La presente investigación académica sobre el sistema de videovigilancia del Gobierno del Distrito Federal (GDF) toma una mayor dimensión frente al multihomicidio de cinco personas, registrado el pasado viernes en la colonia Narvarte de la capital del país, entre ellas el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y la activista Nadia Vera Pérez, ambos autoexiliados en la Ciudad de México por las amenazas y el acoso recibidos por parte de las autoridades del Gobierno de Veracruz, comandado por el priista Javier Duarte de Ochoa.

SinEmbargo constató en un recorrido realizado en la cuadra donde se ubica el departamento donde ocurrieron los asesinatos, que hay por lo menos nueve equipos de videovigilancia instalados, incluido el del edificio situado en Luz Saviñón número 1909, además de las de negocios privados y otras más del propio Gobierno del Distrito Federal.

Este martes, las autoridades revelaron a la prensa imágenes captadas por una de sus cámaras cercana a la entrada del domicilio donde fueron asesinadas cinco personas y donde se observa la salida de los probables responsables del multihomicidio.

Este diario digital reproduce la investigación realizada por Alejandro Vélez, editor de la organización Nuestra Aparente Rendición (NAR), dada su relevancia en el contexto de un asesinato que demanda respuestas prontas y que pone en entredicho la creencia de que la Ciudad de México era el último reducto de seguridad y protección para periodistas y activistas perseguidos por los gobiernos de otros estados en la República.

Por Alejandro Vélez

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo/Nuestra Aparente Rendición).- “¡Hay que instalar cámaras!”, dijo un vecino muy convencido en una junta de condóminos donde se trataban las posibles medidas para abatir el robo de autopartes en el edificio donde viven mis padres. La propuesta tuvo buen eco y pareció mejor que las iniciativas de contratar un vigilante con perro, cambiar las cerraduras de las puertas o algo más barato como mejorar la iluminación. Lo tecnológico enamora y más si pareciera que funciona a nivel macro. Pero como veremos a continuación, la eficiencia de la videovigilancia es una genial ilusión, una impostura, que en el caso de la Ciudad de México ha pasado de largo delitos graves como asesinatos, desapariciones, represión de ciudadanos y que además opera en un agujero legal.

En el sitio web de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) se afirma que el sistema de seguridad implementado en la capital del país es resultado de una investigación en decenas de ciudades del mundo, entre ellas: Jerusalén, Liverpool, Londres, Singapur, París, Medellín, Bogotá, Nueva York y Barcelona. De acuerdo con información del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), el costo total del proyecto ronda los 460 millones de dólares. La empresa que ganó la licitación fue Teléfonos de México (Telmex), el gigante de las telecomunicaciones propiedad de Carlos Slim Helú. Además de poner al servicio del Gobierno del Distrito Federal (GDF) toda su red de telecomunicaciones, aportó una red de fibra óptica dedicada especialmente al proyecto. Por otra parte, la empresa militar francesa Thales fue subcontratada por Telmex para proporcionar los sistemas de videovigilancia.

La contratista militar francesa está en el ojo del huracán por sus contratos con regímenes que han cometido crímenes de guerra y lesa humanidad. Es el caso de Siria, donde según la organización Human Rights Watch, ha vendido armamento al régimen de Bashar Al Assad. También tiene antecedentes turbios en Palestina por la prueba en campo del drone modelo Watchkeeper que según reportes periodísticos fue usado por el ejército israelí para asesinar a 36 personas, incluidas mujeres y niños en 2013.

Thales publicó  en su sitio un reporte sobre el Proyecto Ciudad Segura que menciona que su finalidad es: proteger a los ciudadanos de la Ciudad de México de riesgos como el crimen, el terrorismo, los ataques a infraestructuras estratégicas, catástrofes naturales y otro tipo de riesgos no identificados. Si continuamos en la página de la empresa militar francesa veremos que el “Proyecto Bicentenario: Ciudad Segura” es un SMSC4i4, es decir un Sistema Multidisciplinario con Sensores, Comando, Control, Comunicación y Computación, Información, Inteligencia, Investigación e Integración. El centro neurálgico de dicho sistema, es el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Inteligencia, Integración, Información e Investigación (C4), el cual fue inaugurado en 2011 y cuenta con una superficie de más de 20 mil metros cuadrados. Dicho centro se encuentra emplazado en la calle Cecilio Robelo, casi esquina con Avenida Congreso de la Unión, en la Delegación Venustiano Carranza. Además de este centro, tanto Telmex como Thales se comprometieron ante el GDF a entregar cinco Centros de Comando y Control denominados C2. Dichos Centros fueron instalados en cinco zonas geográficas del Distrito Federal (sur, norte, oriente, centro y occidente) donde el GDF tuviera terreno disponible para construirlos.

