En dos años, las compañías telefónicas que operan en México recibieron más de 140 mil solicitudes de datos de usuarios por parte de las autoridades, de las cuales, entregaron la información el 97 por ciento de las veces, aún cuando el 31 por ciento de los requerimientos provino de dependencias y gobiernos no identificados o sin facultades para ejercer vigilancia.

De acuerdo el informe “¿Quién no defiende tus datos?” de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Telcel y Telmex fueron las compañías que entregaron información en el 100 por ciento de las solicitudes recibidas (110 mil 214 y 6 mil 402, respectivamente), en tanto que Movistar otorgó los datos en 83.4 por ciento de las ocasiones; y AT&T, en 61.5 por ciento.

A pesar de la importancia de estos hallazgos, la Red denunció que el IFT decidió, de forma inexplicable, eliminar las obligaciones de transparencia en abril de este 2018, por lo que la sociedad no podrá seguir conociendo la manera en que las empresas de telecomunicaciones entregan datos de usuarios a las autoridades.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).– Entre 2016 y 2017 más de 100 dependencias y gobiernos estatales realizaron 145 mil 523 solicitudes de datos de usuarios a las empresas de telecomunicaciones, aún cuando el 31.5 por ciento de ellos no estaba facultado para ejercer vigilancia.

De acuerdo el informe “¿Quién no defiende tus datos?” de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), las compañías entregaron los datos en 94 por ciento de las veces, es decir, solamente rechazaron 1 de cada 20 solicitudes.

El informe encontró que Telcel y Telmex fueron las compañías que entregaron información en el 100 por ciento de las solicitudes recibidas (110 mil 214 y 6 mil 402, respectivamente), en tanto que Movistar otorgó los datos en 83.4 por ciento de las ocasiones; y AT&T, en 61.5 por ciento.

El 31 por ciento de las solicitudes recibidas por Telcel (y entregadas en su totalidad) fueron efectuadas por autoridades sin facultades o no identificadas.

De acuerdo con el informe, 35 autoridades que realizaron solicitudes entre 2016 y 2017 están facultadas para ejercer vigilancia. Entre ellas se encuentran el CISEN, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de Aguascalientes, la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur, las fiscalías de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Morelos, Puebla, entre otras dependencias.

Un total de 15 autoridades no facultadas para ejercer vigilancia realizaron solicitudes en el mismo periodo. Entre las dependencias que obtuvieron acceso a datos de usuarios se encuentran los institutos electorales de la Ciudad de México y de Oaxaca, los gobiernos del Estado de México y de Colima, las Secretarías de Marina, de Comunicaciones y Transportes, la Procuraduría Federal del Consumidor, entre otras.

En poco menos de un tercio de las solicitudes reportadas por empresas de telecomunicaciones dentro de los informes para los periodos del año 2016 y del año 2017 no es posible saber qué autoridad fue la que realizó la solicitud. Cuatro de los quince rubros de autoridades que realizaron más solicitudes lo ocupan autoridades indeterminadas.

En otras palabras, dice el informe, en un tercio de las solicitudes reportadas por empresas de telecomunicación no es posible conocer si se violó la privacidad de los usuarios, al otorgar información a autoridades no facultadas.

“Esta ambigüedad es otro factor que resta de manera importante efectividad a las obligaciones de transparencia estipuladas dentro de los lineamientos de colaboración en materia de seguridad y justicia”, consideró la Red en Defensa de los Derechos Digitales.

La información revelada por los informes semestrales para el periodo 2016- 2017 sugiere violaciones sistemáticas al derecho a la privacidad y la protección de datos personales por parte de empresas de telecomunicaciones, al otorgar acceso a datos personales de los usuarios a autoridades no facultadas en el ejercicio de la vigilancia, precisó el informe.

A pesar de la importancia de estos hallazgos, la Red en Defensa de los Derechos Digital denunció que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) decidió, de forma inexplicable, eliminar las obligaciones de transparencia en abril de 2018, por lo que la sociedad no podrá seguir conociendo la manera en que las empresas de telecomunicaciones entregan datos de usuarios a las autoridades.

“Esto representa un grave retroceso en materia de transparencia e impide que los importantes hallazgos derivados de los informes semestrales rendidos en 2016 y 2017 puedan replicarse. Asimismo, la modificación de los lineamientos reduce los incentivos para que las empresas de telecomunicaciones protejan la información de sus usuarios y elimina un valioso recurso para inhibir malas prácticas”, destacó el informe.

La Red en Defensa de los Derechos Digital hizo un llamado al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que restablezca las obligaciones de transparencia relacionadas con la colaboración de empresas de telecomunicaciones en materia de seguridad y justicia. Además, lanzaron un desafío a las principales empresas de telecomunicaciones del país (AT&T, Telcel y Telefónica) a comprometerse públicamente a seguir produciendo y publicando informes de transparencia sobre este rubro, independientemente de la ausencia del requerimiento legal.