En un país donde las elecciones de autoridades se dan bajo el control del poder político de los partidos y las influencias de ciertos sectores económicos, donde la corrupción y la impunidad han marcado el devenir, donde los contubernios entre poderes políticos y económicos llegan al grado de confundir a unos con otros, la posibilidad de que se elija un Fiscal General de la República independiente, libre de conflicto de interés, pone a los políticos y empresarios corruptos al borde de un ataque de nervios.

La corrupción en los gobiernos y en los partidos políticos es una práctica extendida por el planeta entero, reducida y controlada en varias naciones del norte de Europa donde existen fuertes controles autónomos, instituciones independientes, mecanismos de transparencia y estrictas regulaciones del conflicto de interés. Sin controles sociales, todo gobierno se dirige a la corrupción, el ejercicio del poder lleva inevitablemente en esa dirección si no existen la vigilancia y claras y duras sanciones contra esa práctica, contra el beneficio personal a partir de los recursos públicos.

En México la corrupción ha sido la práctica política imperante, salvo escazas excepciones, el enriquecimiento exprés ha sido el motor de las carreras políticas. Así, nuestro país se ha convertido en uno de los primeros lugares en el mundo en cuanto a corrupción e impunidad. Este ha sido el mejor caldo de cultivo para la delincuencia organizada y desorganizada, para la creación de una sociedad con profunda desigualdad, para una sociedad que pierde referentes éticos, de servicio, de comunidad.

En Brasil, España, Colombia, Guatemala y en muchos otros países, la confianza y esperanza en los partidos políticos se ha perdido totalmente y ha resurgido, en algunos casos, con las acciones de fiscales contra la corrupción. Son los fiscales los que han llevado a la cárcel a expresidentes, líderes políticos, legisladores, funcionarios públicos y una serie de empresarios y agentes a sus servicios, coludidos con los llamados servidores públicos.

Pensar en que puede llegar a ocupar el cargo de Fiscal General de la República en México un verdadero servidor público que comience a actuar como lo han hecho en otros países algunos fiscales para sacar a la luz los grandes actos de corrupción y que pueda llevar a la cárcel a un exmandatario, a legisladores, líderes de partidos políticos, empresario, cabilderos y todos los que se han involucrado en nuestro país en grandes actos de corrupción, pone al borde de un ataque de nervios a políticos y empresarios corruptos que se han coludido.

Imagínese usted cuántos cientos de políticos y empresarios mexicanos podrían ir a la cárcel si se iniciaran investigaciones sobre el uso de recursos y contratos en México. En una plática con una experta en investigaciones sobre el manejo transparente de recursos y rendición de cuentas de la ciudad de Nueva York, me confirmaba que la gran corrupción se da, sin duda, con las grandes obras. De ahí que el mayor escándalo que vivimos a escala regional en América Latina es justamente de una constructora, el caso de Obedrecht. Internamente vivimos el de OHL, una empresa que llegó a México con bonos basura y de la mano de ciertos políticos se apoderó del mercado de la construcción de las grandes obras.

El mejor ejemplo de los que puede ocurrir en México con un Fiscal independiente, sin compromisos políticos, y comprometido con el ejercicio efectivo de la ley, es el de Brasil. Varios ciudadanos brasileños me han comentado que son los fiscales los que tienen en este momento la mayor confianza de los ciudadanos de ese país. Los procesos de investigación de la corrupción entre políticos y empresarios han llevado a la cárcel a una serie de legisladores y políticos de muy diversos partidos, a funcionarios de la empresa Petrobras, a dueños de otras empresas privadas, a cabilderos, etcétera. Las sentencias van de 2 hasta 23 años y la lista de sentenciados es larga y sigue creciendo.

Ningún partido ha quedado limpio en este proceso, desde el PT hasta la derecha gobernante. Denuncias contra 5 ministros del actual presidente de Brasil, contra los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, legisladores y contra más de 200 personas sin fuero.

Las denuncias contra el expresidente Lula Da Silva hablan de montos que suenan ridículos frente a los montos no comprobados y desviados de varios de los exgobernadores mexicanos a los cuáles se les siguen procesos, en la mayoría de los casos, muy débiles, por una PGR que no da señales de interesarse en avanzar. No vemos denuncias firmes frente a Javier Duarte quien enviaba dinero en efectivo en aviones al Estado de México.

El caso de Obedrecht es público, se ventila en los medios y está llevando a la investigación de presidentes y expresidentes en la región. En México se conoce el caso a través de los medios, a través de la prensa internacional. Las investigaciones que conocemos en México por corrupción la han hecho los periodistas, no la PGR, las investigaciones más recientes las conocemos por organizaciones civiles, no por la PGR.

La investigación por corrupción en Brasil conocida como Lava Jato o “autolavado” se ha extendido hasta 1997, al gobierno de Fernando Henrique Cardoso, cuando comenzó a instalarse un mecanismo de comisiones. Estas investigaciones han incluido el descubrimiento de la donación de 98 millones de reales por parte de empresas a los candidatos a la presidencia en la segunda ronda de 2014. Por su parte, un socio importante de la Red Globo, el máximo canal de comunicación de Brasil, ha sido nombrado numerables veces envuelto en estos actos de corrupción.

Existe actualmente una profunda crisis en el legislativo y tiene, en mucho, relación con el nombramiento del Fiscal General de la República (FGR), en que el “establishment” busca llevar al actual Procurador de la República al cargo de FGR y quienes se oponen. El PAN se encuentra enlodado en esta situación más allá de las declaraciones que hagan en sentido contrario quienes han tomado la presidencia del Senado. El senador Cordero recibió el voto del priismo para ocupar la presidencia del Senado, el partido que quiere al Dr. Cervantes, actual Procurador General de la República y militante de ese partido, como FGR. Lo anterior hace suponer que hay un acuerdo entre ese grupo del PAN ligado al expresidente Calderón y el priismo. Y de ahí se vienen muchas preguntas: ¿es para garantizar la protección desde la FGR de dos administraciones o es solamente un acuerdo del PRI para contribuir a que un grupo más aliado tome el control del PAN, o es para ambos?

Con un FGR independiente, millones de documentos reservados podrían salir a la luz, miles de investigaciones podrían ir al fondo, nuestro país podría dar un paso importante en un cambio urgente, los ciudadanos podríamos comenzar a tener cierta esperanza en nuestro sistema de gobierno.

Por un Fiscal General de la República que cumpla con los criterios de independencia y libertad de conflicto de interés.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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