Brasilia, 4 ago (EFE).- El ex Ministro José Dirceu ingresó hoy en un centro de detención de la ciudad de Curitiba, al que fue llevado desde Brasilia para responder por su presunta responsabilidad en la las corruptelas detectadas en la estatal brasileña Petrobras.
Dirceu, un importante dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen la actual Presidenta, Dilma Rousseff, y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, es acusado de haber obtenido beneficios personales de la red de corrupción que operó al menos durante la última década en la petrolera.
El ex Ministro ya cumplía una condena a 11 años y 10 meses, que le fue impuesta por su responsabilidad en un sonado escándalo de sobornos parlamentarios denunciado en 2005, durante el primero de los dos mandatos de Lula, de quien fue siempre un fiel escudero.
Dirceu, de 69 años, ya había pasado 12 meses en prisión, pero a fin del año pasado obtuvo el beneficio de casa por cárcel y cumplía la pena en su residencia de Brasilia.
Fue trasladado a Curitiba debido a que en esa ciudad del sur del país está radicada la investigación del caso Petrobras, a cargo de la Policía Federal y el Ministerio Público.
El Juez Sergio Moro, a cargo de la investigación en Petrobras, consideró que el ex Ministro no podía mantener ese beneficio (prisión domiciliar), no sólo porque la investigación apunta a que también está implicado en ese asunto, sino porque se sospecha que recibía comisiones ilegales de la red de corrupción en la petrolera aún estando bajo arresto.
Según la Fiscalía, parte del dinero desviado de la petrolera le era entregado a Dirceu a través de la firma de consultoría jurídica JD, de su propiedad, que era “contratada” para operaciones “de fachada” por empresas privadas implicadas en el caso Petrobras.
La Policía sostiene que esas empresas obtenían con la petrolera contratos amañados, inflaban sus valores y repartían las diferencias con ex directores de Petrobras y políticos que amparaban esas maniobras.
La propia Petrobras ha calculado que, entre 2004 y 2014, esa red se apropió ilegalmente de unos 2 mil millones de dólares, y así lo ha reflejado en los balances presentados a sus accionistas.
Por ese escándalo se investiga a una veintena de grandes empresas y a medio centenar de políticos, en su mayoría de la base que apoya a Rousseff y entre quienes figuran los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros.
