Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).– Entre 2009 y 2012, 51 defensores del medio ambiente fueron agredidos en México, de acuerdo con datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). De esa cifra, 23 fueron asesinados y dos están en calidad de desaparecidos, informó el encargado de Defensa y de Políticas Públicas del CEMDA, Andrea Ulisse Cerami.

“Contamos con asesinatos en los últimos años, que conozcamos ninguno ha sido esclarecido. Hay este problema de acceso a la justicia para los defensores del medio ambiente. De hecho la falta de sanción de los responsables es otra medida que incentiva a volver atacarlos porque no hay cuidado para ellos”, explicó a SinEmbargo.

Las agresiones se dividen en 44 amenazas, 50 detenciones ilegales arbitrarias, 13 agresiones físicas, cuatro campañas de difamación, además de los asesinatos y las desapariciones. Pero las cifras que el CEMDA tiene pueden ser aún mayores, admitió.

“Tenemos el registro de casos pero creemos que pueden ser más porque muchos defensores ni siquiera denuncian. Creemos que haya más, hay casos que se acercan y nos dicen que tienen miedo de incluirlos”, explicó.

Para el activista, México es uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales. “Está entre los cinco países que ha recibido más denuncias”, dijo.

Con estas cifras, el país no tiene nada que celebrar en este Día Mundial del Medio Ambiente, consideró.

EL PELIGRO EN OAXACA

Las agresiones se dan en las situaciones en las que comunidades se oponen a vender sus tierras, a abandonar sus territorios para proyectos mineros, o se los imponen sin ser consultados, como es el caso de los parques eólicos en Oaxaca.

“Amenazas, hostigamientos y criminalización de la protesta, muchas veces en casos de megaproyectos la comunidad se manifiesta en contra y hay represión de las marchas, un uso indebido del sistema de justicia para fincar responsabilidad penal a los defensores ambientales, todo eso provoca una serie de dificultades en el ejercicio de la defensa del medio ambiente”, indicó Cerami.

De acuerdo con los registros de CEMDA, los estados con el mayor número de denuncias de agresiones son Guerrero y México, una situación que puede atribuirse a que es ahí donde más se han animado a hacerlo público.

“En Oaxaca ha habido muchos ataques por la instalación de parques eólicos y a defensa de las comunidades de sus tierras”.

Un estado que se distingue por su riqueza en recursos naturales es Chiapas, donde también se registran denuncias, añadió el abogado.

“Ha habido varias denuncias, sobre todo ligadas a mineras, se recuerda el caso de Mariana Abarca Romero, defensora de pueblos indígenas, que trabajaba sobre un caso de una minera y que fue asesinada. Esos casos son citados en el Informe de defensores de derechos humanos de la Alta Comisionada de Derechos humanos”, aseguró.

Hay intentos de protección para los defensores del medio ambiente, dentro del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, pero las fallas que ha tenido retrasa la ayuda.

A finales de marzo integrantes de la sociedad civil se retiraron de la Junta de Gobierno del Mecanismo en protesta por despidos ordenados por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Lía Limón García, y al considerar que a dos años del inicio de su funcionamiento no había sido capaz de salvaguardar al 100 por ciento la integridad de los defensores y fue hasta la primera semana que regresaron.

“Señalamos como hay falta de investigación y sanción de los responsables, que es la principal medida de prevención que se puede dar. A lo mejor es ignorancia pero desconocemos casos donde se haya detenido o sancionado al autor del ataque en el contexto mexicano, donde la misma oficina del Alto Comisionado habla de que 98 o 99 por ciento de los delitos quedan impunes. Los casos de defensores quedan en este tipo de cuestiones”, agregó.

La situación de la violencia en el país causada por el crimen organizado tampoco ayuda a la investigación ni la protección de los defensores, afirmó.

De las agresiones no están exentos los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

“En 2010 dos, uno de Profepa y otro de la comisión Nacional del Agua (Conagua) en una minera fueron asesinados en el estado de México. Ellos también son defensores, aunque trabajen para el Estado, porque defienden el medio ambiente y en ese sentido mucha gente recibe ataques que no han sido visibilizados”, explicó.

MÁS AGRESIONES

Carlos Chávez Reyes, integrante del Frente de Defensa de Wirikuta, compartió que en Real de Catorce, en San Luis Potosí, el año pasado hubo agresiones contra quienes se oponen al proyecto minero de extracción de plata en el ejido Potrero, que está cercano al pueblo mágico.

