00Por Karla Meza*

Durante los últimos días de julio, diferentes medios de comunicación y redes sociales hicieron difusión de una desgarradora noticia, tres niños migrantes habían fallecido ahogados intentando cruzar la frontera entre México y Guatemala cuando la lancha en la que se transportaban naufragó.

Las diferentes notas retomaron declaraciones hechas por los padres, gracias a las cuales se ha identificado que eran originarios de Honduras y El Salvador, Jennifer de 11 años, Carlos Daniel de 7 años y Erik de 5 años.

Asimismo, se sabe que los tres padres de los niños han sido repatriados a sus lugares de origen, sin embargo lo han tenido que hacer aún sin los cuerpos de sus hijos, pues este trámite es más tardado, aproximadamente 20 días, es lo que les dijeron autoridades mexicanas.

Sin lugar a dudas esta noticia es una muestra de la cruda realidad a la que se enfrentan miles de personas migrantes, principalmente de origen centroamericano, que cada año salen de sus países de origen buscando, en su gran mayoría, llegar a Estados Unidos transitando a través de nuestro país. Es una muestra más de que la falta de condiciones de vida digna, la violencia, pobreza y marginación en las que viven en sus países de origen, son las causantes principales de que estas personas se vean forzadas a migrar, pero también, de que las políticas de criminalización y restricción de los flujos migratorios que países como México han implementado obligan a que las personas migren sin condiciones de seguridad y haciendo uso de los “servicios” de traficantes.

Los casos de Jennifer, Carlos Daniel y Erik así como de sus padres, se unen a los más de 55 mil eventos, según cifras oficiales, de niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados que han sido interceptados y detenidos por el Instituto Nacional de Migración durante 2015 y el primer semestre de 2016, según la Unidad de Política Migratoria, en su boletín Estadístico de esos años.

Nada de lo que haga México y Honduras les devolverá la vida a Jennifer, Carlos Daniel y Erik, pero es un hecho, que por lo que toca a nuestro país, estos casos nos recuerdan que a pesar de que el pasado 4 de diciembre de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la cual se crea el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el Sistema de Protección Especial para la restitución de derechos de aquellas niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad, en la práctica queda mucho por hacer.

En primer lugar, es un llamado de atención para nuestros legisladores sobre la imperante necesidad de que la Ley de Migración (LM) sea armonizada por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), y no al revés, pues a la fecha, entre muchos otros puntos, la Ley de Migración sigue estableciendo en su artículo 112 que el Instituto Nacional de Migración sea quien lleve a cabo la determinación del Interés Superior del Niño (DIS), cuando la Ley General ya establece que el DIS tiene que ser realizado por el Sistema Nacional de Protección a la Infancia.

Además, la LM solo contempla que la DIS se haga en casos de niñas, niños y adolescentes no acompañados, excluyendo así a otros grupos de infancia migrante, como podrían haber sido los casos de Jennifer, Carlos Daniel y Erik, quienes viajaban con sus padres y quienes además, al menos en el último caso, su padre declaró en algunos medios de comunicación que tenía miedo de regresar a su país, pues lo habían amenazado de muerte y quien por lo tanto, tenía posibilidad de solicitar asilo en México.

Asimismo, es un llamado a que las y los diputados contemplen en el presupuesto de egresos para 2017, asignar recursos presupuestarios para el buen funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y que éste pueda llevar a cabo todas sus facultades y funciones y de esa manera garantizar que las niñas, niños y adolescentes migrantes gocen plenamente de sus derechos.

Realizar estas dos acciones sería una muestra real de que México reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, particularmente del derecho a la igualdad sustantiva, que significa que todos los menores de edad gozarán del mismo trato, derechos y oportunidades, así como de qué quiere fortalecer su estructura institucional para hacer efectivos los derechos de la infancia, tal como se expresó en el espíritu de la Ley. Pero sobre todo, será una evidencia clara de nuestro país de su compromiso por que no existan más casos como el de Jennifer, Carlos Daniel y Erik.

*Karla Meza es Sub coordinadora de Vinculación de Sin Fronteras IAP

@Sinfronteras_1

Redacción/SinEmbargo

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