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A tres meses de Gobierno, Miguel Ángel Yunes parece rebasado por la violencia en Veracruz

05/03/2017 - 12:04 am

En los primeros tres meses de su gobierno, Miguel Ángel Yunes parece estar rebasado por la violencia que azota a Veracruz, un estado que vive “tiempos difíciles”, como él mismo ha reconocido. Aunque sus principales promesas de campaña, y ya como Gobernador, tornaron a la red de corrupción que creó el prófugo Javier Duarte, Yunes Linares también se comprometió a velar por la seguridad de los veracruzanos, para lo que ha requerido el apoyo del Gobierno federal y de las Fuerzas Armadas, sin embargo, sus amagos no han logrado contener a los cárteles que se disputan el territorio desde hace una década. Veracruz es el cuarto estado más violento del país y la administración panista ya suma más de 300 ejecuciones.

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- “Desde este momento empieza la guerra. Guerra quieren, guerra tendrán”, se leía en las cartulinas que aparecieron el pasado martes en el vehículo donde fueron encontrados los cuerpos de nueve hombres y dos mujeres en Boca Del Río, Veracruz. El mensaje no tenía remitente ni destinatario, pero se atribuye al conflicto entre grupos criminales, aunque también podría ser en respuesta al Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares por su promesa de acabar con la delincuencia.

Veracruz es hoy el cuarto estado con mayor número de homicidios dolosos– mil 258 en 2016–, con una víctima cada 15 horas, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Tan sólo en lo que va del gobierno de Yunes Linares se han registrado al menos 338 ejecuciones en la entidad. Una de las zonas más golpeadas por la delincuencia es la región montañosa de Córdoba, donde se reporta el 60 por ciento de las muertes relacionadas con el narcotráfico.

El “gobierno del cambio” del panista se opacó desde el primer día con la ejecución de cuatro personas, la desaparición de una joven y un taxista, el hallazgo de una fosa con restos humanos y una serie de robos que alertaron a los veracruzanos. Con el paso de los días la violencia recrudeció a pesar de que la administración yunista implementó una “nueva estrategia de seguridad”, que en diciembre dejó 132 muertos, entre ellos 25 presuntos criminales.

En su primer mes como Gobernador, Yunes Linares prometió “cuidar” de Veracruz, marcado por la corrupción, homicidios y desapariciones que dejó el sexenio del priista Javier Duarte. Su discurso no frenó la ola de violencia y finalmente reconoció que él solo no podría combatir a los grupos criminales que se disputan el estado: “Dejaron policías absolutamente deterioradas, penetradas por la delincuencia, estamos en un proceso de reconstrucción de policías tanto municipales como estatales, mientras se lleva a cabo, necesitamos del apoyo del Gobierno federal”.

Así comenzó el “discurso calderonista” de Miguel Ángel Yunes, quien advirtió a los delincuentes que ahora deberían temer porque “vamos tras ellos con toda la fuerza del Estado mexicano”. El ya militarizado Veracruz solicitó el arribo de elementos de la Policía Federal y, más recientemente, de la Gendarmería. El Ejército, precisó el Gobernador, actuará en la zona norte de la entidad “en operativos más concretos”.

Veracruz se volvió un tiradero de cadáveres: el pasado 3 de febrero, siete cuerpos fueron localizados dentro de una camioneta abandonaba afuera de una primaria en Nogales, entre Orizaba y Ciudad Mendoza. El día 19, otros cinco cadáveres se localizaron en Cosamaloapan a un costado de la autopista La Tinaja-Cosoleacaque a la altura del puente Tesechoacán.

El martes 28 de febrero, a unas horas de que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y Yunes Linares anunciaran el reforzamiento de la seguridad en la entidad, el crimen organizado declaró la guerra en Veracruz: 11 cuerpos semidesnudos, amarrados de pies y manos, con huellas de tortura e impactos de bala fueron encontrados en un vehículo en Boca del Río, municipio gobernado por Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del mandatario estatal.

Un acto de esa “barbarie”, como lo calificó Yunes Linares, no se vivía en el estado desde el 20 de septiembre de 2011, cuando Javier Duarte estaba por cumplir su primer año como Gobernador de Veracruz. El escenario también fue Boca del Río: 35 cuerpos, con huellas de tortura y una “Z” marcada en el pecho, fueron esparcidos por el bulevar Ruiz Cortínez, a unos metros del hotel donde se encontraban procuradores de todo el país. Se trató de la tercera masacre más grande desde que el gobierno de Felipe Calderón lanzó la llamada guerra contra el narco.

