Según González, que también está detenido, Pérez Molina y Baldetti recibían el 50 por ciento de los sobornos que él recolectaba de los miembros de la red.

Guatemala, 5 oct (EFE).- El ex Presidente de Guatemala Otto Pérez Molina y la ex Vicepresidenta Roxana Baldetti volvieron a ser incriminados hoy por el caso de una red que defraudó más de 3 millones de dólares al Estado, esta vez por un ex funcionario considerado una pieza “clave” en la trama de corrupción.

“Quiero manifestar que no soy el líder de esta estructura, no lo soy, y si aquí estuvieran presentes cualquier miembro del Gabinete, el señor Presidente [Pérez Molina] o la señora Vicepresidenta [Baldetti] les puede asegurar que en ese Gobierno no se hacía nada sin el conocimiento y aprobación de ninguno de los dos”.

Esas fueron las primeras declaraciones ante el juez del caso “La Línea”, Miguel Ángel Gálvez, de Juan Carlos Monzón Rojas, ex Secretario privado de Baldetti, quien se entregó este mismo lunes a las autoridades después de permanecer prófugo desde el pasado abril, cuando se destapó el caso de corrupción aduanera.

Monzón explicó en el Juzgado B de Mayor Riesgo que recibía instrucciones de Baldetti, quien renunció a la Vicepresidencia en mayo a causa del escándalo y permanece en prisión preventiva desde agosto pasado a la espera de saber si será enjuiciada.

Baldetti y Pérez Molina, quien se vio forzado a dimitir el 3 de septiembre y un día después ingresó a prisión por orden del juez Gálvez, ya habían sido acusados la semana pasada por el empresario Salvador Estuardo González, alias “Eco”, de ser los líderes de “La Línea”.

Según González, que también está detenido, Pérez Molina y Baldetti recibían el 50 por ciento de los sobornos que él recolectaba de los miembros de la red, desmantelada por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) el pasado 16 de abril.

Tanto Pérez Molina como Baldetti han defendido su inocencia, e incluso el expresidente ha dicho ser víctima de un complot al que estaría vinculado Estados Unidos.

Monzón, quien fue secretario privado de Baldetti entre 2012-2015, se entregó este lunes a la Justicia por entender que ya existen condiciones para que las autoridades garanticen su vida.

Confesó su participación en “La Línea” y dijo estar dispuesto a colaborar para que se sepa “la verdad”, porque tiene “la otra mitad de la historia”.

Relató que la cantidad de dinero que según las investigaciones defraudó la red en las aduanas, unos 28.55 millones de quetzales (3.7 millones de dólares) “está fuera de la realidad”, sin ofrecer más detalles ahora para “no correr ningún riesgo”.

Monzón, de 47 años y administrador de empresas, dijo que la evasión fiscal en Guatemala es de 15 mil millones de quetzales anuales (unos mil 948 millones de dólares), y exigió a los medios que se divulgue los nombres de los empresarios que han defraudado a las aduanas por años.

El imputado negó haber recibido 2.3 millones de quetzales (298 mil 700 dólares) de dos supuestos integrantes de la red corrupta, así como haber tenido relación con Carlos Muñoz, el ex titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

A Muñoz, uno de la treintena de detenidos por el caso “La Línea” “sólo le transmitía instrucción de la señora vicepresidenta”, afirmó Monzón.

Durante la audiencia el fiscal del MP, José Morales, presentó más de una veintena de escuchas telefónicas y fotografías para sustentan la acusación de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera contra Monzón.

El exfuncionario se negó a responder el interrogatorio del fiscal tras argumentar que desde el inicio de la diligencia pidió protección antes de revelar la verdad.

“Me presenté voluntariamente (…) quiero pedir disculpas a usted, al pueblo, a mi familia, esposa y mis hijos, a mis señores padres y a todas mis amistades por haber participado en esta estructura”, dijo Monzón al juez, a quien reiteró que solo seguía órdenes.

Tras la acusación formal, el juez anunció que mañana en una audiencia resolverá el futuro legal del exfuncionario, si lo liga a proceso o no y si le dará medida sustitutiva o prisión preventiva.

Gálvez ordenó la prisión provisional de Monzón para garantizar su vida, como él mismo lo solicitó este lunes.

El juez dijo que la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario (SP) deben proteger al ex funcionario en la cárcel de Pavoncito, a unos 22 kilómetros al sureste de la capital, a donde lo envió de forma provisional.