En los últimos 30 años, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido una avalancha de reformas que han disminuido su espíritu social y progresista, dicen los especialistas, y ha olvidado el principio básico de su realización: los derechos sociales. Promulgada el 5 de febrero de 1917, la Carta Magna, redactada en medio de la Revolución Mexicana, fue considerada el contrato social más innovador del principio del siglo pasado. Pero ahora ha quedado a expensas de los intereses políticos y económicos de la clase gobernante…
Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– En 1989, durante su primer informe de gobierno, el entonces Presidente de México Carlos Salinas de Gortari expresó: “El reporte masivo de tierras ha concluido. Quien afirme que todavía existen millones de hectáreas por repartir está mintiendo”. Dos años más tarde, anunció su decisión de impulsar una reforma en materia agraria que abandonaba una de las instituciones emblemáticas de la Revolución de 1910: el ejido.
Pero no fue sino hasta el 8 de septiembre de 2009 cuando Felipe Calderón Hinojosa anunció su desaparición.
Para especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), existen muchas similitudes entre las reformas impulsadas por Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. Los expertos constitucionalistas Jaime Cárdenas Gracia y John Ackerman Rose afirman que el actual mandatario federal es un discípulo fiel de la visión constitucional, política y económica de Salinas de Gortari.
Tan es así, señalan, que incluso la propaganda gubernamental para justificar sus reformas se basó en el nacionalismo y la historia del país. Por un lado, Carlos Salinas tuvo que recurrir a la figura de Emiliano Zapata para promover su reforma al ejido. Y por otro, Peña Nieto usó a Lázaro Cárdenas para defender su Reforma Energética.
A decir de especialistas, la ola de reformas constitucionales impulsadas durante los últimos 30 años ha pretendido reducir el espíritu social, progresista y hasta subversivo de la Carta Magna, para obedecer a intereses políticos y económicos de la clase gobernante. El doctor John Ackerman comenta que el discurso del Presidente Peña Nieto para justificar las reformas constitucionales es la modernización de un texto desfasado del mundo globalizado, pero con un aire nacionalista.
Sin embargo recordó que durante las décadas que gobernó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –incluso durante la breve época que lo hizo el Partido Acción Nacional (PAN)–, se redujeron los compromisos y principios ideológicos de la Constitución en simples enunciados y pura retórica.
“El PRI ha utilizado estos principios constitucionales de manera hipócrita, ponen en la Constitución el compromiso de atender a la gente en su salud, su educación, su trabajo para que después puedan decir que los defienden retóricamente, aunque en los hechos no lo hacen. Es un discurso hipócrita”, afirmó el investigador en derecho constitucional.
De acuerdo con Ackerman, “el gran discurso es la modernización de la Constitución, pero lo que realmente ellos quieren hacer es ir quitando desesperadamente todo lo que les estorba. Y nosotros como sociedad, nuestra responsabilidad y nuestro reto es no permitir que esto pase”, enfatizó.
Por su parte, el experto constitucionalista Jaime Cárdenas comenta que “las reformas de últimas tres décadas, pero sobre todo las del año pasado, se oponen totalmente a la visión que tuvo el constituyente de Querétaro”.
“La Constitución de 1917 ya no existe, ahora hay otra Constitución que no fue aprobada por un constituyente originario, que no ha sido consultado al pueblo. Y lo que tenemos ahora a nivel constitucional son principios alejados totalmente del nacionalismo, de los derechos económicos, sociales y culturales”, afirma.
Con ellos, coincide el doctor Miguel Eraña, investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, quien afirma que el furor de las reformas estructurales avaladas el años pasado desvirtuaron la d Constitución. “Más que redactar una nueva constitución, se requiere una nueva cultura constitucional”, afirmó el académico.
INTERES POLÍTICOS, NO SOCIALES
Ante el cúmulo de reformas y la profundidad de lo que han modificado del texto original de 1917, el doctor en derecho constitucional, Jaime Cárdenas Gracia, considera que el texto constitucional es totalmente diferente al que pensó y aprobó el constituyente de la época revolucionaria.
“Ya no es la Constitución de 1917, se trata de una constitución totalmente diferente, no solamente por el número de reformas que han sido aprobadas, cerca de 600, sino porque se han trastocado los principios básicos, sobre todo las reformas del año pasado, que van en sentido contrario a lo que el constituyente de Querétaro propuso y aprobó”, afirmó el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Detalló que la Constitución de 1917 fue un contrato social innovador, mientras que el texto que actualmente ha quedado tras las reformas avaladas por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), a veces con el apoyo del de la Revolución Democrática (PRD) es un documento nuevo que sólo representa los intereses de la clase política y los organismos económicos internacionales en su afán de conseguir los recursos naturales de México.
