Como en juego de paradojas, el Gobierno federal reservó hasta 2025 el protocolo de búsqueda de desaparecidos para salvaguardar “las mejores prácticas” en las que se basa, mientras que miles de familias han inventado sus propias formas de rastreo. Cada quien busca como puede. Y las maneras se desgranan. En abril pasado, asociaciones de familiares integraron la Brigada Nacional que ha escarbado en cientos de fosas clandestinas a lo largo del país. Al tiempo, están espacios como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desparecidas en México (Cofaddem) o el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México; entre otros.
Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).– Cada día, hombres, mujeres y niños desaparecen de la faz de México envueltos por los fantasmas del crimen organizado y la trata de personas. Desde que en diciembre de 2006 se inició la Guerra contra el Crimen Organizado hasta ahora, 27 mil 638 personas no han sido vistas de nuevo por sus familiares y de ellas, más de la mitad se fue en los tres años del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Las cifras provienen del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y se encuentran también en el estudio “Un trato de indolencia” de Amnistía Internacional México.
Este dolor es redondo. ¿Cómo procura el Gobierno mexicano a esas 27 mil personas? Los familiares ni nadie puede saberlo por ahora. El 15 de febrero de 2013, la Junta de Gobierno de la entonces Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) clasificó por un periodo de 12 años el protocolo de búsqueda de desaparecidos. La razón que ofreció es que su contenido “encuentra relación directa con temas de prevención y persecución de delitos, estrategia procesal e impartición de justicia”.
Esa procuraduría se convirtió en Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y tiene 397 expedientes reservados, según el Índice de Expedientes Reservados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Según esa comisión, la motivación de la clasificación consiste en que el protocolo contiene la recopilación de mejores prácticas en materia de búsqueda y localización de personas, así como procedimientos de inteligencia, que van desde técnicas de entrevista hasta métodos de análisis de información. En la resolución PV/UE/RR/124/2013, se lee: “Los tópicos aquí tratados son de especial relevancia, ya que se encuentran directamente relacionados con la salvaguarda de la vida en integridad física de las personas que han sido víctimas de algún delito que impide su localización, o bien, que no se encuentran localizables por alguna otra causa”.
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Como en juego de paradojas, mientras el Gobierno reservó hasta 2025 el protocolo de búsqueda por salvaguardar “las mejores prácticas” en el método, las maneras de buscar a los desaparecidos se desgranan. Las realizan las familias en duelo. Y cada quien busca como puede. En abril pasado, fue integrada la Brigada Nacional de Búsqueda que ha rastreado los confines de varios estados de la República, ya sea en el norte, centro o sur. Ha escarbado en cientos de fosas clandestinas encontradas bajo su propia estrategia. Ha caminado entre huizaches y cañaverales, escalado cerros de piedras y atravesado ríos. Al final, es un proyecto sombrío. El pasado 22 de junio, José de Jesús Jiménez Gaona, uno de los integrantes, falleció después de que le dispararon en Poza Rica, Veracruz.
Pese a todos los pesares, la búsqueda parece ya no tener regreso. Al tiempo de la Brigada, en el país se han conformado espacios como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desparecidas en México (Cofaddem) o el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México; entre otros.
La maldita noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecieron, se convirtió en el emblema de la búsqueda. Y aunque esta desaparición múltiple descarriló al Gobierno de Enrique Peña Nieto y las movilizaciones suelen concluir con la frase pintada en blanco: “Fue el Estado”, en julio de 2016 la búsqueda de los normalistas se ha empantanado. Los padres aún esperan que se aplique el mecanismo de seguimiento especial de víctimas acordado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la destitución de los funcionarios que participaron en la construcción de la llamada “verdad histórica”, sobre todo, Tomás Zerón de Lucio, quien sigue a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República.
Otra forma de buscar es la exigencia a través del grito. Por los desaparecidos, el Presidente Enrique Peña Nieto tuvo la primera interpelación de una ciudadana en un acto oficial en la Ciudad de México. Ocurrió en 2013 y quien la protagonizó se llama Jeanette Ascencio:
–¡Señor Presidente Enrique Peña Nieto y Gobernador de Tamaulipas Egidio Torre Cantú, ¿qué opinión tienen sobre las desapariciones forzadas en Tamaulipas? ¡Tengo una hermana desaparecida hace cuatro meses y nadie me ayuda!
El maestro de ceremonias la ignoró. Le dio el turno en el micrófono al líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, quien por primera vez pronunciará un discurso como representante gremial.
Ella volvió a decir:
–¡Exijo respuesta!
Y el grito se quedó flotando, ignorado por quienes ocupan el templete, anotado por algunos periodistas que lo alcanzaron, seguido por el murmullo de los “¿qué dijo?” “¿qué pasó?” “¿quién es?”, grabado en las cámaras de televisión, flotando.
Consulta de Datos: Resolución de Información Reservada No. PV/UE/RR/124/2013
#DatosCerrados publica cada semana un expediente clasificado del Gobierno federal.