La parte toral del Proyecto Ciudad Segura son las cámaras de videovigilancia que dependen del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, un organismo desconcentrado adscrito a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Desde 2009, han sido instalados 8,088 Sistemas Tecnológicos de Vigilancia (STA) que generalmente cuentan con altavoces y botón de pánico. A esta infraestructura le debemos sumar las poco más de 6,274 cámaras que operan en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) y que se incrementaron a raíz de la construcción de la Línea Dorada. Así mismo, están en operación 38 arcos con sensores de reconocimiento de placas, para cubrir 200 carriles y tratar de localizar vehículos robados. Durante los próximos cuatro años se tiene contemplada la instalación de 7 mil STA’s más y ya se están instalando arcos de seguridad equipados con rayos gamma para detectar vehículos robados, armas y personas secuestradas. En un principio se había anunciado también la instalación de sensores de arma de fuego, pero algunas fuentes consultadas para esta investigación han comentado que no se ha instalado ninguno y que es posible que no sean incluidos en el sistema.

Lo que no menciona el GDF ni las empresas que gestionan el proyecto, es que no hay evidencia para vincular la instalación de cámaras con el abatimiento de índices delictivos. Y más: de poco sirven las cámaras si no hay suficiente personal capacitado para monitorearlas y un cuerpo de policía y emergencias eficiente y profesional presto para atender las contingencias. Según ex trabajadores del C4 que fueron entrevistados y han pedido el anonimato, cada operador tiene entre 5 y 8 cámaras y es humanamente imposible que se de cuenta de todo lo que sucede. Mencionan que muchos operadores detectan incidentes por “chiripa” y otros se han acostumbrado a fijarse sólo en las cámaras ubicadas en hotspots donde suelen cometerse delitos. Afirman que aunque parezca una broma de mal gusto, varios trabajadores del C4 han sido asaltados en las inmediaciones del mismo.

Desde su implementación, tanto la administración de Marcelo Ebrard Casaubón como la de Miguel Ángel Mancera Espinosa han defendido el proyecto a capa y espada. Incluso, se han atrevido a establecer una correlación directa entre las bajas en los delitos de alto impacto y la instalación de STA’s. Eso fue exactamente lo que hizo el ex Secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, el 26 de mayo de 2014 al afirmar que en los últimos años los delitos habían decrecido un 40% por obra de a participación ciudadana, el trabajo operativo de los agentes y las cámaras de videovigilancia. Al respecto, un ex trabajador del C4 comentó lo siguiente:

“Tienen razón, la incidencia bajó pero no se puede decir que fue gracias a las cámaras, pues en ese mismo tiempo fue que se desarrolló el patrullaje por cuadrantes, que me parece que tiene más impacto porque se ven más los policías en la calle. De hecho, todos los análisis que se hicieron para medir el impacto de las cámaras fueron decepcionantes, pues no se encontró ninguna relación positiva, incluso en menos de 20 metros de las cámaras aumentaron los delitos. Lo que disminuyó fueron los delitos ocurridos a más de 100 metros de las cámaras, por eso no se publican esos resultados”.

Durante todos estos años, el discurso legitimador del GDF hace énfasis en el carácter modernizador de soluciones tecnológicas como la videovigilancia mientras obvia las causas estructurales de la inseguridad en una megalópolis como la Ciudad de México. A resumidas cuentas, se cumple lo que dice la investigadora catalana Gemma Galdón:

“No importa si reduce la delincuencia o mejora la sensación de seguridad: la videovigilancia parece imponerse porque es una solución inmediata, fácil de implementar, susceptible de levantar poca oposición y que ‘funciona’, por tanto, incluso cuando es inútil como herramienta de gestión de la inseguridad”.

VIDEOVIGILANCIA Y TELEVISIÓN: MATRIMONIO PERFECTO

El 21 de abril de 2015 el CAEPCCM publicó un video en su canal de Youtube titulado “Banda dedicada al Robo a Cuentahabiente con Violencia – Poniente”. En dicho video una voz femenina en off relata el proceso por medio del cual se logró atrapar a una banda que se dedicaba a cometer robos en la zona de Clavería. Se pueden escuchar dos bits de sonido de ciudadanos que acudieron al servicio de emergencias 066 para reportar el ilícito. Uno de ellos dice lo siguiente:

“Me acaban de asaltar, me acaban de robar 20,000 pesos… en Privada 20 de noviembre, detrás del Parque de La Rosita”.

