Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– Michoacán entró en situación de crisis en esta administración federal cuando, hartos de la violencia, civiles se armaron como policías comunitarias y confrontaron a Los Caballeros Templarios. En respuesta, bajo intensa presión internacional, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció el 13 de enero la entrada del Ejército y la Policía Federal a Apatzingán, Uruapan y Múgica. Pero la violencia no cedió. Entonces el gobierno federal decidió “legalizar” a las autodefensas.

Hasta allí, la estrategia federal se enfocó en la inseguridad y dejó en segundo término el desarrollo económico y social de Michoacán, como lo hizo durante su mandato el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa a pesar de ser michoacano.

Pero ayer, el Presidente Enrique Peña Nieto visitó el estado y anunció que con el “Plan Michoacán” se inyectarán 45 mil 500 millones de pesos. Pidió a los secretarios de Estado designar a un funcionario para que, junto con el Comisionado para la Seguridad de Michoacán, vigilen y den continuidad al proyecto para rescatar e impulsar al estado.

Las cosas han cambiado de un sexenio a otro. Calderón es del Partido Acción Nacional (PAN); durante su presidencia, el gobierno del estado estaba en manos de Leonel Godoy, del de la Revolución Democrática (PRD).

Ahora, Peña Nieto y el Gobernador Fausto Vallejo pertenecen al mismo partido: el Revolucionario Institucional (PRI). Y ahora sí, ríos de recursos han sido, por lo menos, prometidos a Michoacán.

El estado de Guerrero, con una situación de inseguridad muy parecida a la michoacana –y además con levantamientos de grupos de autodefensa– no ha recibido, por ejemplo, la misma atención. Ni siquiera los recursos para rescatar a la entidad del huracán “Manuel” se han entregado. Pero, a diferencia de Michoacán, Guerrero es gobernado por Ángel Aguirre Rivero, un ex priista que decidió cambiarse al PRD.

Ayer, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” exigió acciones a los distintos niveles de gobierno para hacer frente a la crisis alimentaria que se avecina en la Montaña de Guerrero a cuatro meses del paso de la tormenta “Manuel”. Aunado al posicionamiento de los organismos civiles, más de dos mil indígenas realizaron la Peregrinación del Hambre donde exigieron a las autoridades federales que liberen los recursos que les habían prometido.

Por su parte, el propio Ángel Aguirre dijo estar “preocupado” porque “no ha llegado ni un peso” de los 30 mil millones que anunció Peña Nieto como ayuda para la reconstrucción del estado.

Peña Nieto dijo ayer que se trabajará en tres fases. La primera ya está puesta en marcha: se trata del combate contra la inseguridad y poner orden en Tierra Caliente. La segunda son acciones concretas para recuperar la confianza de la sociedad. “La sociedad michoacana tiene que resurgir. Está en el corazón de México… juntos tenemos que hacerlo resurgir en la visión del mundo”, afirmó el Presidente. Expuso que se trabajará sobre cinco ejes principales: economía familiar y empleos, educación y cultura para la prosperidad, infraestructura moderna y vivienda digna, salud y seguridad social, desarrollo social y sustentabilidad.

Los recursos se suman a los tres mil millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) decidió otorgar para Tierra Caliente y la zona de la meseta Purépecha para así mitigar el hambre y la pobreza que está dejando la violencia en el estado michoacano.

Un día antes de que Enrique Peña Nieto visitara Michoacán, el líder de autodefensas, José Manuel Mireles dijo al diario español El País que el gobierno federal sólo se encargaba de montar “teatros”.

El doctor dijo desconfiar de que el gobierno federal realmente esté cumpliendo con sus promesas de abatir la inseguridad que ahoga a Michoacán. Y puso como ejemplo la falta de captura de los líderes del narco  y el hecho de que no se persiga a Nazario Moreno, “El Chayo”, a quien dos administraciones ha declarado muerto.

“Siempre hemos sabido y siempre hemos dicho dónde está”, dijo.

Más adelante expuso: “El estado necesita toda la atención del Gobierno federal para resolver la situación, pero no a través de estos teatritos. En Michoacán no necesitamos teatros para que se recupere la paz, necesitamos hechos reales”.

Y ayer mismo, Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), cuestionó el destino de los recursos otorgados al gobierno de Michoacán para las unidades de antisecuestro planteadas en 2007. “Una de las preguntas que nos deberíamos estar haciendo todos, particularmente los michoacanos es, donde están esos recursos, porque si no tiene ni vestigios de la unidad, la pregunta es, a dónde fueron a parar esos recursos”, increpó.

El activista agregó que “si hubo vestigios de que las unidades empezaron a ser construidas pero con esa misma rapidez fueron destituidas, y en los estados que estamos señalando si hubo algún vestigio, si hubo alguna razón de ser de estas unidades, hoy no la tenemos, y ese es el grave problema que el secuestro no desaparece como para que las unidades ya no sean necesarias”.

El representante de la organización también mencionó que la administración de Fausto Vallejo Figueroa está dejando toda la responsabilidad al gobierno federal para combatir la inseguridad que impera en Michoacán, y explicó que “por lo menos hasta donde sabemos, no hay un decreto de desaparición de poderes, no hay un decreto de suspensión de garantías y por lo tanto, independientemente de la coadyuvancia que puede existir por las autoridades federales, las autoridades estatales que fueron constitucionalmente electas tendrían que seguir cumpliendo con sus funciones”.

DESABASTO EN MICHOACÁN

El 5 de enero, algunas líneas de autobuses suspendieran las corridas hacia municipios de Buenavista, Apatzingán, Tepalcatepec, Coalcomán y Arteaga por la violencia, lo que representó pérdidas económicas para la empresa de autobuses y conflicto entre los habitantes de dichos municipios.

Luego de que una farmacia fuera incendiada cerca de metros del palacio municipal de Apatzingán, comenzaron a darse algunas bajas en el sector económico, pues “el desabasto es una de las secuelas causadas por la tensión que vive la zona de Tierra Caliente en Michoacán por la presencia e intimidación del crimen organizado, dijo el ex Senador por el Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, originario de la entidad.

El panista dijo a SinEmbargo durante los primeros quince días de enero que “se está provocando desabasto, me informaban que las tortillerías ya no tenían gas LP y que tienen ciertas horas permitidas para abrir, las gasolineras ya están en desabasto de combustible, las tiendas o abarroteras igual, ya hay escasez y ésta provoca aumento de precios. Con lo poco que hay lo van a subir por la ley de la oferta y la demanda y el hecho de que siga la inseguridad y la gente no pueda abrir sus negocios por las amenazas de ser incendiados provoca un colapso económico, nadie va a llevar productos ni abrir negocios hasta que se puedan vender”, explicó.

Ante la situación de desabasto y crisis social y económica que vive Michoacán, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) decidió otorgar tres mil millones de pesos para Tierra Caliente y la zona de la meseta Purépecha para así mitigar el hambre y la pobreza que está dejando la violencia en el estado michoacano.

El 23 de enero, en Apatzingán la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles dijo que en esa zona habitan por lo menos 766 mil personas en pobreza extrema, por lo que se inyectarán tres mil millones de pesos a la entidad y se aplicarán en diversos programas, según explicó, además de la instalación 400 comedores comunitarios que alimentarán 40 mil michoacanos, dijo.

La secretaria de Sedesol informó que además que se realizarían 42 obras de electrificación y se construirán 10 unidades médicas en municipios de muy alta marginación. Y agregó que habría programas de prevención del delito.