El Ejecutivo, que presentó dichas propuestas hace dos semanas ante el Congreso, pide celeridad para poder ejecutar “a la mayor brevedad posible” labores de prevención y combate de la criminalidad y la violencia.

El Gobierno propuso ante la Asamblea Legislativa la creación de un impuesto del 10 por ciento sobre los servicios de telecomunicaciones y la transferencia de dispositivos, que permita financiar sus planes de seguridad.

La propuesta del impuesto, denominado Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, fue presentada a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, por el Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y el Ministro de Seguridad, Benito Lara.

El objetivo del impuesto sería establecer una contribución para que la seguridad sea pagada por “los usuarios y revendedores de servicios de telecomunicaciones” y los fondos recaudados se utilizarán en la “ejecución de las acciones previstas” en el Plan El Salvador Seguro.

No obstante, le propuesta del Ejecutivo no recibió el beneplácito del Congreso, que todavía no tomó una decisión al respecto, pese a que el Gobierno propuso, para mitigar el gravamen en los bolsillos de los salvadoreños, reducir las tarifas en la telefonía fija y móvil, para lo que llegó a un acuerdo con las diferentes operadoras.

En este sentido, el secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo este lunes que el Gobierno “reducirá hasta un 13.86 por ciento las tarifas de telefonía, lo que permite que la propuesta de contribución especial presentada por el Ejecutivo no genere un mayor impacto en la economía de la población salvadoreña”.

Para el Secretario, la seguridad “debe ser una prioridad de país, y en ese sentido debemos de contribuir todos, la sociedad, el Gobierno y la empresa privada”.

Agregó que el Ejecutivo espera que la Asamblea Legislativa llegue a un acuerdo en los próximos días sobre las diferentes propuestas que se encuentra analizando y “que permitirán inyectar los recursos necesarios para que las instancias de seguridad puedan avanzar en el combate al flagelo de la violencia”.

“Las propuestas ya están analizadas, realmente ya es un tema de voluntad política, de tener los votos en la Asamblea Legislativa; hoy por hoy no ha habido disposición del resto de grupos parlamentarios de acompañar la propuesta del Gobierno de que haya recursos”, señaló.

El funcionario reiteró que el Gobierno estuvo abierto a escuchar otras propuestas que resulten viables para obtener recursos que permitan ejecutar los planes de seguridad y mejorar las condiciones de los elementos de la Policía Nacional Civil, “pero al final es la Asamblea Legislativa la que debe llegar a un acuerdo”.

“Nosotros estamos abiertos a que esto (propuesta de Contribución Especial) se modifique, lo importante es que tengamos recursos para la Policía, para que las autoridades de la seguridad pública puedan seguir profundizando el combate al crimen, el desmantelamiento de las pandillas y la desorganización del crimen organizado”, dijo.

Explicó que el Gobierno también analizó las diferentes propuestas presentadas por las distintas fracciones políticas y “aunque algunas resultan viables, no dan los recursos suficientes que necesita el Estado para combatir la inseguridad”.

Lorenzana manifestó que “hay otras propuestas, como el cargo a las empresas que tienen utilidades mayores de 500 mil dólares, pero eso ya le corresponde a la Asamblea”, aunque no explicó la postura del Gobierno en este sentido.