“Las últimas reformas [las reformas estructurales aprobadas durante el primer año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto] han desmantelado lo poco que nos quedaba del estado de bienestar y ahora tenemos una Constitución neoliberal, una Constitución que favorece a las clases dominantes, a las oligarquías”, detalló.
El académico y ex Diputado federal por el Partido del Trabajo destacó que la construcción paulatina de esta “nueva” Carta Magna está completamente alejada de los derechos sociales de los mexicanos.
Aunque para John Ackerman, la Constitución mexicana no está caduca ni tiene por qué ser echada a la basura, sí considera que la Carta Magna es un documento profundamente democrático pero al mismo tiempo subversivo, con fuertes cimientos sociales.
Explica que –a través de los años– los mexicanos han adquirido mayor conciencia democrática para exigir que se cumplan estas promesas sociales, es decir, educación de calidad, empleos bien remunerados, vivienda digna, acceso a agua potable, y todas las promesas de la Revolución Mexicana que no se han cumplido, por lo que existe una posibilidad de que los ciudadanos se levanten para exigir sus derechos y el PRI les cerró la puerta para hacerlo.
“El partido en el poder se dio cuenta de que los principios constitucionales son reales, y que tarde o temprano, se podría generar un movimiento social que exija hacer valer el Estado de derecho, por lo que inició una ola reformadora para reducir los alcances de la Carta Magna”, detalla.
Por su parte, Jaime Cárdenas reconoció que la presión para reducir los alcances sociales de la Carta Magna se deben a la presión de los grandes intereses económicos de los organismos financieros internacionales, entre ellos, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
“Fíjese, por ejemplo, la barbaridad que escuchamos en los medios de comunicación y que nadie reparó en ella. Cuando Peña Nieto fue a Suiza [al Foro Económico de Davos], en una reunión se acordó que la OCDE supervise el cumplimiento de las reformas constitucionales [las reformas estructurales]. Es decir, la OCDE supervisará la creación de las famosas leyes secundarias, eso le da a usted una idea de que los organismos financieros internacionales están por encima de la Constitución, por encima de los poderes formales”, apuntó Cárdenas.
UNA CONSTITUCIÓN PROGRESISTA
La Constitución que rige actualmente es la promulgada el 5 de febrero de 1917, redactada por un constituyente reunido en Querétaro, durante el gobierno de Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, en medio de la Revolución mexicana.
Este texto fue considerado el contrato social más innovador del principio del siglo pasado.
“La Constitución, la tenemos que entender en función de un proceso histórico, de una gran revuelta, rebelión, revolución social desde abajo, que transformó las coordenadas del poder público en nuestro país. La Revolución mexicana fue la primera revolución verdaderamente social en el siglo XX, antecedió incluso a la revolución rusa, las revoluciones comunistas de China o de Cuba”, explicó el doctor John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Aseguró que en ese sentido, la Constitución mexicana es muy avanzada comparada, por ejemplo, con la de Estados Unidos, Gran Bretaña, e incluso la de Francia, porque garantiza en el mismo texto el derecho al trabajo, a la vivienda, al agua, a la cultura, al medio ambiente, a la información y a una vida digna.
El investigador en derecho constitucional por la UNAM, agregó que los principios de la Constitución están hoy más vigentes que nunca, pues el texto original fija límites muy claros respecto a la acumulación de la riqueza, contra la injusticia y para sancionar la violación de los derechos humanos.
Para el académico, la Constitución mantiene un espíritu subversivo en sentido progresista, porque garantiza los derechos civiles y de libertad de expresión, así como los derechos a un empleo digno, a una vida de calidad y al acceso al agua y la educación gratuita; pero sobre todo combate los monopolios y la acaparación.
“Establece límites a lo que cada día crece más en México y en el mundo: una gran desigualdad, una plutocracia y una injusticia estructural profundizada. La desigualdad a nivel mundial se ha agravado, las grandes empresas transnacionales acaparan todo, por lo que hoy más que nunca debemos tener mecanismos para poner un alto a este robo”, detalló.
30 AÑOS DE REFORMAS Y POLÉMICA
Los expertos difieren sobre el número de reformas ha sufrido la Constitución desde que fue promulgada en 1917, algunos contabilizan cerca de 600 artículos modificados, otros, entre 200 y 400 enmiendas dependiendo de los decretos presidenciales publicados. La Cámara de Diputados contabiliza 214 reformas a la Constitución publicadas en el Diario Oficial de la Federación desde 1917, en las cuales se modifican diversos artículos.
Lo cierto es que a la fecha sólo 27 de los 136 artículos constitucionales, no han sido reformados. Mientras que existen artículos como el 73 –sobre las facultades del Congreso- que ha sido modificado en 69 ocasiones desde 1921; o como el 123 –relativo al derecho al trabajo-, que ha sido cambiado hasta en 23 ocasiones desde 1929.
