Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respondió al informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) donde señalaba que la instrucción de los militares era abatir a los delincuentes involucrados en el caso Tlatlaya, en el Estado de México, en julio de 2014. En un comunicado la dependencia dijo que en las órdenes operativas que se giraron ese día al personal castrense en todo momento se privilegió que los militares actuaran con apego a la ley vigente que contempla “el respeto irrestricto a los derechos humanos”.

El pasado 2 de julio el Centro Prodh hizo público un informe en el que reveló que “abatir delincuentes en horas de oscuridad”,  fue la orden que se les dio a los militares que integraban la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario” y que estuvieron involucrados en la posible ejecución extrajudicial de 22 personas el 30 de junio de 2014.

Así lo consiguió documentar la organización al tener acceso a la Orden de Relevo y Designación de Mando, dirigida al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estaba al mando del personal de tropa.

Al respecto la Sedena destacó que el informe en cuestión “contiene una serie de instrucciones operativas para el relevo de la base de operaciones del Rosario, Estado de México, con 38 indicaciones que buscan proteger la vida de las personas y la seguridad de las tropas, además de privilegiar el respeto a los derechos humanos, lo que se acredita en varios párrafos del documento”.

Detallóque el análisis de la totalidad del documento se desprende que su propósito es que las operaciones del personal castrense se ajusten al marco jurídico vigente que contempla el respeto irrestricto a los derechos humanos”.

INVESTIGAR A ALTOS MANDOS

De acuerdo con el informe del Centro Prodh, la Orden de Relevo fue emitida en el Campo Militar 22-D, San Miguel Ixtapan, Estado de México y dirigida al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez. El emisor de la Orden se identifica como “102 BTN. DE INF., Grupo de Comando”.

El contenido de la Orden reitera las operaciones y el modo de llevarse a cabo, refiriendo que son órdenes provenientes del “Alto Mando”, en alusión al Secretario de la Defensa Nacional, de acuerdo con el Centro Prodh.

Asimismo, la organización asienta que, conforme al expediente, tras los hechos ocurridos en Tlatlaya, “el teniente a cargo de la base informó que en efecto se había abatido delincuentes”.

El Centro Prodh señala que si la orden que motivó la intervención de la Base de Operaciones incentivó graves violaciones a los derechos humanos, la responsabilidad de los mandos jerárquicos debe investigarse.

“Con base en la teoría de responsabilidad por cadena de mando, que asume hasta sus últimas consecuencias los principios de jerarquía y obediencia militar, la identificación de la Cadena de Mando es indispensable para determinar la posible responsabilidad institucional del Ejército mexicano”, señala en su informe.

Dada la existencia de la Orden de Relevo, se tendría que investigar, identificar y sancionar no sólo a los responsables de lo ocurrido en Tlatlaya sino a los mandos militares que estuvieron directa e indirectamente relacionados en los hechos ya sea por haber ejecutado, ordenado o tolerado las acciones y omisiones que llevaron a la masacre, incluyendo la emisión de la Orden de Relevo, expone el documento.

Conforme a la estructura militar, la investigación de las responsabilidades de mando supondría indagar desde al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estaba al mando del personal de tropa, hasta al General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional.

Esa cadena de mando incluiría también al Coronel Raúl Castro Aparicio, Comandante del 102 batallón de Infantería en San Miguel Ixtapan; al General Brigadier Diplomado y Jefe del Estado Mayor, Francisco Ortega Luna, adscrito a la Comandancia de la 22 Zona Militar; al General de Brigada Diplomado del Estado Mayor, José Luis Sánchez León, Comandante de la 22 Zona Militar; y al General Brigadier Diplomado del Estado Mayor Jaime Godínez Ruiz, comandante de la I Región Militar.

Además, de la Orden de Relevo se desprende que también tuvieron conocimiento de ésta el teniente Coronel de Infantería 2do. Comandante y jefe del Grupo de Comando, Sandro Díaz Rodríguez, quien firmó la Orden de Relevo en ausencia temporal del Coronel Comandante del 102 batallón de Infantería, así como otros ocho mandos militares que figuran copiados en el documento.

Sin embargo, expone el Centro Prodh, la Sedena ha impedido analizar la cadena de mando que intervino en los hechos de Tlatlaya.

El Centro Prodh refiere que este día ha solicitado a la Procuraduría General de la República, entre otros elementos, que cite a comparecer en el fuero civil a los mandos militares, a fin de que declaren sobre la procedencia de la Orden de Relevo y sus instrucciones. Pero también para que expliquen cómo se decidió el aparente ocultamiento de los hechos y sobre la Operación Dragón.

De dicha operación no hay información disponible, de acuerdo con el informe, pero figura en el Plan Sectorial 2013-2018 de la Sedena, que es parte de las normas en que se fundamenta la Orden General de Operaciones de la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario”, de la que se desprende la Orden de Relevo.

El informe del Centro Prodh recuerda, además, que la CNDH acreditó la presencia en el lugar de los hechos de más de 55 militares y 21 marinos en distintos momentos. Sin embargo, apunta, la PGR sólo declaró a los integrantes de la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario”.