Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo/ZonaFranca).- A un año de la agresión a la periodista y corresponsal del diario El Heraldo de León, Karla Silva, el proceso de impartición de justicia, evidenció la ausencia de una ley de protección a los periodistas, pues a la fecha tres de los autores materiales del ataque han sido liberados, otro más podría salir pronto de prisión, mientras los intelectuales siguen sin ser detenido ni juzgados.
Este día, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación realizaron una manifestación a las puertas de las oficinas centrales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJEG), instancia que tiene pendiente la localización y presentación de uno de los autores intelectuales del crimen, el ex Director de Seguridad Publica de Silao, Nicasio Aguirre.
En tanto, continúa pendiente la declaración oficial del Alcalde de ese municipio, Enrique Benjamín Solís Arzola. Quien fue señalado por uno de los ejecutores de la agresión, como la autoridad que dio la orden de agredir a la reportera Karla Silva.
Sin embargo, el Subprocurador de Investigación Especializada de la Procuraduría de Justicia del Estado, Manuel Ángel Hernández Hernández, manifestó que sería después del 10 de octubre cuando se cite al presidente municipal de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola para que declare sobre el caso.
Aunque desde que se suscitó la agresión a la periodista se pidió la declaración del Alcalde de Silao, éste pudo evadir presentarse ante las autoridades ministeriales por el fuero del que todavía goza pero terminará el próximo 10 de octubre, al concluir la administración municipal.
En entrevista con Manuel Ángel Hernández comentó que la declaración de uno de los autores materiales de la agresión no es suficiente para inculpar a Solís Arzola de los hechos, pues no existen las pruebas suficientes, aunque consideró que “sería conveniente” que se presentara a rendir su declaración.
“La reportera Karla Janeth Silva Guerrero y su compañera Adriana Palacios fueron agredidas y amenazadas por hombres enviados por funcionarios públicos del gobierno municipal de Silao, los cuales no han sido detenidos y, en algún caso, siquiera consignados”, dice la consigna de los convocantes a la manifestación.
La consigna, fue entregarle al Procurador, Caros Zamarripa Aguirre, una carta en la que, en términos respetuosos pero puntuales, se le exhortará a multiplicar esfuerzos para que esos autores intelectuales sean detenidos y reciban castigo, “en justicia y también como una forma de garantizar en lo posible que dichas agresiones no se repitan en el estado”.
Los cuatro detenidos fueron vinculados a proceso penal bajo la causa 1P3714-132; todos acusados por los delitos de robo, amenazas y lesiones. El caso ha sido tratado como cualquier otro debido a que en Guanajuato no están tipificados los delitos en contra de la libertad de expresión.
Pasaron poco más de cuatro meses para que tres de ellos fueran puestos en libertad.
Luis Gerardo Hernández Valdenegro solicitó ser juzgado a través de un procedimiento abreviado; con éste aceptó su culpabilidad. Inicialmente, las lesiones de las que fue objeto Karla Silva fueron calificadas como graves; habrían puesto en peligro la vida de la periodista.
Sin embargo, la Fiscalía –encabezada por la agente del Ministerio Público, Yolanda Ramírez Domínguez – solicitó que la gravedad del delito se aminorara; esto porque un segundo peritaje médico evidenció que las heridas no arriesgaron a la reportera y sólo dejarán una cicatriz “permanente y notoria”.
Con ello, la condena de Hernández Valdenegro se redujo y –sin importar que contaba con antecedentes penales- el 23 de enero de 2015 alcanzó la libertad después de pagar una multa de 1 mil 466 pesos.
Además, el culpable confeso entregó un pagaré a las ofendidas; con él se comprometía a dar 61 mil pesos a Karla y 50 mil a Adriana Elizabeth por concepto de reparación del daño.
Se desconoce si el dinero llegó a manos de ambas.
Trascendió que la libertad de Luis Gerardo tuvo lugar gracias a un acuerdo entre la PGJEG y el agresor, quien de inmediato se convirtió en testigo del caso.
Karla Silva aseguró que estaba conforme con los resultados y se dijo satisfecha porque el responsable aceptó su responsabilidad.
No diría lo mismo el día 30 de abril, cuando un juez determinó liberar también a Joaquín Oswaldo y José Samuel, quienes guiados por el ejemplo de su cómplice solicitaron el procedimiento abreviado.
En aquel momento, la Fiscal intentó mantener a los responsables en prisión al contradecir sus propios argumentos y señalar que la reportera pudo haber perdido la vida debido a los golpes que recibió.
Esto no fue aceptado por el juzgador y les permitió abandonar el Centro de Readaptación Social (Cereso).
Inicialmente se les impuso el pago de 2 mil 550 pesos de fianza y la prestación de trabajo comunitario.
En esta ocasión, Karla Silva se inconformó.
A partir de ello, en junio un magistrado resolvió que ambos volvieran a prisión de manera parcial.
Desde entonces Ornelas Martínez y Valero Garnica han regresado a la cárcel, durante los fines de semana, y así continuarán haciéndolo durante los próximos cuatro años siete meses.
Ellos no debieron pagar por la reparación del daño; ésta se supuso cubierta por Luis Gerardo.
EL ÚNICO IMPLICADO PODRÍA SER ABSUELTO
Debido a un error de procedimiento cometido por la PGJEG, el único de los implicados que aún se encuentra preso, Jorge Alejandro Fonseca Durán, podría quedar en libertad.
El 4 de febrero su defensa acusó al Ministerio Público de violentar los derechos del ex servidor público al quebrantar la Ley del proceso penal para el estado de Guanajuato.
Esto, debido a que la dependencia estatal omitió informarles que la investigación respecto al caso había sido cerrada.
Asimismo, los abogados de Fonseca Durán aseguraron que el documento que da cuenta del cierre no obraba en la carpeta correspondiente.
El juez aceptó que la falta denunciada podría conducir a la extinción de la causa penal, y por tanto al sobreseimiento de la misma.