La primera enmienda se publicó el 8 de julio de 1921 y reformó la fracción XXVII del artículo 73 constitucional, con el propósito de facultar al Congreso para establecer en toda la República escuelas rurales, elementales, secundarias, superiores y profesionales.
La última fue la reforma a la fracción IV del artículo 116 y al artículo 122, para incorporar el principio de que los congresos estatales garanticen el registro de candidaturas independientes a un cargo de elección popular, en todos los procesos electorales, la cual se publicó el 27 de diciembre de 2013.
El artículo más reformado, por mucho, es el artículo 73, relativo a las atribuciones del Congreso de la Unión, el cual ha sido modificado hasta en 69 ocasiones. Prácticamente todos los presidentes de la República le han metido mano desde 1921.
El segundo más cambiado es el artículo 123, sobre los derechos laborales, éste ha sido enmendado en 23 ocasiones. La última se registró el 24 de agostó de 2009, durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa para modificar el sistema de salarios.
Han sido varias las reformas más polémicas en la historia de México. La más reciente es la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.
Esta reforma abre el sector energético a la participación de capitales privados nacionales y extranjeros, con lo cual quedó superada la reforma publicada el 9 de noviembre de 1940, en el sexenio del Presidente Lázaro Cárdenas del Río, para establecer el dominio inalienable e imprescriptible de la nación sobre sus hidrocarburos.
“Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos y gaseosos, no se expedirán concesiones y la Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de estos productos”.
Otras reformas polémicas se realizaron durante el sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari. Una de ellas modificó el artículo 27 en materia de propiedad ejidal. La reforma publicada el 6 de enero de 1992 cambió el concepto de “pequeña propiedad agrícola en explotación”, por el de “pequeña propiedad rural”.
Esta reforma contempló el fraccionamiento de predios que exceden la pequeña propiedad, estableció las bases para facilitar la inversión, compra y venta de ejidos, ante la idea de que ya se había agotado el reparto agrario.
Otra reforma se realizó al párrafo quinto del artículo 28 para privatizar la banca mexicana. Esta reforma se publicó el 27 de junio de 1990. La enmienda suprimió la disposición constitucional que establecía la exclusividad del Estado mexicano para prestar el servicio público de banca y de crédito; además se quitó el candado que prohibía el otorgamiento de concesión a particulares en esta materia.
En el mismo sexenio salinista se realizó la reforma al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional que permitió la privatización de los ferrocarriles nacionales. El texto otorgaba a la comunicación vía satélite y a los ferrocarriles el carácter de áreas prioritarias para el desarrollo nacional, con lo cual permitía al Estado otorgar concesiones y permisos en estas áreas.
¿ALGO QUE CELEBRAR?
Este 5 de febrero se celebra el aniversario 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el marco de una serie de reformas estructurales a la Carta Magna impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, los especialistas se cuestionan si hay algo qué festejar.
Para los académicos no todo es malo. Es más, indicaron que este día, los mexicanos deben celebrar el aniversario de la Carta Magna con el compromiso de evitar que la clase gobernante siga mermando el espíritu social del constituyente de 1917.
Para John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Constitución mexicana no está caduca, por el contrario, consideró que la Constitución es un documento vigente, pues consideró que el espíritu subversivo progresista que sobrevive en la Constitución mexicana puede servir de inspiración ideológica a los nuevos movimientos sociales que se gestan en el mundo.
“No es un posicionamiento nostálgico, de querer regresar al pasado, a los tiempos revolucionarios. Es momento de revalorar la historia muy particular de esta Constitución muy única, que fue de avanzada, que puede servir de inspiración no sólo para México, sino para el mundo, para los movimientos sociales que están surgiendo a nivel internacional, radicales, progresistas y favor de los derechos humanos”, afirmó.
“La Constitución Mexicana se ha desnaturalizado, y alrededor de 80 por ciento de sus textos han sido modificados”, explicó el doctor Miguel Eraña, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, y aseguró que la febrilidad legislativa por las reformas constitucionales, logra que haya poco que festejar el 5 de febrero.
Eraña, experto en materia de derecho constitucional, explicó que “hoy en día, queda todavía un catálogo más amplio de reformas reglamentarias por acometer. Esto le resta seriedad y principio de certeza al ordenamiento, y convierte a las normas constitucionales en objeto de transacción y albedrío político”, dijo al respecto.
De forma similar piensan varios ciudadanos, intelectuales, artistas y líderes sociales organizados en asociaciones civiles alejadas de los partidos políticos, que este 5 de febrero instalarán el Congreso Popular, con el propósito de devolver el carácter ciudadano, soberano y de defensa de los derechos humanos a la Carta Magna.