También se explica que a partir de las denuncias se logró identificar a un taxi implicado en los delitos. Con las placas, color y modelo de dicho vehículo se generaron consignas de monitoreo en la zona de los incidentes. Así mismo, se asegura que, poco más de un mes después de la primera denuncia, las cámaras del C2 Poniente ubicaron al vehículo y crearon un “cerco virtual” para monitorear los movimientos de los tripulantes. Durante los siguientes segundos se pude apreciar como dos agentes en motocicleta interceptan a tres personas antes de entrar al vehículo. La misma voz en off nos aclara que a pesar de que los individuos no portaban armas se les remitió porque las bases de datos arrojaron que su vehículo tenía reporte de robo en Ixtapaluca. Finalmente, se afirma que los tres individuos tenían antecedentes penales por robo calificado en pandilla, robo calificado agravado y robo agravado por lo que fueron remitidos al Ministerio Público donde se abrió una carpeta de investigación con los nuevos delitos.

El video es tan convincente que la eficiencia con la que se investiga el ilícito y se atrapa a los criminales gracias a la tecnología de la videovigilancia pareciera sacada de alguna serie televisiva como NCIS. Es más, si por un momento a los chilangos se nos borrara la memoria y lo primero que viéramos sobre la actuación policial en el DF fuera alguno de los 50 videos alojados en el canal de Youtube de la CAEPCCM, seguramente nuestra confianza en las autoridades estaría por las nubes y nuestra percepción de inseguridad sería similar a la de ciudadanos noruegos o daneses.

Sin embargo, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2014 (ENVIPE), la confianza de los habitantes del Distrito Federal en autoridades como policía estatal, policía judicial y ministerios públicos está por debajo de la media nacional. Si se considera que la media nacional de percepción de desempeño para estas autoridades no sube del 50 por ciento, nos damos cuenta que los videos están mostrando casos muy específicos de éxito. La intención que hay detrás de ellos parece clara: se pretende que a través de videos se pueda demostrar la eficacia y la valía de la videovigilancia para la seguridad pública.

Al respecto, es interesante recordar lo que Clive Norris, investigador de la Universidad de Sheffield, escribió alguna vez respecto la relación entre televisión y videovigilancia: “están hechos el uno para el otro”. Lo que pretende decir es que suele haber una relación incestuosa entre la televisión —o  los videos— y las imágenes arrojadas por los sistemas de videovigilancia que ocasiona que la imagen, en verdad, valga más que mil palabras. Para Norris y Michael MacCahill puede haber algunos casos que, una vez que son transmitidos por los medios masivos de comunicación, sirvan para cristalizar el miedo y generar apoyos unánimes hacia la videovigilancia. Un ejemplo de lo anterior es el caso del secuestro, tortura y asesinato de James Bugler, niño de dos años, por parte de dos niños de diez años ocurrido en la pequeña comunidad de Bootle en Inglaterra en 1993. Dicho caso pudo ser resuelto por las imágenes del sistema de videovigilancia del centro comercial donde fue secuestrado el menor. El evento sirvió para que hubiera un boom público a favor de la videovigilancia y fueran instaladas miles de cámaras en los años siguientes.

A diferencia del Reino Unido, ningún caso emblemático ha sido resuelto gracias a la videovigilancia en México. No obstante, como podemos ver en los videos de Youtube que son replicados por diferentes medios de comunicación, el GDF pretende controlar los medios de producción simbólicos que le permitan imponer ciertas narrativas ante la sociedad. En un país donde, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de 95 por ciento de hogares cuenta con televisión, donde el mexicano promedio ve cuatro horas al día de televisión, cabría esperar que los niveles de aprobación sobre de este tipo de sistemas fueran altos. Desgraciadamente, aún no hay estudios sobre lo anterior y debemos conformarnos con resultados como los que se obtuvieron en el proyecto Urban Eye y que nos dicen que la videovigilancia es respaldada por la mayoría de la población europea (más del 50 por ciento). Es interesante que esa misma población que favorece la videovigilancia suele estar desinformada sobre las funciones y prácticas de la llamada Closed Circuit Television (CCTV). Para David Lyon, Director del Surveillance Studies Centre de la Universidad de Queens, el hecho que la televisión sea el referente público principal para evaluar videovigilancia explica, en parte, la razón por la cual existe poca oposición pública a este tipo de sistemas en las ciudades donde han sido instalados.

