Cuando el Gobernador de Sinaloa habla de obras se enorgullece, las presume, refiere miles de kilómetros de construcción de carreteras y otras edificaciones, pero omite hablar de aquellos proyectos, unos más grandes que otros, pero que al final huelen a favoritismo con los constructores.
Gabriela Soto
Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo/Noroeste).- La obra pública es uno de los rubros de su administración que más presume el Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez.
Se siente orgulloso cuando expone los megaproyectos que hizo, pero también aquellas obras más austeras, como la construcción y rehabilitación de 2 mil 786 kilómetros de carreteras y vialidades.
En la víspera de su despedida, alardea que cumplió con el 87.26 por ciento de las metas establecidas en el rubro de Desarrollo Urbano del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.
En el Sexto Informe de Gobierno que envió al Congreso del Estado el 15 de noviembre, López Valdez presentó al gasoducto Sinaloa-Sonora-Chihuahua; la presa Santa María; la modernización de los puertos de Topolobampo y Mazatlán; la autopista Durango-Mazatlán; y el Centro Integralmente Planeado, Playa Espíritu en Teacapán, como las grandes obras de infraestructura que están detonando el desarrollo en la entidad.
“Las grandes obras de infraestructura que están detonando el desarrollo y mejorando la calidad de vida de la población en la entidad, como la construcción de la presa Santa María en el municipio de Rosario, que viene a incorporar a 2 mil 400 hectáreas de suelo a la agricultura de riego…
“La autopista Durango-Mazatlán ha incrementado la demanda de los servicios portuarios y turísticos del puerto de Mazatlán, el cual ocupa el sexto lugar nacional en destino de playa y sol”, destaca.
Lo que el Gobernador no reporta en su Informe es que algunos de los megaproyectos que impulsó están marcados por la corrupción: las licitaciones públicas señaladas de favorecer a empresarios peñistas como Olegario Vázquez Raña e Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari; y el empresario Mauricio Gastélum Hernández, en la sustitución de los hospitales de Contrato Público Privado en Culiacán y Mazatlán.
O la promoción del proyecto que elaboró uno de sus padrinos políticos, Francisco Labastida Ochoa, ex Gobernador priista y ex candidato a la Presidencia de la República en 2000, con la planta de amoniaco de Topolobampo.
Está también el Estadio de Béisbol de Culiacán que se construyó, principalmente, por la afición del Gobernador a este deporte, pero que hoy está opacada por el adeudo de más de 100 millones del Gobierno del Estado a los contratistas.
Estas son las historias detrás de obras que Malova omitió en el Sexto Informe de Gobierno.
GASODUCTO, ‘EL ROMPECABEZAS’ INCOMPLETO
El gran proyecto del malovismo quedó incompleto.
“Durante mi Gobierno, Sinaloa tendrá gas natural para detonar el desarrollo industrial”, prometió López Valdez en su discurso de toma de protesta el 31 de diciembre de 2010.
Casi seis años después, no se logró: la red de ductos está ahí, pero no hay suministro del energético.
A lo largo del sexenio, el Gobernador aseguró que reconvertiría la operación de las plantas de luz eléctrica del combustóleo a gas natural. Lo dijo en cada foro en el que participaba.
Y LO PLASMÓ EN EL PED
“Nos estamos adelantando al futuro, ya que la economía dejará de ser petrolizada y se va a gasificar”, declaró en la firma del convenio con la Comisión Federal de Electricidad, según el boletín gubernamental del 23 de agosto de 2012.
El Sistema Integral de Transporte y Suministro de Gas Natural Norte-Noroeste es un proyecto surgido en la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, que conecta a Sinaloa, Sonora y Chihuahua a través de cinco redes de ductos que transportarán gas natural.
Según información del Gobierno de Sinaloa, la obra implica la colocación de dos mil 214 kilómetros de tubería de acero y la inversión se eleva a 3 mil 400 millones de dólares.
En este sexenio, en Sinaloa se enterraron 640.8 kilómetros de ductos de acero que atraviesan 13 municipios, que representa el 29 por ciento del total de la tubería del Sistema Integral del Transporte.
Lo atrajo la inversión directa de 850 millones de dólares.
Pero el proyecto se quedó a la mitad, en tubos de acero enterrados que no transportan gas natural. El suministro se realizaría desde Estados Unidos a través de dos puntos, Arizona y Texas, la conexión se lograría con Sonora y Chihuahua, pero ninguno de los dos estados ha concluido la red por problemas con poblaciones indígenas.
En Sonora, el conflicto en la tribu yaqui no ha permitido el paso del ducto, según reportes de los medios de comunicación.
En Chihuahua, los rarámuris se opusieron a que el gasoducto pasara por sus tierras.
En el último Informe de Gobierno, el Gobernador aceptó que no consiguió reconvertir la economía a gas natural.
“Dispondremos a partir de 2017 de un gasoducto eficiente”, dice el Informe.
Y dejó la responsabilidad al próximo Gobernador, al priista Quirino Ordaz Coppel.
Así, se postergó también el desarrollo de las industrias automotriz, metalúrgica, metal-mecánica, del vidrio y la petroquímica, que junto con la fábrica de amoniaco en Tolobampo, pese al compromiso de Francisco Labastida Gómez de la Torre, Secretario de Desarrollo Económico.
PLANTA DE AMONIACO, ‘LA TAJADA’ DE LABASTIDA OCHOA
La fábrica de amoniaco en Topolobampo es el primer proyecto surgido a partir de la construcción del gasoducto.
El proyecto petroquímico es gigante, tan solo el Gobernador Mario López Valdez anunció que será una de las fábricas más grandes que existirá en Latinoamérica, con la producción diaria de 2 mil 200 toneladas de amoniaco anhidro. Cantidad suficiente para cubrir una piscina olímpica.
