El 5 de septiembre del 2002, la Regidora de Atizapán panista María de los Ángeles Tamez Pérez fue acribillada a tiros a unos pasos de su casa. Las investigaciones sobre el asesinato parecieron estancarse tras lo ocurrido aquella noche.

El padre de la chica de 28 años, Pedro Tamez, quien había sido candidato blanquiazul a la Presidencia Municipal alegó que su hija sabía sobre corrupción de malos manejos en la Alcaldía. Los señalamientos habrían desatado una cacería de brujas, sostienen hoy familiares de quienes fueron acusados por tal homicidio.

Alguien debía ser encarcelado. Y Daniel García, entonces trabajador del Ayuntamiento, fue apresado en febrero bajo severas inconsistencias. El caso pasó de ser un mero homicidio a una supuesta red de espionaje, de acuerdo con la Fiscalía estatal del Estado de México.

Quince años después, ninguno de los cargos fueron comprobados. Tanto la Organización de Naciones Unidas, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respaldan a García, quien lleva 15 años en prisión preventiva. Es decir, sin recibir sentencia alguna. Un caso único en el mundo.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– Aribel García recuerda el día que su papá dejó de llegar a la casa. Entonces tenía 13 años y su familia dependía del sustento que Daniel García aportaba al hogar de cinco personas. Pero un 25 de febrero del 2002 todo se trastocó cuando Daniel García entonces particular del Edil fue arraigado por la Fiscalía estatal.

“Ellos [el Gobierno estatal] quería encontrar un culpable. Fueron muchos meses de septiembre a octubre y hubo una cacería de brujas en el municipio”, dijo Aribel García.

El huracán político entorno al homicidio de la Regidora María de los Ángeles Támez, ocurrido el 5 de septiembre, decidió asentarse en Atizapán. Señalamientos hechos en contra del Edil Antonio Domínguez terminarían por extenderse, aun sin pruebas, a quienes trabajaban con él.

Daniel García no se escondió en aquellos meses del fin del 2001. Junto con otros funcionarios se ofreció a dar declaraciones a la Fiscalía, que en febrero decidiría detenerlo, junto a Domínguez, por ser el presunto autor intelectual del asesinato. Las acusaciones en su contra fueron construidas de forma exprés durante un periodo de arraigo de 45 días.

Este tipo de detención, de hasta 80 días, hoy es inconstitucional y era entonces exclusiva para casos del crimen organizado. Aquellos días en arraigo tuvieron secuelas psicológicas en García, expuso su hija.

Los malos tratos se hicieron presentes: telenoticieros puestos a todo volumen para que no pudiera dormir y constantes fotografías en donde se mostraba que espiababan a sus hijos fueron técnicas que buscaron quebrarlo.

Aribel tenía 13 años entonces y, en tanto otros niños se interesaban en las materias de la secundaria, ella supo que quería ser abogada. Con la ausencia de su padre, su madre enfrentó una crisis económica para mantener a tres niños y, a la vez pagar, los gastos que conllevó el caso jurídico.

Hoy, Aribel García, es abogada y ha analizado 60 mil fojas del caso de Daniel García. En ninguna existe una acusación por espionaje, tal como se deformó el caso al ser abordado por algunos medios de comunicación.

Muchos de los artículos, expuso, fueron una calca de los boletines de la Fiscalía de Alfonso Navarrete Prida, hoy titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Alrededor de 50 boletines fueron incluidos dentro de un informe de admisibilidad sobre el caso de Daniel García en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por el mismo caso, el otrora Edil Antonio Domínguez quedó libre tres años después. En tanto que la Fiscalía mexiquense señaló a Reyes Alpízar de ser el autor material del asesinato de la Regidora, junto a Jaime Martínez Franco. El primero aún guarda prisión, el segundo nunca fue capturado.

QUINCE AÑOS SIN PRUEBAS ACUSATORIAS

Reyes Alpízar trabajaba realizaban diversos trabajos artesanales. Dado que había cometido un delito años atrás, tenía que presentarse a firmar constantemente ante las autoridades. Cuando el 25 de febrero saliendo de la Procuraduría fue arrestado. Y posteriormente, llevado al penal de Neza Bordo.

Quince años después no hay acusación comprobada contra Daniel García ni Reyes Alpízar. Sin contar una sentencia los tres lustros en prisión lo han colocado como el posible ostentador de un record mundial por prisión preventiva.

El hombre arrestado a los 37 años hoy tiene 52. Y su caso ha empezado a ganar la atención del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que a través de su opinión 66/2017, ha pedido al Estado mexicano explicar el porqué de la prolongada estancia en prisión preventiva de García. Una que califica de “excepcional”.

El caso arrastra múltiples violaciones procesales.

“¿Te imaginas estar cinco años esperando por fin que haya una resolución de un Juzgado federal? Algo que nos pueda dar la razón y que la respuesta sea tan ilógica como que no era su firma. Entonces, son cinco años tirados a la basura. [En otra falla] para mandar un documento a un juzgado a otro, ambos están en Tlalnepantla tardaron ocho meses, cuando el lapso son tres días”, detalló la hija de Daniel García.

Los familiares consideraron que este pronunciamiento de la ONU no sólo aboga por la inmediata liberación, sino por el resarcimiento de la dignidad de las víctimas de esta prolongada detención.

Daniel García junto a Reyes Alpízar podrían ser visitados por un Grupo de trabajo de la ONU, pero es necesario el visto bueno del Estado mexicano. Sin embargo, dado el actuar de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto los familiares dudan de que las puertas sean abiertas al escrutinio internacional.

En el 2007 Daniel García decide escribir sobre su caso a la CIDH. A lo que le secunda una carta de la Juez Martha Salgado Román para abonar a las acusaciones de los imputados.

“La Juez manda una comunicación diciendo que mi papá y Reyes Alpízar estaban afuera de la casa de la regidora para matarla”, una incongruencia con las acusaciones que señalaban a García de autor intelectual. “Es muy grave, porque tú como Juez no puedes prejuzgar. Básicamente se está viendo su razonamiento y cómo va a ir dirigida la sentencia”, dijo Aribel.

Una vez la familia escribió para desmentir a la Jueza, la Cancillería de Claudia Ruíz Massieu defendió el uso de la prisión preventiva prolongada en México ante las preguntas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La Cancillería del Estado mexicano manda un documento donde dice que la prisión preventiva por tanto tiempo es imputable a nosotros, porque hemos interpuesto como 20 recursos de amparo y recursos de revisión”, una situación que contravendría el derecho de cualquier mexicano a defenderse por la vía legal.

Un año después, con ambas versiones sobre el escritorio, la CIDH procedió con un informe de admisibilidad sobre el caso de Daniel García. Esta documentación podría terminar en la Corte Interamericana. Ahora es decisión de los familiares hacer observaciones sobre el Informe o proponer una solución amistosa antes del próximo 27 de noviembre.