Esto puede deberse a que, según datos de la misma ENVIPE 2014, la preocupación numero uno de los capitalinos es la inseguridad pública. Otro punto a tomarse en cuenta es que la percepción de la videovigilancia en el imaginario colectivo suele ser positiva. Una muestra de lo anterior son las cámaras y sistemas de videovigilancia instalados tanto en espacios privados y semipúblicos. A diferencia de otros países, en México no hay normativa para regular el uso de sistemas de videovigilancia por particulares, por lo que es normal caminar por barrios comerciales o habitacionales y ver decenas de cámaras instaladas apuntando su lente hacia cualquier lugar. Las bondades del ojo electrónico se aprecian aunque no se sientan. Es una cuestión de percepción.

El GDF ha sido muy inteligente en alimentar esta percepción a través de los videos que filtra convenientemente a la prensa. Además de la falta de transparencia en casos de represión, los únicos atisbos de critica u oposición contra el proyecto surgieron ante la poca transparencia con la que se gestionó su implementación y su altísimo costo. Al respecto, uno de los ex funcionarios entrevistados cree que si bien es un costo muy alto para un sistema con muchas fallas, desde el GDF se suele argumentar que los 460 millones de dólares se justifican por si solos al haber ayudado a una mujer a dar a luz en vía pública o al capturar a una persona que portaba un arma de fuego. En resumen, argumentan que no se le puede poner precio a las vidas que se han salvado gracias al proyecto.

RUDY, ANDRÉS MANUEL Y CARLOS

El 15 de enero de 2003, Rudolph Giuliani llegó a la Ciudad de México con una escolta personal de más de 300 hombres y varios autos blindados, como si visitara Kabul o Bagdad en medio de la guerra. Como alto dignatario tuvo reuniones con políticos y hombres de negocios de alto nivel y prometió un informe con recomendaciones para contrarrestar la situación de inseguridad pública en la Ciudad de México. El informe constó de 146 recomendaciones, entre las que destacan el rescate de las zonas céntricas, disminuir la economía informal, la reubicación de indigentes y niños de la calle, la prohibición de la prostitución, el combate a la corrupción, la reorganización de la policía y el uso de nuevas tecnologías como la videovigilancia.

Su visita tuvo que esperar un año, pero aún así generó mucha expectación pues todavía estaba fresca su imagen de hidalgo liderando las labores de rescate en medio de los escombros después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Era claro que en el imaginario estadounidense era un héroe. De hecho, durante el servicio religioso que tuvo lugar en el estadio de los Yankees de Nueva York a 12 días de los atentados, Oprah Winfrey lo presentó como “El Alcalde de América”. Poco después la revista Time lo nombró como la persona del año.

Logró el sueño de todo funcionario público, acabar su mandato con una popularidad exorbitante. Estudios de opinión de la Universidad de Quinnipac realizados hacia el final de su período lo califican con un 80 por ciento de aprobación. El hombre que había vencido al cáncer de próstata era visto por los analistas políticos como el próximo gobernador de Nueva York, e incluso como el próximo presidente de los Estados Unidos. Pero sus ambiciones de poder lo llevaron por el camino de los negocios y en 2003 fundó la consultora en seguridad Giuliani Partners LLC. Como otros ex funcionarios públicos de la Administración Bush supo subirse a la ola securitaria en el punto más alto y aprovechar la bonanza de los contratos que brindó a diestra y siniestra el Departament of Homeland Security (DHS). Sin embargo, el ojo de halcón de Giuliani sabía que gran parte del mercado de la seguridad sería internacional. Investigaciones de The Nation sitúan sus negocios en Canadá, El Salvador, Honduras, Guatemala, Qatar y México.

Ahora la pregunta es: ¿quién lo invitó a México? Dado su historial político conservador y sus amistades con gobernantes de regímenes poco democráticos, uno podría adivinar que fue algún personaje oscuro de la política mexicana, incluso el recién electo Vicente Fox Quesada. Sin embargo, todo parece indicar que la idea vino del entorno del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Algunas hipótesis señalan que fue un intento del tabasqueño por quitarse de encima la inmensa sombra de su antecesor, el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y de paso pretender resolver la perenne y justificada demanda de seguridad pública de los habitantes de la Ciudad de México. El periodista Noah Friedsky cree que detrás del carro estuvo Carlos Slim, amigo personal de Giuliani y una de las personas que más aportó a la reconstrucción de Nueva York después del 11-S. Sin embargo, investigaciones académicas como la de Diane Davis han demostrado que López Obrador y Slim probablemente actuaron de común acuerdo en espera de un común beneficio.