Es también una de las inversión más mayúscula de la administración, tan solo en la primera etapa de construcción se estima la inyección de mil millones de dólares, según datos del Gobierno del Estado.
Esta obra es creación de uno de los amigos políticos de Malova, quien lo apoyó para que obtuviera la Gubernatura en 2010: Francisco Labastida Ochoa, ex candidato a la Presidencia de la República en 2000, fue presidente de la Comisión de Energía en el Senado de la República y ex Gobernador de Sinaloa.
Después de terminar su periodo en el Senado, en 2013 se dedicó a desarrollar este proyecto petroquímico millonario a través de su despacho privado, Consultores en Desarrollo, Economía y Finanzas, Codefi.
Labastida Ochoa invitó a sus amigos a formar parte del proyecto que gestionó: el Gobernador Mario López Valdez, el empresario José Eduvigildo Carranza Beltrán, quien fue el inversionista inicial de la empresa desarrolladora Gas y Petroquímica de Occidente, y en 2015 renunció; el político y empresario, Rubén Félix Hays; el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; y su propio hijo, Francisco Labastida, hoy Secretario de Desarrollo Económico.
Lo más grave, quizá, es que la fábrica que producirá fertilizantes se construye dentro del humedal Santa María, Topolobampo, Ohuira que es un sistema lagunar catalogado como un Sitio Ramsar por su importancia para el ecosistema.
Esta reserva natural está protegida por la Convención Ramsar y por las leyes mexicanas e internacionales. Es el noveno de los 28 humedales prioritarios del País, identificado por Ducks Unlimited de México, pues es zona de anidación, alimentación y refugio invernal del 84 por ciento de las aves migratorias distribuidas en el País.
El humedal también es zona de crianza y alimentación de especies marinas, incluso algunas sujetas a protección especial como las tortugas, además tiene uno de los bosques de manglares más extensos de México.
Malova y principalmente Labastida Gómez de la Torre han promovido con recursos del Gobierno del Estado esta megaobra petroquímica que es un negocio privado. En el Sexto Informe, se presume la “moderna obra”, omitiendo los nombres de sus amigos y la controversia ambiental.
“Es (el) primer gran proyecto de complejos petroquímicos en el marco de la Reforma Energética y vendrá a sustituir importaciones y beneficiando a la agricultura con un mercado competitivo en este insumo básico”, se describe en el Informe.
Actualmente, la empresa constructora de la fábrica, ProMan México, de origen alemán, busca un socio capitalista que inyecte capital para continuar con la construcción.
HOSPITALES APP, LA CARTA DE AVAL PARA LOS PEÑISTAS
Las obras que más indignaron a los sinaloenses fueron los hospitales generales a través del esquema de inversión mixta, bajo CPP.
Las cámaras empresariales lideradas por la Confederación de Patrones de la República Mexicana en Sinaloa en unión con organizaciones civiles, como Parlamento Ciudadano, Iniciativa Sinaloa, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, y otras más hicieron causa en común para oponerse al proyecto que endeudaría a Sinaloa por 25 años.
Al reclamo de las organizaciones civiles y empresariales se unieron también diputados de la pasada Legislatura, la 62, de las diferentes fracciones parlamentarias.
Desde origen, los proyectos que serían las primeras dos edificaciones bajo el esquema CPP en Sinaloa, presentaron anomalías: en la licitación pública, contratación y la intención de López Valdez de comprometer el fondo federal, FAFEF, que serviría como aval ante Banobras para los dos créditos que solicitaban dos empresarios vinculados con el Presidente Enrique Peña Nieto.
En mayo de 2013, la constructora Marhnos Construcciones acusó que el Gobierno de Sinaloa favoreció a dos empresas salinistas, a Prodemex y GIA, para que ganaran la contratación de los nosocomios.
La primera desarrolladora obtuvo un contrato a favor por 8 mil 156 millones 146 mil 622 pesos más el Impuesto al Valor Agregado, y pertenece al magnate del ramo de la construcción, salud, medios de comunicación y deportes, Olegario Vázquez Raña, quien además es amigo de Francisco Labastida Ochoa.
La segunda se quedó con un contrato por 5 mil 674 millones 449 mil 315 pesos más el IVA por el mismo periodo. La empresa pertenece al empresario Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente priista, Carlos Salinas de Gortari.
Marhnos Construcciones impugnó ambos procedimientos administrativos y denunció que el Gobierno del Estado favoreció a las otras dos empresas, pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, actualmente presidido por el panista Gilberto Pablo Plata Cervantes, se negó a informar sobre las resoluciones.
Lo que más molestó a la ciudadanía, sin embargo, fue que Malova intentara entregar a Vázquez Raña y Gerard Rivero el 25 por ciento de los recursos federales que reciben a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas, que entregarían ambos empresarios a Banobras, una institución bancaria que a su vez les otorgaría dos créditos que utilizarían para la construcción, operación y mantenimiento de los dos nosocomios.
La oposición de la ciudadanía, de los empresarios, activistas, legisladores y médicos, presionó a los diputados de la Legislatura pasada a no otorgar más recursos para los dos nuevos proyectos y bloqueó así las intenciones de Malova y sus amigos.
En la edificación de Culiacán, el Gobierno del Estado favoreció al empresario Mauricio Gastélum Hernández, quien es amigo de Ernesto Echeverría Aispuro, con la compra del terreno donde se tenía planeado construir el hospital de Culiacán.
Por la venta de los terrenos recibiría 180 millones 380 mil 205 pesos.
A diferencia del resto, Malova omitió esta obra del último Informe de Gobierno que presume en los spots de radio y televisión.