LOS CÁRTELES QUE “GOBIERNAN” VERACRUZ

Desde hace 10 años– cuando se el Gobierno federal declaró la guerra contra el narco–Veracruz sufre una escalada de violencia impuesta por la disputa del territorio entre cárteles del crimen organizado. La guerra ha dejado una serie de ejecuciones masivas que han sembrado el terror en el estado de norte a sur.

Un informe de la Procuraduría General de la República (PGR) da cuenta de que “el principal problema de seguridad en Veracruz y el repunte de la violencia se debe a conflictos internos entre grupos del crimen organizado”.
La instalación de Los Zetas en el estado en 2005 y los posteriores enfrentamientos con el Cártel del Golfo, el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Caballeros Templarios desataron una crisis de inseguridad, que Yunes Linares prometió erradicar, sin embargo, el cambio de gobierno causó más disputas internas a las que se sumaron el Cártel del Noreste, Comando Bronco, Los Metros, Los Ántrax y Gente Nueva, todos vertientes de las organizaciones anteriores.
El CJNG llegó a Veracruz desde 2010, pero dejó su sello distintivo un año después con la ejecución de 35 presuntos zetas. Al debilitamiento de Los Zetas se sumó el abatimiento o la captura de por lo menos 12 de sus líderes que operaban y controlaban para su organización diversas regiones del estado.

Con esas bajas, Los Zetas llevaron a cabo un reacomodo en 2015, de acuerdo con investigaciones de la PGR y la DEA, así como informes de las Fuerzas Armadas. Esas indagatorias revelan que Los Zetas migraron al Pánuco, al norte de Veracruz; algunas células permanecieron en el centro de la entidad, mientas que otras se fueron a los límites con Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Desde entonces, las principales luchas entre las organizaciones criminales se viven principalmente en Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos, Poza Rica, el Puerto de Veracruz y su zona conurbada, incluyendo a Boca del Río.

La estrategia de Miguel Ángel Yunes, quien tiene experiencia como Ministerio Público, juzgador fiscal e investigador policial, para combatir a los criminales se conduce con una Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fracturada por el ex titular Arturo Bermúdez, una Procuraduría General de Justicia (PGJE) hundida en la opacidad y con la presencia cuestionable y polémica de las Fuerzas Armadas.

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BREVES

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MÁRQUEZ “DEFIENDE” A MIGRANTES EN V INFORME DE GOBIERNO

El Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, presentó el pasado miércoles su Quinto Informe de Gobierno, en el que presumió la generación de 45 mil empleos anuales, “un reto histórico que jamás se había logrado”. Mencionó que logró colocar al estado en una de las economías más fuertes del país, y aprovechó para hacerle un reclamo al Presidente de EU, Donald Trump, sobre sus políticas migratorias: Los migrantes atienden los restaurantes de EU y por eso, dijo, no los pueden regresar a todos.

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ASTUDILLO EVADE PENDIENTES EN INSEGURIDAD Y SALUD

El Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, en su encuentro con el Grupo Cuicalli, afirmó que la entidad está avanzando en diversos sectores y que regresaba a “la normalidad”. El mandatario estatal hizo un exposición breve de los temas que “descalifican” su administración, especialmente en materia económica (inversiones por 2 mil millones de dólares en turismo y minería), pero de los temas de salud, inseguridad y educación, que le fueron expuestos en la reunión, no mencionó nada.

FRASES

“Este es un proyecto ciudadano, y quien no quiera estar en [él] no tiene que estar a la fuerza”, refirió el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, luego de que el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, dijera que respalda a Andrés Manuel López Obrador rumbo a las elecciones presidenciales en 2018, y no al mandatario capitalino porque “fue atrapado por las corrientes” del Sol Azteca.
“Yo no le voy a pedir permiso al Presidente […] el Gobierno federal no decide absolutamente nada respecto a la posibilidad de que alguien pueda ser candidato”, sentenció el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, al ser cuestionado sobre si las declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto ponen en riesgo sus aspiraciones.

“No es fácil desmontar la red de complicidades que rodean a estos capos, pero lo vamos a lograr y es donde tenemos puesta la mira, la preocupación de la Sierra de chihuahua es nuestra y es algo que vamos a cumplir”, expuso Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, luego de que el pasado martes se le exigiera, a través de una manta colgada en un puente, que se deshaga del capo conocido como “El 80”.

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