Según Friedsky, Slim fue quien pasó el cepillo entre los empresarios capitalinos para pagar los honorarios de 4.3 millones de dólares que fueron abonados para que el ex alcalde y su equipo hicieran un diagnóstico sobre cómo mejorar la seguridad pública en la Ciudad de la Esperanza. Además de su gestión de los atentados, Giuliani ya era famoso por su política de “tolerancia cero”, que no es más que una interpretación de la teoría criminológica de las “ventanas rotas”. Dicha teoría afirma que los delitos son más comunes en zonas descuidadas, abandonadas y sucias. Por esta razón, la policía debe perseguir las conductas incívicas como la venta ambulante, el grafiteo, la prostitución o beber alcohol en la calle, antes que se conviertan en delitos más graves.

Dicha política fue impulsada por Giuliani en Nueva York en 1994 y por un momento pareció la varita mágica de Harry Potter ya que en tan sólo dos años  los principales índices delictivos se vieron reducidos un 40 por ciento. Pero como todo truco de magia, los verdaderos efectos de la política de “tolerancia cero” fueron descubiertos. Académicos y defensores de derechos humanos han demostrado que la principal consecuencia de este enfoque fue el aumento exponencial de los abusos policiales. Un segundo subproducto es que el llamado School to prison pipeline o “camino de la escuela a la prisión” se hizo más corto pues se empezó a criminalizar a muchos menores de edad –sobre todo negros y latinos– por conductas incívicas que los fueron acercando a la cárcel. Para la Asociación Americana para las Libertades Civiles (ACLU) esta política ha colaborado con el vertiginoso aumento de la población carcelaria en los Estados Unidos.

Para el académico canadiense LoÏc Wacquant otro subproducto de la política “cero tolerancia” es que suele beneficiar el desarrollo inmobiliario de los barrios en los que es implementada. A primera vista no parece un efecto negativo, pero hay que tener en consideración que este desarrollo puede degenerar en gentrificación. Es decir, en una imposición no pactada con los habitantes de los barrios cuyo objetivo es cambiar la estructura socioespacial de los mismos. Esto normalmente conlleva al encarecimiento de bienes y servicios, así como de los precios de la vivienda, por lo que puede tener un efecto segregacionista e incluso de limpieza social.

Desde un principio, el botín principal parecía ser el Centro Histórico. Por eso no es casualidad que, aún antes del inicio del Proyecto Ciudad Segura, las primeras cámaras de videovigilancia hayan sido instaladas en el centro y no en las zonas con más altos índices delictivos. Así mismo, tampoco es trivial que en las mismas fechas Carlos Slim haya creado la compañía Centro Histórico de la Ciudad de México S.A. de C.V. para la compra, venta y remodelación de inmuebles en el primer cuadro de la ciudad. Este par de “casualidades” son una muestra de que la política es la continuación de los negocios por otra vía y que no tiene nada de extraña la alianza entre un gobernante de “izquierda”, un magnate multimillonario en busca de más negocios y un hombre que supo aprovechar su súbita fama y la preocupación mundial por la seguridad. El Proyecto Ciudad Segura debe entenderse bajo está lógica.

EL ENDEBLE ANDAMIO LEGAL

El 28 de octubre de 2008 fue publicada la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para Seguridad Pública (LRUTSP-DF). La discusión de la ley pasó desapercibida por medios y organizaciones civiles y fue aprobada por la mayoría parlamentaria del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Dicha ley pretende ser la base para el correcto funcionamiento del “Proyecto Bicentenario: Ciudad Segura” pues tiene como objetivo:

“Regular la colocación, ubicación, y operación de equipos y sistemas tecnológicos, así como la utilización y análisis de la información obtenida mediante estos instrumentos con la finalidad de  la seguridad pública y la justicia”.

Sobre la instalación de los “equipos y sistemas tecnológicos” vale la pena destacar que, según la LRUTSP-DF, estos pueden instalarse en espacio público o en bienes propiedad del Distrito Federal y que se permite que sean instalados en espacios privados, siempre y cuando exista la autorización del propietario. Así mismo, la ley faculta a particulares conectar sus equipos a la red para atender eventos con reacción inmediata. Se ignora cuantos particulares han pedido conectar sus sistemas de videovigilancia a la red y en qué condiciones lo han hecho. Sobre este punto, Agustín Millán Gómez, ex comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, advierte que:

“Falta regulación detallada respecto a las modalidades para la integración de una gran red de sistemas de información con la participación de particulares, permisionarios de servicios privados de seguridad pública, e instituciones similares de la federación, y particularmente otras entidades federativas y municipios colindantes al Distrito Federal”.

