El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó las prebases de la licitación de 257 frecuencias de radio abierta, de las cuales 191 son de FM y 66 de AM, ubicadas en 22 estados del país. Sobre esta licitación hay tres elementos a considerar:

Lo bueno. Se trata de un evento histórico. Será la primera vez que se lleve a cabo un proceso de licitación de frecuencias de radio en México. Antes, se otorgaban de manera discrecional, sin transparencia, lo que benefició particularmente a un pequeño grupo de familias, que dominan la industria.

El IFT ha dicho que esperan la participación de cientos de personas. Este interés se debe en parte a que desde hace más de 20 años no se otorgan concesiones de uso comercial y la radio, pese a su estancamiento económico, continúa siendo un medio de comunicación muy importante e influyente en muchas regiones de nuestro país.

La apertura de la radio es también un incentivo para diversificar la oferta, aumentar la calidad de los contenidos, crear fuentes de empleo y estimular el desarrollo económico en las localidades en las que operarán las nuevas estaciones. Podría ser al mismo tiempo benéfica para fomentar el periodismo local y ampliar las libertades de expresión e información.

Lo malo. En la licitación el IFT considerará tres variables que evaluará para elegir a los ganadores de las frecuencias: dinero que ofrecerá cada participante, el tiempo que se requerirá para transmitir con tecnología digital (con el estándar IBOC, adoptado por México en 2011) y el plazo para iniciar transmisiones. Esto significa que el proyecto de programación de cada estación -requisito previsto en la ley- no será un factor relevante para quien se quede con la frecuencia. Los contenidos, desafortunademente, serán poco importantes.

Otro problema: si bien existen límites para aquellos participantes que antes o después de la licitación tengan concesiones en un porcentaje de 40 por ciento o más en cualquier localidad, el concurso no impide que los grandes grupos radiofónicos sigan acumulando frecuencias a nivel nacional y aumente la concentración en este medio de comunicación. Por si fuera poco, esta acumulación se calificará una vez que concluya el proceso, lo que abona a la discrecionalidad y puede generar incertidumbre o recursos litigiosos entre los participantes.

Dentro de lo malo está que ocho estados no están considerados en la licitación: Baja California, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala. Por supuesto esta ausencia no se debe a un factor de sana competencia en dichas entidades, sino a la falta de frecuencias disponibles con base en la actual norma técnica para la operación de estaciones de FM. De ahí la importancia de modificar esta normatividad para reducir de 800 a 400 kHz la separación de estaciones al aire y dar cabida a nuevos jugadores.

Lo feo. Definitivamente sólo personas adineradas podrán participar en esta licitación. Es cierto que hay contraprestaciones mínimas con cantidades bajas. Por ejemplo, por una frecuencia de FM en Mahahual, Quintana Roo, el mínimo a pagar es por 2 mil 567 pesos, pero esta cantidad podria aumentar mucho o poco durante el proceso de subasta, dependiendo del interés. En cambio, por una frecuencia de FM en Acapulco, Guerrero, se deben pagar un millón 760 mil pesos como mínimo. ¿A cuánto ascenderá la cantidad final por frecuencias ubicadas en ésta y otras ciudades atractivas?

A estas contraprestaciones agregue las inversiones en transmisores, estudios técnicos, terrenos, instalaciones, equipos, personal, etc., lo que hace imposible que la mayoria de los mexicanos -salvo si se hace como prestanombres- puedan acceder a frecuencias de radio comerciales.

Llama finalmente la atención que esta licitación se realizará como subasta. Quien dé más dinero y ofrezca mejores condiciones para el desarrollo de la estación (lo que también implica dinero) será el ganador de la frecuencia o frecuencias. ¿No la Suprema Corte de Justicia había resuelto la inconstitucionalidad de la subasta, luego de analizar la “ley Televisa” de 2006?

@telecomymedios

Gabriel Sosa Plata

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