El próximo Gobernador señaló algunas propuestas que ha enviado a Duarte al Congreso estatal en las últimas semanas. Entre ellas están los nombramientos de un fiscal anticorrupción que ocuparía el cargo por 5 años, según indica el texto, y de tres magistrados de la Sala Especializada contra la corrupción que serían inamovibles por 10 años. Además de designar a una legislatura priísta para que será la encargada de revisar la cuenta pública de 2015.

Ciudad de México, 4 julio (SinEmbargo).- El Gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares pidió la intervención del Gobierno federal para evitar que el todavía Gobernador Javier Duarte dañe al estado de Veracruz haciendo nombramientos de forma que afecten las finanzas públicas. Ante ello solicitó ayuda al Presidente Enrique Peña Nieto para que actúe al respecto. Por su parte, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, también pidió la intervención del Gobierno federal y del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI)  para evitar que el Paquete de impunidad de Roberto Borge Angulo, Gobernador de Quintana Roo, se lleve a cabo.

Mediante sus redes sociales, Yunes Linares dijo en un desplegado que la mala situación de la cual es víctima el estado puede desembocar en un conflicto social.

“Javier Duarte quiere nombrar al Fiscal, Magistrados y Contralor para proteger su huida, evitar la cárcel y la devolución de los miles de millones de pesos que se robaron; está desquiciando y lleva a Veracruz al enfrentamiento y a un desastre financiero de consecuencias graves para el Estado y para el país, dejando sin recursos a la próxima administración estatal para los programas de asistencia social, de salud, entre otros”.

El próximo Gobernador señaló algunas propuestas que ha enviado a Duarte al Congreso estatal en las últimas semanas. Entre ellas están los nombramientos de un fiscal anticorrupción que ocuparía el cargo por 5 años, según indica el texto, y de tres magistrados de la Sala Especializada contra la corrupción que serían inamovibles por 10 años. Además de designar a una legislatura priísta para que será la encargada de revisar la cuenta pública de 2015.

Yunes ha indicado en reiteradas ocasiones que Duarte busca dañar las finanzas públicas con el aumento del gasto a través de las concesiones del presupuesto a varias dependencias. Además argumentó que el Gobierno federal tiene la posibilidad de llamar al Gobernador del estado para impedir que esas reformas que plantea sean aprobadas.

“No sólo está preparando su huida, blindando su huida, con fiscales anticorrupción, contralores, áreas especializadas nombradas por un Congreso de mayoría total priísta, sino está dejando también bombas para que a partir de diciembre estalle la situación económica en Veracruz y venga un conflicto social gravísimo”.

Por su parte, Javier Duarte de Ochoa contó durante seis años con la lealtad política del Congreso local, cuya mayoría es del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su partido. Al poco tiempo de terminar su administración, ante la imposibilidad de negociar con el mandatario siguiente –quien lo demandó por enriquecimiento ilícito–, acude a este cobijo para blindarse ante la justicia. La falta de contrapeso y voluntad política, así como el pacto de impunidad entre actores políticos, afirman politólogos, dificultará que el priísta sea juzgado por los señalamientos de corrupción que lo rodean, a pesar de que esta semana el tricolor se distanció de él –más por el costo electoral que le causó, que por los señalamientos en su contra-.

Miguel Ángel Yunes Linares, el Gobernador electo, y otros panistas afirman que la Reforma Constitucional en materia anticorrupción enviada por Duarte de Ochoa al Congreso estatal es una estrategia para librarse de la justicia.

Esta propuesta legislativa prevé la creación del Fiscal Anticorrupción y del Contralor General, quienes serán designados por el Congreso estatal, controlado por el PRI y sus partidos satélite locales. Asimismo retira el fuero al próximo Gobernador, a sus secretarios y a los Presidentes municipales, aunque el beneficio legal sigue protegiendo a los diputados, al titular de la Comisión de Derechos Humanos estatal, al Fiscal General del estado y a los magistrados.

El jueves, el Congreso de Veracruz pospuso la designación del nuevo Fiscal Anticorrupción en la entidad, quien se preveía fuera Francisco Portilla Bonilla. El tema fue retirado del dictamen del día ya que no reunió los 34 votos a favor necesarios para ser discutido en el pleno. Dentro del recinto Legislativo grupos de personas protestaron con pancartas con la leyenda “#QueNoSeEscapeDuarte”.

En tanto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió a los gobernadores electos aclarar y sancionar las acusaciones que existan en contra de las administraciones salientes. La iniciativa privada destacó que no se puede consentir que ningún servidor público del nivel que sea, pretenda esquivar responsabilidades mediante argucias, imposiciones o simulaciones con las que sólo se busque protección y reproducir la impunidad.

“Los gobernadores electos tienen la responsabilidad de aclarar y, en su caso, sancionar, las acusaciones que existan contra las administraciones salientes. Esa es una exigencia ciudadana y debemos de proceder como Estado mexicano”, afirmó Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del CCE su comentario semanal.

El CCE añadió que el desarrollo económico, político y social de una nación depende de la capacidad del Estado y de la sociedad de generar, por una parte, incentivos y condiciones de certeza para el cumplimiento de los acuerdos, y por otra parte, consecuencias para aquellos que violenten los derechos de los demás o incumplan sus obligaciones.

BORGE Y SU “PAQUETE DE IMPUNIDAD”

El Presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés dijo en conferencia de prensa, acompañado el Gobernador electo de Quintana Roo Carlos Joaquín González, que el Partido buscará por los medios legales y políticos dar marcha a tras al “paquete de impunidad” para que los funcionarios corruptos devuelva lo que se robaron, “empezando por el todavía Gobernador, Roberto Borge”.

“Este es el peor PRI que hemos visto en la historia de nuestro país”, aseveró Anaya Cortés tras denunciar la consumación del “paquete de impunidad” propuesto por Roberto Borge Angulo, Gobernador saliente del estado de Quinta Roo, con el cual busca ocultar los casos de corrupción durante su gestión.

Añadió que el partido tricolor nunca se había “comportad” así ni siquiera cuando perdió la Presidencia de la República en el 2000 y recordó que al igual que Quintana Roo, el Chihuahua y Veracruz “los Gobernadores salientes han propuesto un paquete de leyes a modo para pretender ‘blindarse’ contra la acción de la justicia”.

El Presidente del PAN pidió la intervención del Gobierno federal y del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, para dar marcha atrás a lo aprobado por el Congreso local, pues, sostuvo, “todos sabemos que en la cultura priista los Gobernadores no se mandan solos. Sabemos que son disciplinados a lo que se les instruye, recomienda o sugiere desde el Gobierno federal y desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI”.

Anaya aseguró que el compromiso de Carlos Joaquín, el Gobernador electo, era tener un estado sin impunidad.

“Quintana Roo merece que no haya impunidad, ése es el compromiso de Carlos Joaquín y para ello cuenta con todo el respaldo de los partidos que lo postulamos, para que estos señores devuelvan lo que se robaron y que quienes hayan cometido actos graves de corrupción vayan a la cárcel, empezando por el ex Gobernador del estado”.

Por su parte Carlos Joaquín González, dijo que “los priistas no se dieron cuenta de que el pasado 5 de junio, los ciudadanos votaron por la transparencia, por evitar la corrupción y acabar con la impunidad que ha imperado en los últimos 6 años en Quintana Roo”.