En la ley también viene explicado el uso y tratamiento que se le puede dar a la información recabada con dicho sistema. Según el Artículo 15, la información captada puede ser utilizada en: prevención, investigación y persecución del delito, de infracciones administrativas y para servir como evidencia en juicios de cualquier tipo donde se admitan.

Es importante notar que la información proveniente de los equipos y sistemas tecnológicos sólo puede ser pedida por el Ministerio Público o alguna autoridad judicial, nunca por particulares. Lo único que pueden hacer los ciudadanos es pedir a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) que resguarde algún video mientras levanta una denuncia ante la autoridad judicial pertinente y esta pide la información correspondiente. Aún así, nada garantiza que la información sea entregada. Esto porque la SSPDF puede restringir el acceso a la información si está reservada por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, si se obtiene al interior de un domicilio, atenta contra la vida privada de las personas, interfiere en el combate y prevención de la delincuencia o tiene la capacidad de ser usada para amenazar la seguridad pública del DF. Es decir, bajo estas premisas tan vagas y específicas prácticamente cualquier información puede ser denegada.
Además de estas imprecisiones, el  principal problema de la LRUTSP-DF es que no tiene parte reglamentaria. A pesar de que el artículo tercero transitorio establece la obligación del titular del Ejecutivo local de expedir su reglamento en un plazo no mayor de 90 días naturales, la ley ha operado sin reglamento por casi siete años. Una ex funcionaria de la SSPDF entrevistada para este artículo cree que:

“Es muy importante lo que dicen de la Ley, pues ahí te dice todo lo que ‘debe hacerse’ pero nunca se hizo el Reglamento correspondiente para saber ‘cómo hacerlo’. Es una falta muy importante que hasta el momento no ha hecho el Gobierno y que deja muchas incógnitas”.

El aspecto más preocupante que debería ser resuelto con la publicación del reglamento son los derechos que los ciudadanos pueden ejercer ante las autoridades pertinentes. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) deberían ser contenidos en la Ley o su parte reglamentaria y están ausentes. Estos son derechos que antes parecían no tener relevancia, pero hoy se han vuelto indispensables debido al uso de las nuevas tecnologías en la vigilancia de espacios públicos y privados.

Por ejemplo, ciudades como Barcelona —que estuvo entre las ciudades investigadas por el GDF para la articulación del sistema de videovigilancia— contiene desde 1999 en el articulo 5 de su Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, un apartado donde contempla la posibilidad de ejercer dichos derechos con algunas excepciones como son:

“Los peligros que pudieran derivarse para la defensa del Estado o la seguridad pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando”.

Aunque este tipo de derechos no están contemplados en la LRUTSP-DF y su ausente parte reglamentaria, sí están incluidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), que advierte que las personas físicas y morales (profesionista, PYME, REPECO, prestador de servicios, etc.) están obligadas a generar un Aviso de Privacidad que informe a  los ciudadanos la forma de hacer efectivos sus derechos ARCO. A pesar de lo anterior, el artículo cuarto de la misma ley establece que:

“Los principios y derechos previstos en esta ley, tendrán como límite en cuanto a su observancia y ejercicio, la protección de la seguridad nacional, el orden, la seguridad y la salud públicos, así como los derechos de terceros”.

Vale la pena resaltar esta disposición porque imposibilita a los ciudadanos a ejercer sus derechos ARCO ante personas físicas y/o morales, es decir ante comercios, bancos, empresas de seguridad privada u otras que usen este tipo de tecnología. Con la excusa de la seguridad nacional, la seguridad, el orden y la salud pública, una empresa de seguridad privada como Securitas o una de telecomunicaciones como Movistar pueden denegar derechos como el de la honorabilidad, la intimidad o el derecho a la propia imagen, que si bien no están incluidos en la Constitución podemos encontrarlos en legislaciones locales como la Ley de Responsabilidad Civil Para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.

