Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- La Reforma en materia de Telecomunicaciones se prepara en completo sigilo y así, con un inusitado hermetismo, pronto llegará al Congreso de la Unión.

Pero una fuente dentro del Congreso dijo a SinEmbargo que por lo menos la Reforma, independientemente de lo que se apruebe, viene ambiciosa.

“Se propondrá abrirse no a una, sino a tres cadenas de televisión abierta, dos de ellas privadas y una del Estado mexicano”, expresó.

“La idea es terminar con los monopolios en telecomunicaciones. Además, fortalecer la presencia del Estado en el sector, por medio de una cadena que, en teoría, tendrá más fuerza de la misma BBC en Inglaterra o la NPR en Estados Unidos, que se han visto disminuidas en los últimos años en los dos países”, agregó la misma fuente.

Sin importar colores partidistas, los propios legisladores dicen desconocer a cuál de las dos cámaras será entregada ni la fecha precisa. Mucho menos, refieren, saben el contenido de la iniciativa. Por otra parte, trascendió que el misterio podría develarse esta semana a la Cámara de Diputados.

El retraso en la presentación de este compromiso del Pacto por México –se esperaba hace varios días– se debe a presiones que han ejercido los llamados poderes fácticos a legisladores de diferentes bancadas, según consideró, el Senador del PAN, Javier Corral Jurado.

“Sí la han retrasado porque han generado una serie de presiones al interior a través de varios temas. El must carry y el must offer, el tema de la autonomía del órgano regulador, el tema de los límites de la concentración a la propiedad cruzada de medios, que son asuntos que han logrado retrasar”, aseguró en entrevista el legislador panista, uno de los más activos en acabar con la concentración de medios de comunicación.

La Diputada del PRD Purificación Carpinteyro, confió en que la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones no se alejará del espíritu reformador de los compromisos firmados por los partidos políticos en el Pacto por México.

La legisladora se refirió a los acuerdos 39 al 46 del texto firmado el pasado 2 de diciembre del 2012.

“Todo lo relativo a generar las condiciones de competencia económica que permitan una cantidad de jugadores en el mercado que garanticen que habrá verdadera competencia, una mayor pluraridad, mayores espacios, que respete los derechos de la audiencia, porque aquí tenemos que entender que lo que estamos defendiendo es el derecho a la información”, indicó quien fue Subsecretaria de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Felipe Calderón.

Aunque todavía no existe un borrador del documento final, ha trascendido que en la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones se consolidaría la desaparición de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para dar paso a un nuevo instituto regulador descentralizado del Ejecutivo federal.

“Necesitamos pensar en un nuevo órgano regulador, completo, una nueva integración y un nuevo órgano. De hecho al llamarle Instituto Federal de Telecomunicaciones y al hacerlo órgano constitucional autónomo prevé la renovación total del órgano”, adelantó el Senador Corral.

En medio de las filtraciones, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó a los integrantes del Congreso a impulsar una Comisión Federal de Telecomunicaciones fuerte, con facultades de sanción y dotarle de autonomía del Ejecutivo, a fin de dar certidumbre al sector.

CIUDADANOS PONEN LUPA

En este contexto, la coalición ciudadana Democracia y Medios, integrada por alrededor de 200 organizaciones ciudadanas y de la sociedad civil, lanza la campaña Más para Ver, en las redes sociales.

El objetivo es llamar a la ciudadanía a que haga marcaje personal a sus diputados y senadores, para conocer en qué sentido se pronuncian y cómo votan la reforma en materia de telecomunicaciones.

Las organizaciones civiles sostienen que una reforma tan importante para el país no debe ser secuestrada por los partidos políticos, ni estar subordinada a los intereses de los grandes consorcios de telecomunicaciones. Por el contrario, piden establecer contrapesos a los llamados poderes fácticos, en la nueva legislación.

Plantean una serie de 21 puntos, derivados de los compromisos realizados por los candidatos presidenciales, incluido el Presidente Enrique Peña Nieto, con integrantes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, durante la campaña electoral del 2012.

Entre otros tópicos, consideran que la Reforma en Telecomunicaciones debe garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.

Piden que se fijen sanciones que disuadan a los concesionarios y operadores de telecomunicación de cometer o reincidir en prácticas monopólicas, anticompetitivas o que atenten contra los derechos de las audiencias y los usuarios.

Se pronuncian a favor de un Instituto Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales con autonomía constitucional.

Plantean crear una Comisión Nacional de Banda Ancha, que diseñe políticas públicas y coordine una agenda digital, para ofrecer un servicio de calidad.

Además, piden reconocimiento y apoyo a los medios públicos del Estado, comunitarios y sociales. Así como fomentar programación de calidad, mayor producción independiente y regulación de publicidad.

El llamado a la ciudadanía para vigilar las votaciones de sus representantes populares se deriva de la preocupación de que la llamada telebancada podría impulsar los intereses de las grandes empresas de radio y televisión, por encima de los ciudadanos.

“La figura de lo que se ha llamado la telebancada es una distorsión que viene a corromper el sentido original de la representación democrática. Debe ser la representación de los ciudadanos, de nuestros intereses, de nuestras necesidades, de nuestras aspiraciones y de nuestros derechos. Y no debe ser bajo ninguna circunstancia la representación de grupos o corporaciones de ninguna naturaleza”, recalcó Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Los ciudadanos también consideran posible que haya otros legisladores, no necesariamente vinculados a la telebancada que podrían inclinar la balanza a favor de los monopolios, al votar en contra de las reformas o simplemente al faltar o salirse de la sesión, en el momento de las votaciones.