Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).– Amnistía Internacional hizo un llamado a las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno para que se implementen “a la brevedad” las diversas recomendaciones que hizo el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, para hacer frente a la prevalencia de esta práctica.
De acuerdo con la organización, muchas de las conclusiones preliminares del Relator son acciones que Amnistía ha documentado por varios años, y por lo mismo el gobierno federal debe reconocer públicamente la gravedad de la situación constatada por el Relator, además de que debe, con urgencia, implementar las mediadas señaladas.
El Relator Especial visitó la semana pasada el país y calificó como generalizada la práctica de la tortura en México, especialmente utilizada frecuentemente como una técnica de investigación para la obtención de confesiones autoinculpatorias o conseguir información.
El enviado especial de la ONU también dijo que la tortura es practicada por las diferentes fuerzas de seguridad en los distintos niveles de gobierno, incluyendo a las Fuerzas Armadas.
Entre los puntos más importantes que menciona Amnistía similares los que destacó Méndez están:
- Las graves deficiencias identificadas en la implementación de salvaguardas para prevenir la aplicación de la tortura.
- Los vacíos aún existentes entre el momento de la detención y la puesta a disposición de las autoridades correspondientes, incluyendo la falta de registros adecuados y la detención en sitios no identificados.
- La prevalencia de ciertas figuras que incentivan el uso de la tortura, como el arraigo y una aplicación laxa de la detención bajo flagrancia.
También se identificaron múltiples deficiencias en la implementación del Protocolo de Estambul para la detección de señas de tortura, el cual no es aplicado de conformidad a los estándares internacionales y en muchas ocasiones es llevado a cabo meses, o incluso años, después de los hechos.
“Es preocupante la adscripción de los peritos oficiales a las procuradurías de justicia pues ello resta independencia e imparcialidad en su aplicación. Por ello, Amnistía Internacional respalda la recomendación del Relator Especial para fortalecer la aplicación de éstos peritajes, así como la aceptación y valoración en juicio de peritajes realizados por instancias o expertos independientes distintas a las procuradurías de justicia”.
La organización reitera el llamado al Poder Judicial tanto federal como estatal, a fin de que ninguna prueba obtenida bajo tortura sea admitida como válida en los procesos judiciales.
Asimismo, dice Aminstía, “las autoridades mexicanas deben asegurarse que en toda investigación de hechos de tortura o malos tratos, la carga de la prueba recaiga sobre el Estado y no sobre las víctimas”.
Finalmente, la organización hace un llamado a las autoridades a implementar con prontitud las recomendaciones emitidas por el Relator Especial con el fin de prevenir y erradicar la tortura en el país.
