Ciudad de Guatemala, 4 ago (dpa) – A sólo un mes de las elecciones generales, la incertidumbre aumentó en Guatemala después de que el lunes la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolviese dar trámite a denuncias penales contra algunos candidatos y diputados y ordenase su investigación, apuntaron hoy varios analistas.
“Esto incrementa la incertidumbre, sobre todo si el proceso (judicial) camina lento. El informe de los jueces nombrados para la investigación puede durar días o semanas”, dijo a la dpa Renzo Rosal, analista independiente.
Cuatro de los cinco señalados son diputados y candidatos por el partido Líder (Libertad Democrática Renovada), de derecha, favorito en las encuestas para ganar en los comicios del 6 de septiembre.
Dos de los tres diputados de Líder y el candidato vicepresidencial del mismo partido, Edgar Barquín, fueron denunciados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por un caso de tráfico de influencias, asociación ilícita y lavado de dinero. El tercer diputado de Líder fue denunciado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La semana pasada la CSJ dio trámite a la solicitud de investigación de otros tres diputados de esa misma agrupación que planteó la Cicig por presunta corrupción (tráfico de influencias y abuso de autoridad). Los seis diputados participan en el actual proceso en busca de su reelección.
De acuerdo con la legislación guatemalteca, tanto diputados como funcionarios de alto rango gozan de inmunidad y derecho de antejuicio. Este último es el trámite legal que debe aprobar la CSJ para que un funcionario que goza de inmunidad pueda ser investigado y eventualmente sancionado. La Ley Electoral y de Partidos Políticos también otorga estos privilegios a los candidatos inscritos para un proceso electoral.
Manuel Baldizón, el candidato presidencial de Líder, denunció la semana pasada ante la OEA, congresistas estadounidenses y en la cadena CNN en Español que el jefe de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez, busca “bloquear” los comicios del 6 de septiembre para evitar que el propio Baldizón pueda alcanzar el poder.
Luis Linares, analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asies), no duda de que la imagen del partido Líder se verá deteriorado por la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
“Sale afectado su binomio presidencial (Baldizón-Barquín), porque entraría (a la votación) con un vice con un proceso penal en desarrollo por una causa seria, de tráfico de influencias”, comentó.
Según el analista, “eso deslegitima” al binomio y, además, “con la eventualidad de que el vice (Barquín) entre en un proceso orientado a separarlo del cargo”, si se comprueban las acusaciones en su contra.
“Estamos a cuatro semanas de las elecciones y es difícil que de aquí a un mes (los acusados) puedan quedar ligados a proceso, se les separe de los cargos y se cancelen las candidaturas; pero el impacto será en cuanto a las posibilidad (de triunfo electoral) de Líder”, indicó Linares.
Barquín, ex presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria entre 2010 y 2014, ha negado los señalamientos de la Cicig e incluso hace dos semanas organizó una vigilia de oración frente a la CSJ para pedir a los jueces que no se dejasen influenciar, además de denunciar la “politización de la justicia”.
Friedel de León, vocero del partido Líder, rechazó la responsabilidad del partido, pues aseguró que se les señala por supuestos hechos cometidos “de manera individual”, por lo que el colectivo esperará que resuelvan su situación jurídica.
Rosal no compartió el argumento esgrimido por De León. “Quieren hacernos creer que estos casos corresponden a candidatos disfuncionales. Que fue él quien cometió el delito, por lo separado, a lo individual, pero lo que queda en evidencia es la lógica que impera en los partidos políticos: la corrupción y las mafias. Por lo tanto, no son una disfuncionalidad. Es lo común en los partidos políticos. Querer esconderlo es un absurdo”, dijo el analista.
La CSJ también dio trámite a la solicitud de investigación contra el candidato presidencial Roberto González, de una coalición de derecha, por supuesto tráfico de influencias para defender a un sobrino suyo acusado de agresión sexual.
Desde abril la Cicig desarticuló varias organizaciones criminales y agitó la situación política del país con acusaciones por casos de corrupción, uno de los cuales derivó en la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti el pasado 8 de mayo.
Desde entonces, la situación política del país se mantiene tensa y el proceso electoral se desarrolla en un clima de incertidumbre, pues los guatemaltecos han realizado masivas manifestaciones en la capital exigiendo el cese de la corrupción y rechazando a la clase política.
