Asunción, 5 oct (EFE).- La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (Fapi), formada por 12 organizaciones de pueblos nativos en Paraguay, rechazó hoy el recorte de casi el 50 por ciento del presupuesto para el desarrollo de las comunidades indígenas previsto por el Gobierno para 2016.
El presupuesto para el 2016 elaborado por el Ministerio de Hacienda de Paraguay reduce a casi la mitad la asignación destinada al Instituto Nacional del Indígena (Indi), ente encargado de fomentar el desarrollo de los pueblos nativos, los más afectados por la pobreza en el país suramericano.
La rebaja es equivalente a unos 40 mil millones de guaraníes (unos 7.5 millones de dólares) en comparación con los recursos aprobados para el año en curso, que alcanzaron la suma de 107 mil millones de guaraníes (unos 20 millones de dólares).
Este recorte presupuestario “no va a hacer otra cosa que truncar el vínculo y fortalecimiento de alianzas entre los pueblos y organizaciones indígenas con el Indi”, manifestó el presidente de la Fapi, Hipólito Acevei, en un comunicado emitido hoy por la Federación.
Según Acevei, la rebaja en la partida presupuestaria del Indi “afecta directamente las políticas de atención general y social” que buscan responder a las demandas de los pueblos indígenas.
Por ello, solicitó al Congreso y a la Comisión Bicameral de Presupuesto “revisar y aumentar los fondos del Indi que son destinados para políticas públicas (que no deben ser solo asistencias) para poder construir un país más digno, igualitario y respetuoso”.
La población indígena paraguaya asciende a unas 120 mil personas, aproximadamente el 2 por ciento del total, y el 76 por ciento de ellos se encuentra en situación de pobreza extrema, según datos del Indi.
La mayoría de las comunidades de los 20 pueblos nativos de Paraguay sufre de falta de tierras para subsistir, acceso a electricidad, agua potable, caminos, educación y salud pública.
El Indi también está encargado de dar respuesta a las tres sentencias en las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado en los últimos 10 años al Estado paraguayo por violar los derechos básicos de tres grupos de indígenas.
El cumplimiento de estas sentencias incluye el pago de expropiaciones de tierras, entre otros grandes gastos.
Las comunidades afectadas por las sentencias son Sawhoyamaxa, Yakye Axa y Xakmok Kasek, a las que la Corte Interamericana dio la razón y que esperan desde hace años que el Estado les facilite volver a instalarse en sus tierras ancestrales, de donde fueron expulsados ilegalmente por ganaderos.
