Luis Raúl González refirió también que los compromisos asumidos por el Estado mexicano mediante diversos instrumentos internacionales “nos imponen honrar las obligaciones que en ejercicio de nuestra soberanía adquirimos con los sistemas universal y regional de derechos humanos”. Los señalamientos del ombdusman nacional ocurren días después de que el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) denunciará a la Procuraduría General de la República (PGR) por no respetar el acuerdo de confidencialidad y dar a conocer el tercer peritaje que se hiciera al basurero de Cocula.
Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dijo este día al presentar su informe de labores 2015 ante el Presidente Enrique Peña Nieto, que en el caso Iguala la verdad “no puede construirse o negociarse”.
González Pérez pidió al Gobierno de México respetar los compromisos adquiridos con instrumentos internacionales. Dijo además que la sociedad cada vez espera menos y desconfía más de las instituciones encargadas de impartir justicia.
“La verdad en este y en todos los casos es una, no puede construirse o negociarse y debe, necesariamente, desprenderse de las pruebas y elementos de convicción que obren en los expedientes, valorados y articulados en su conjunto, no de la apreciación aislada”, dijo el Ombudsman nacional.
Luis Raúl González refirió también que los compromisos asumidos por el Estado mexicano mediante diversos instrumentos internacionales “nos imponen honrar las obligaciones que en ejercicio de nuestra soberanía adquirimos con los sistemas universal y regional de derechos humanos”.
Los señalamientos del Ombdusman nacional ocurren días después de que el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) denunciará a la Procuraduría General de la República (PGR) por no respetar el acuerdo de confidencialidad y dar a conocer el tercer peritaje que se hiciera al basurero de Cocula.
Este día fue entregado al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Informe Anual de Actividades 2015, en el cual, el Ombdusman advirtió que la confianza en las instituciones gubernamentales se agravó por la falta de compromisos adquiridos en casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, investigación en la que coadyuva el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
González Pérez pidió sustentar con pruebas científicas la investigación del caso Iguala, “consolidando los medios de convicción que las sustentan, ya que, en caso contrario, podrían existir omisiones o deficiencias”.
En el Informe Anual de Actividades dice que la CNDH emitió 60 recomendaciones a autoridades federales, entre las que destaca el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por negligencia médica, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) por agresiones sexuales y desapariciones forzadas, la Procuraduría General de la República (PGR) por indebido proceso, el Instituto Nacional de Migración.
LA POLÉMICA POR EL TERCER PERITAJE
La tarde del viernes pasado, Ricardo Damián Torres, quien fue presentado por la PGR como el representante del Grupo de Expertos en Materia de Fuego que apoyan en la investigación del caso Iguala, dijo que “hay evidencias para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en Cocula”, al presentar los resultados preliminares del tercer peritaje en el tiradero.
Sin embargo, horas después, el GIEI de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, acusó a la PGR de romper el acuerdo de confidencialidad del proceso sobre el nuevo peritaje en el basurero de Cocula, así como los criterios establecidos en las bases del estudio. Los expertos dijeron además que la información difundida públicamente sobre el estudio no les fue explicada previamente ni es el “consenso de los expertos de fuego”.
El GIEI dijo en un comunicado que en febrero pasado el grupo firmó un acuerdo con la Procuraduría en el cual se establecieron las bases para realizar este nuevo estudio, además se estableció que los peritos debían guardar confidencialidad sobre el trabajo realizado y “que todas las fases del estudio se realizarían de consenso”.
“Este día el equipo de expertos en fuego entregó un estudio preliminar de sus conclusiones. Tras la entrega se entró en un proceso de diálogo sobre los pasos a dar. Es importante señalar que el GIEI tenía un acuerdo con la PGR para manejar conjuntamente y por consenso cualquier paso en relación con dicho estudio”, recalcaron los expertos.
Sin presentar de manera clara a los integrantes y sin explicar por qué había sido elegido, y aunque parecía que se había alcanzado un consenso, “se nos dijo sorpresivamente que la decisión que se había tomado era que el Sr. Torres saliera públicamente”, denunciaron los expertos.
El grupo de expertos de la CIDH anunció que “reconsiderará su trabajo en función de estas respuestas y llevará a cabo las acciones que considera necesarias para avanzar en el esclarecimiento del caso”.
A su vez, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa dijeron que tampoco fueron informados por la PGR del resultado del nuevo peritaje antes de que se diera a conocer públicamente.
El abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, lamentó que la PGR anunciara públicamente el resultado del estudio, que es de un “gran impacto” para los padres de las víctimas, “vulnerando” el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto de informarles previamente en caso de tener datos sensibles en torno al caso.
Mientras que la PGR señaló, por medio de un comunicado, que sí respetó el acuerdo de confidencialidad y que los resultados del tercer peritaje de fuego sobre lo acaecido en el basurero de Cocula entre los días del 26 y 27 de septiembre de 2014 fueron abiertos en presencia de Carlos Martín Beristáin, integrante del GIEI.
La dependencia aseguró además haber respetado la independencia del GIEI y reiteró su compromiso con la transparencia “dada la relevancia del asunto y considerando el interés público en torno a él”.