400 HORAS DE VIDEO Y ENSEÑAN 10 SEGUNDOS

Eran las diez de la mañana del domingo 26 de mayo del 2013. Cientos de atletas acababan de correr la Carrera Bonafont en un circuito de 5 kilómetros entre la Diana Cazadora y el Auditorio Nacional sobre Paseo de la Reforma. En otro segmento de la avenida más emblemática del país, entre Lieja e Insurgentes, estaba instalada la Feria de las Culturas Amigas que empezaba a recibir los primeros de miles de visitantes. A la misma hora, a tan sólo una cuadra de Reforma, por lo menos 12 jóvenes eran desaparecidos sin dejar rastro alguno.

Según vecinos de la zona, el Bar Heaven, donde fueron desaparecidos los muchachos, operaba de día como marisquería y de madrugada como after hour.  La salida del bar, ubicado en la calle de Lancaster 26, estaba visible para dos cámaras del “Proyecto Bicentenario: Ciudad Segura” y para otras siete cámaras privadas. Según las autoridades, el bar contaba con dos cámaras que después de revisarlas probaron estar descompuestas.

Eugenia Ponce, tía de Jerzy Ortiz, dice que después de que desaparecieron los muchachos, varios familiares fueron a hacer labor de campo y contaron las cámaras de videovigilancia que estaban en la zona. En el caso de las cámaras del GDF, anotaron la ubicación y el número de ID para entregarlo a las autoridades. Comenta que le hicieron llegar la información a varios funcionarios públicos, entre ellos Raúl Peralta, Jefe de Policía de Investigación; Rodolfo Ríos, Procurador General del DF, y Guillermo Terán, Fiscal antisecuestros.

Como marca la ley, los videos fueron pedidos a la SSPDF por el Ministerio Público para ser usados en al investigación. Sin embargo, como no hay un reglamento que establezca fechas máximas de entrega, los videos tardaron en ser entregados más de un mes. Durante ese largo período de espera, las autoridades se atrevieron a insinuar que no había ocurrido ningún secuestro porque las cámaras de la zona no habían captado nada. En declaraciones que se filtraron a prensa aseguraron que habían revisado las cámaras del C4 de las 12 am a las 12 pm y no había evidencia para afirmar que los muchachos hubieran estado en el bar. Así mismo, a los familiares les dijeron que las cámaras estaban descompuestas y que por eso no habían registrado nada.

Justo cuando la presión social empezaba a escalar, las autoridades avisaron a los familiares que tenían un video que situaba a los 12 jóvenes en el bar. Sin embargo, el video no era del Proyecto Ciudad Segura, sino del edificio frente al bar. En el se puede ver el movimiento de varios hombres que entran y salen de varios coches y montan una especie de operativo de vigilancia. También se puede ver una patrulla que pasa por la zona. Familiares de Jerzy Ortiz refieren que les mostraron un video de 10 ó 20 segundos con las caras de los presuntos responsables tapadas, donde sólo se podía ver cómo entre 5 personas obligaban a subir a uno de los jóvenes a una camioneta. Por su complexión y la ropa que traía puesta, la mamá de este joven pudo reconocerlo.

Reclamaron que les enseñaran el video sin censura, pero las autoridades argumentaron motivos de privacidad. Seguro se referían a la misma privacidad que no respetan cuando filtran otro tipo de videos a la prensa para promocionar las bondades de la videovigilancia. Cuando preguntaron por qué sólo les enseñaban unos segundos de la grabación, las autoridades les respondieron que habían resumido lo más importante pues eran más de 400 horas de grabación. De manera insolente dijeron a los familiares que si se querían revisarlas que fueran a la fiscalía o al C4 para “aplastarse” a verlas todas. Meses después de este desplante, algunos familiares acudieron a revisar el video pero se encontraron con que, supuestamente, había sido robado.

Para los familiares de los 12 jóvenes desaparecidos, el video que les mostró la autoridad está editado y omite información importante que pudo haber ayudado a dar con el paradero de los muchachos y a establecer responsabilidades del crimen. No creen que sea un descuido o una falla técnica, más bien un ejercicio de mentira planeado para apuntalar la teoría de la desaparición como una venganza entre bandas de narcomenudistas. Es posible, también, que las autoridades se dieran cuenta de la magnitud del crimen y quisieran ocultar información para no asustar a la población. Familiares apoyan esta hipótesis y creen que mucha más gente —incluso policías— participaron en la desaparición, no solo de los muchachos sino de más personas que estaban en el bar en esa aciaga mañana.

