoral del domingo pasado con más de 500 observadores, previamente registrados en el Instituto Federal Electoral (IFE), en 21 estados de la República Mexicana.

Beatriz Camacho, presidenta de Alianza Cívica, dijo que este operativo es una de las irregularidades más graves –entre las decenas que reportó la organización esta misma tarde– debido al uso de menores de edad, lo que no sólo es un delito electoral sino judicial y un agravio a los derechos humanos.

El reporte de Alianza Cívica indica:

De acuerdo con la Constitución y el Cofipe, el voto es libre y secreto y están prohibidas las formas de  presión y coerción. Sin embargo, de acuerdo con ejercicios de observación electoral realizados por  Alianza Cívica, aún persisten varias acciones y prácticas mediante las cuales diversas fuerzas políticas buscan inducir y/o condicionar el voto de los ciudadanos, llegando a utilizar formas ilegítimas o ilegales de operación, en particular, mediante el condicionamiento de programas, obras o beneficios sociales, lo cual está tipificado como delito electoral en el Código Penal Federal. El 21% de las casillas reportó que  los ciudadanos no pudieron votar en secreto”.

Agrega:

De este 21%, observamos que la principal irregularidad fue la utilización de niños acompañando a votar a diferentes ciudadanos, en diferentes ocasiones –los llamados halconcitos- en el Estado de México, Chihuahua, Sinaloa y Jalisco. Había personas con listas de votantes, que iban palomeando (diferentes a la lista nominal de electores); o bien había personas hablando en la fila o antes de que llegaran con los ciudadanos, haciendo alguna forma de presión.

LA ELECCIÓN, NI LIMPIA NO EJEMPLAR, DICE ALIANZA CÍVICA

De acuerdo con Alianza Cívica, en el Estado de México la coalición PRI-PVEM introdujo una cantidad ilegal de representantes: la Ley marca que sólo deben estar, en la casilla, dos por partido. Dijo que había hasta 10, con el motivo de ejercer presión no sólo sobre los otros funcionarios y sobre los otros representantes, sino también sobre los votantes, que por lo regular son vecinos de la misma comunidad.

Esos representantes, dijo Alianza Cívica, traían el padrón en las manos, cuando esto es ilegal.

Las siguientes fotos documentan lo anterior. Los representantes de PRI y PVEM vistieron playeras o camisetas rojas.

PRODUCTO DE LA COMPRA Y COACCIÓN DEL VOTO 30% DE VOTOS

Alianza Cívica estimó que cerca de 30% de los sufragios emitidos el 1 de julio fueron producto de la compra y coacción de voto, mientras que en un promedio de 21% de casillas se violó el secreto al voto.

En rueda de prensa, los representantes de Alianza Cívica Nacional y de Equipo Pueblo, Beatriz Camacho y Héctor Díaz Santana, así como Eduardo Huchim May, exconsejero del IEDF, destacaron que las irregularidades detectadas en 21 entidades, sobre todo la compra y condicionamiento del voto, no pueden atribuirse a un solo partido.

Sin embargo, establecieron que la gravedad de las irregularidades ameritaría que se anulara la elección presidencial.

El exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) consideró que “la equidad en la elección está rota, habría lugar a una anulación”.

Sin embargo, Huchim recordó que, por resoluciones anteriores que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sobre todo la Sala Superior, “ni siquiera va a intentar anular la elección presidencial”.

Los activistas coincidieron en que las anomalías registradas en 2012 fueron mayores a las de 2006 y, frente a la dificultad de cuantificarlas, el Instituto Federal Electoral (IFE), la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el TEPJF “resultan autoridades insuficientes para corregir tan grave problema”.

De acuerdo con los reportes de 500 observadores que monitorearon casillas en 21 entidades, detallaron, se detectó que en una encuesta aplicada a 3 mil 158 electores, cerca de 28.4% aceptó que estuvo expuesto al menos a una práctica de compra o coacción del voto.

“MAREAS PRIISTAS”

Alianza Cívica también detectó un fenómeno llamado “mareas”, que consiste en que varios “representantes de un partido político, de manera intimidante se colocan atrás de funcionarios de casilla”.

Esa práctica irregular prevaleció pese a que el IFE sólo aprobó un máximo de dos representantes de partido por casilla.

“Mareas” de la alianza Compromiso con México, integrada por PRI y PVEM, fueron los que mayor presencia tuvieron en las casillas observadas, en 72% de los casos; en segundo lugar estuvieron simpatizantes del Movimiento Progresista, con 38% y, en menor medida, seguidores del PAN y Panal, ambos con 12% de los registros.

Alianza Cívica desplegó observación electoral en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En entrevista con Apro, Beatriz Camacho explicó que, a diferencia de la elección de 2006, ahora prevaleció la compra y coacción del sufragio.

La activista recordó que hace seis años se detectó “toda una intromisión de actores políticos y no partidistas, quienes generaron una campaña de guerra sucia contra un candidato y, aunque hubo compra y coacción del voto, los partidos políticos concentraron más de 70% de su presupuesto para pagar espacios en medios de comunicación”.

Dijo que la reforma de 2007, que prohibió a los partidos la compra de espacios en medios e incrementó el monto de prerrogativas, dio mayor libertad a los candidatos para destinar los recursos a la compra y coacción del voto, situación que ya había sido observada en 2009 y se repitió ahora en 2012.

Los partidos, puntualizó, “se dedicaron a hacer campañas de tierra, ir de casa en casa ofreciendo algún regalo, comprando votos, condicionando permisos, ofreciendo programas sociales”.

Se trata, explicó Beatriz Camacho, “de una estrategia que usan todos los partidos políticos, pero el día de la jornada electoral aumentaron las presiones directas a los votantes comprometidos, y en esta ocasión recurrieron a los ‘halconcitos’, a quienes pagaron de 100 a 200 pesos”.

De la compra de votos, los observadores de Alianza Cívica denunciaron algunos casos ante la Fepade, aunque  quedaron pendientes de trámite quejas en Yucatán, Coahuila y Nayarit.

LAS “CASAS AMIGAS”

“Se les llamaba ‘casas amigas’, y ahí se le entregaba al ciudadano dinero, regalos o tarjetas Soriana para despensas; lo que comprobamos es que la Fepade no tuvo la capacidad para procesar las denuncias y quedaron algunas pendientes de ser tramitadas”, acusó.

La representante nacional de Alianza Cívica también resaltó que entre los ciudadanos de Nuevo León, Sinaloa y Nayarit se registró “una percepción de violencia e inseguridad”.

En entrevista por separado, Héctor Díaz Santana consideró que “como las irregularidades provinieron de todos los partidos políticos, por ser un hecho generalizado, se podría anular la elección”.

Díaz Santana explicó que el incrementó de los fondos públicos a los partidos “ha pervertido la competencia política”.

Esta situación se agravó el 1 de julio pasado. “Ante una competencia electoral muy cerrada, ante la falta de confianza y credibilidad de los partidos políticos y los candidatos, lo único que les queda es comprar, coaccionar, inducir al voto.

“El problema es que el costo del voto va a subir y no todos los partidos y candidatos lo van poder pagar, y va a haber un problema de gasto excesivo, pues las condiciones de la competencia así lo determinan”, concluyó el activista.

–Con información de Apro