“En Real de Catorce habitantes que se oponen a la minería por los daños que ésta genera al medio ambiente, han sido agredidos de diferentes maneras. Un empresario  que se opuso fue golpeado, el caso fue documentado ante la Comisión de derechos humanos del estado”, dijo en entrevista.

De acuerdo con Chávez, fue un alto mando policiaco municipal el encargado de intimidar al empresario, por órdenes de la empresa encargada del proyecto, First Majestic Silver Gold.

A quienes se oponen los han amenazado con robarles sus propiedades y con violar a sus mujeres y a sus hijas, añadió.

AMBIENTALISTAS ENFRENTADOS

A inicios de mayo la ex Secretaria del Medio Ambiente durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, Julia Carabias, escribió en el diario Reforma que fue secuestrada durante dos días en la Selva Lacandona, Chiapas.

La integrante del Consejo directivo de la organización “Natura y Ecosistemas”, quien es una investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también es una defensora de los Montes Azules.

Aunque en distintos medios ha hablado sobre la situación de emergencia que vive la región por la extracción de sus recursos naturales, y ha dicho que en parte se debe a que la población crece exponencialmente, un dato destaca, de acuerdo con la directora de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Dolores González Saravia: no hay denuncia de parte de Carabias sobre su secuestro, a pesar de que las autoridades detuvieron a Gabriel Montoya, acusado del delito.

“Este tema del caso Carabias ha sido un poco raro. Nosotros hemos preguntado, estamos en la mediación del proceso y no hay denuncia judicial sobre el asunto, no hay investigación específica, es un caso un poco extraño. De hecho a Montoya se le retiran los cargos por secuestro y queda preso por una protesta que hizo hace 13 años. El tema es que no tiene una denuncia específica”.

González explicó a SinEmbargo que en Montes Azules hay un conflicto entre dos grupos de defensores del medio ambiente: el de Carabias, que busca proteger la selva, pero considera que debe expulsarse a las comunidades lacandonas, y el de ambientalistas que buscan preservar la selva, pero que no consideran necesario sacar a los lacandones.

“Ahora lo que quizá esté de fondo es que las comunidades tienen una idea de cómo han venido conservando la reserva y relación con la naturaleza y ha impedido que ésta sea saqueada por  empresas internacionales, y por otro lado el interés que hay de parte de algunos grupos ambientalistas de carácter más privado que publico que se despeje la zona de estas comunidades.  Es un nivel de conflictos muy complejo”, dijo la mediadora.

“En el caso de Montes Azules resultó que el asesor [Gabriel Montoya] que viene trabajando con la comunidad desde hace mucho tiempo, para clarificar cuál es el polígono de la comunidad lacandona, para ver cuál es el acuerdo con las comunidades colindantes, cuál es el plan para subsistir con un plan de manejo propio en la zona, a este asesor que ha jugado de defensor de las comunidades y de sus derechos colectivos de la comunidad y de su permanencia con un proyecto sustentable, es al que toman preso el día de la elección de las autoridades lacandonas el 16 de mayo, por lo cual revientan el proceso de elección de autoridades lacandonas”.

–¿A quién hay que atribuir que lo hayan  privado de la libertad?

–Fue el gobierno estatal, pero creo que la presión viene de sectores ambientales privados y una parte del sector ambiental federal ha estado presionando para el despeje de la zona, y el privado entiendo yo es el grupo de Carabias [Julia]. Es una disputa por el control de territorio.

La detención de Montoya fue violenta, con 16 disparos aunque no había elementos para apresarlo.

“Esta arena está en la arena política. Lo que las motiva es cómo se puede preservar mejor la reserva de la biosfera considerando los derechos de los indígenas”.

–¿En el caso de los que están con el gobierno federal, de qué organizaciones estamos hablando?

–La cara más visible es Julia Carabias, pero entendemos que hay una serie de financiamientos para la investigación de diferentes empresas nacionales e internacionales. No conozco los nombres pero si vas por la carretera ves que Telcel cuida mil jaguares. Hay muchos intereses involucrados, ni siquiera cuestiono el interés por cuidar la selva, pero lo cierto es que nosotros creemos que se debe buscar la conciliación.

Julia Carabias fue buscada ayer en su oficina de Natura, pero al cierre de esta edición no había respondido a la solicitud de entrevista de SinEmbargo.