SIEMPRE HE CREÍDO QUE NO SIRVEN

Gabriela Rivera es una experta reportera que lleva cubriendo las movilizaciones magisteriales desde 2013. Le tocó cubrir la  marcha del 1 de diciembre de 2012 (#1DMx) para el Diario 24 Horas y vio como los llamados “anarquistas” aventaban bombas molotov y los granaderos respondían golpeando, persiguiendo y encapsulando a los manifestantes que corrían despavoridos ante ambas formas de violencia. Comenta que siempre que cubre una marcha porta un gafete que la identifique como prensa, informa a sus compañeros su ubicación y tiene un grupo de Whatsapp para cualquier cosa que pueda pasar.

El 5 de enero de 2014 fue a cubrir el operativo de la SSPDF para desalojar a los maestros de la sección 22 del CNTE de las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Cuando llegó a hacer la cobertura los granaderos ya habían entrado al campamento y los maestros se habían replegado hacia Avenida Insurgentes. Junto con otros fotógrafos entró a la zona donde las carpas habían sido retiradas y tomó algunas fotos, sin embargo se encontró con un grupo de granaderos que la empezó a increpar por estar ahí. Ella se identificó como prensa y les explicó que estaba haciendo su trabajo. No obstante, como se ha hecho costumbre en la Ciudad de México, la empezaron a jalonear y la intentaron sacar de la zona que acababa de ser acordonada. Gabriela cuenta que la despojaron de su celular y que mientras intentaban sacarla de la zona cayó al suelo fracturándose el codo. Sin inmutarse de la lesión que acababan de infligir a Gabriela, los granaderos la arrastraron fuera del cordón y la dejaron tirada en la calle. Afortunadamente, del arrastre hay una foto tomada por dos personas que presenciaron el acto de brutalidad policial y que luego mandaron a Gabriela.

Tener la foto como medio de prueba y la solidaridad de sus  colegas animaron a Gabriela a denunciar la agresión. En su proceso recibió la ayuda de los valientes abogados de Propuesta Cívica. Como primera medida, el abogado y activista Jesús Robles Maloof pidió a la SSDF el resguardo de los videos y luego instruyó al Ministerio Publico para que los solicitara formalmente como evidencia. Como en el caso del Heaven, el video tardó en llegar un mes y fue entregado en un CD con dos horas de grabación de las 18:30 a las 20:30 del 5 de enero. En los primeros 48 minutos se puede apreciar el repliegue de los maestros y la entrada de los granaderos al campamento. Pero al llegar a las 19:18 el video, sospechosamente, se congela mientras el reloj sigue corriendo hasta las 20:15. El momento de la agresión se pierde.

Se pidió a la SSPDF que volviera a mandar el video y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que realizara un peritaje para ver si el video no estaba alterado. El peritaje no se hizo y la SSPDF volvió a mandar el mismo video. En julio de 2014, ante la presión de Propuesta Cívica, enviaron otro video pero la imagen en vez de congelarse se torna borrosa y hace imposible distinguir a los policías que atacaron a la reportera. Cuando volvieron a pedir el peritaje del video, las autoridades respondieron que era imposible porque el video había sido borrado y sólo quedaban las copias.

Al respecto, Jesús Robles Maloof, uno de los críticos más férreos del Proyecto Ciudad Segura, comentó lo siguiente:

“Mientras Gabriela hablaba con la Ministerio Público caí en cuenta que el autoritarismo recurre a un sistema de incentivos mucho más eficaz que las órdenes directas. Garantiza a la brutalidad policiaca una impunidad cercana al 100 por ciento y muestra que quienes perseveran en la violencia, con los años podrán competir por los más altos mandos en la corporación”.

Paradójicamente la única prueba que existe sobre la agresión a Gabriela es la fotografía tomada por las personas que presenciaron la escena. Con esa foto Gabriela pudo poner la denuncia ante Fiscalía Central de Investigación contra Servidores Públicos y luego ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE). Así mismo, sirvió para que la admitieran en el Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas, al cual no la habían aceptado en un primer momento.

Desde que se anunció el mega proyecto de tapizar el Distrito Federal de cámaras, Gabriela no creyó que sirviera para nada. Sin embargo, cuando los policías la agredieron confió en que las cámaras pudieran brindar la evidencia del abuso y éste pudiera ser castigado. Conforme fue avanzando su proceso y al ver que la SSPDF ignoraba sus peticiones y les daba los videos en mal estado, se confirmó su corazonada de que la videovigilancia era un gasto oneroso e inútil. Cuando sucedía algo realmente importante y eran necesaria evidencia, los videos desaparecían por arte de magia o eran editados, perpetuando la impunidad.