Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).– En la Cámara de Diputados inició la discusión de la Reforma Política-Electoral, enviada por el Senado, con una polémica sobre la legalidad del debate legislativo.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, aprobado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), se determinó que la minuta de Reforma Política no se enviará a la Comisión de Puntos Constitucionales para su deliberación, sino que se remitiera directamente al pleno para ser discutida y, eventualmente, aprobada.

Esta situación fue reprochada por las bancadas de izquierda, quienes alegaron que el acuerdo viola la Constitución y la legalidad parlamentaria.

“Yo invito y apelo a la sensibilidad de este pleno, incluso invito a todos mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRD, que si este pleno decide atropellar el derecho a debatir a los diputados que conformamos la Comisión de Puntos Constitucionales, este pleno cargará con la responsabilidad y la vergüenza pública y sentará el primer precedente de uno de los peores atropellos y desaseos legislativos”, sostuvo en tribuna el Diputado del PRD, Julio César Moreno.

Desde otra óptica, el Diputado del PRI, Francisco Arroyo Vieyra, explicó que la premura por discutir y aprobar la minuta de Reforma Política-Electoral se debe a que en pocos días terminará el periodo ordinario y el otro se abrirá hasta el primero de febrero del 2014.

“Más que nosotros quienes tienen prisa son los mexicanos. Este país ha estado a la espera de reformas durante mucho tiempo. Es cierto que las reformas no van a dejar contentos a todos, pero creo que era mucho más importante arriesgarnos a hacer propuestas o a quedarnos en la mediocridad en la que desgraciadamente estábamos viviendo”, indicó el priista.

Así transcurrió la sesión, con oradores a favor de saltar procedimientos legislativos en pro de economizar tiempo y quienes consideran inapropiado, y hasta ilegal, prescindir de ellos.

CARTAS CIUDADANAS

En medio de la apresurada discusión de la Reforma Política en el Congreso de la Unión, las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática presentarán este jueves tres iniciativas que fortalecerán la participación ciudadana en la democracia nacional.

La propuesta consensuada por las tres principales fuerzas políticas, atiende el compromiso 93 del Pacto por México, que plantea expedir las leyes reglamentarias en materia de candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, iniciativa preferente y consulta popular, como parte integral de la Reforma Política.

Estos nuevos instrumentos de inclusión y participación de la ciudadanía en la vida política, recibirán un carácter especial en las comisiones de San Lázaro, pues se pretende sacar cuanto antes un dictamen que se ponga a votación ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Por cierto, la legislación secundaria que regule los instrumentos de iniciativa ciudadana y consulta popular, ha sido una demanda de diversos actores de la sociedad civil desde que se implementó la reforma constitucional en materia electoral, el 9 de agosto de 2012.

INICIATIVA CIUDADANA

En lo que respecta a iniciativa ciudadana, la reforma constitucional de 2012, estableció la posibilidad de que personas que no sean ni el Presidente de la República, ni legisladores, puedan presentar iniciativas para reformar alguna Ley que consideren necesaria sobre cualquier tema.

Para presentarla, deberá estar respaldada por ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, esto es, alrededor de 105 mil electores.

Los problemas para implementar esta figura quedó de manifiesto en el primer cuatrimestre de este año, cuando un grupo de organizaciones civiles entregó a senadores de los tres principales partidos políticos la iniciativa completamente ciudadana “Libre Internet para Todos”.

La iniciativa “Libre Internet para Todos” fue construida por activistas, abogados y expertos en tecnologías digitales y firmada por 72 mil ciudadanos. Aunque los senadores la recibieron de buen agrado, al interior del Senado quedó claro que no había mecanismos para permitir el tránsito de esta propuesta ciudadana, fuera de los acuerdos políticos exprés.

La propuesta tripartita establece las formalidades de la presentación de la iniciativa ciudadana, un mínimo de normas adjetivas sobre su tramitación, y lo relativo al contacto institucional que los Presidentes de cada Mesa Directiva deberán tener con el Instituto Nacional Electoral para la verificación del porcentaje señalado.

Reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) el ordenamiento que regula las facultades del INE, detalla la intervención del Instituto, así como lo relativo a los medios de impugnación que contra determinados actos pueden interponer los ciudadanos.

En primer lugar, la reforma establece el derecho de los ciudadanos de iniciar leyes o decretos en un número equivalente a cuando menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores.

• Prevé el procedimiento legislativo para regular la participación de los ciudadanos a través de la formulación de iniciativas y con ello canalizar la voluntad popular en forma legítima, mediante las siguientes formalidades:
• Presentarse por escrito ante el Presidente de la Cámara de Diputados o de Senadores; y en sus recesos, ante el Presidente de la Comisión Permanente;
• Contener los nombres completos de los ciudadanos y su firma, además de la clave de elector y CURP de la credencial para votar con fotografía vigente;
• Señalar el nombre completo y domicilio de representante para recibir notificaciones;
• Identificar plenamente toda la documentación, señalando en la parte superior de cada hoja el nombre del proyecto de decreto que se propone someter;
• El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen solicitará de inmediato al Instituto Nacional Electoral, la verificación del requisito del 0.13 por ciento de la lista nominal de electores;
• El Instituto Federal Electoral contará con un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la recepción del expediente para la realizar la verificación que se refiere el inciso anterior.

INICIATIVA PREFERENTE

La reforma de 2012 introdujo la iniciativa preferente en el artículo 71 constitucional, y estableció que el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en períodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen.

La iniciativa preferente fue creada con el propósito de establecer un plazo máximo de 60 días para que cada cámara, de Diputados y de Senadores, dictamine y vote propuestas que el gobierno de México considere como prioritarias.

Esta figura fue utilizada por primera vez por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, el primero de septiembre de 2012. Ese día presentó una iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo, la cual fue conocida popularmente como Reforma Laboral; y otra para cambiar diversos artículos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

No obstante los buenos deseos, la iniciativa preferente carecía de reglamento y la propia la Constitución no aclaraba qué plazos deben respetar los legisladores, en caso de que el documento sea modificado por alguna de las cámaras revisoras.

Esa situación será aclarada, con la reforma presentada por las tres principales fuerzas políticas, que propone reformar las leyes Orgánica del Congreso General y de la Administración Pública Federal.

En la primera, se articula su procedimiento en cada Cámara; se precisan las atribuciones de las Mesas Directivas y Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, así como el plazo especial para constituir las comisiones que conocerán la iniciativa preferente.

En la segunda, se adjudica a la Secretaría de Gobernación la atribución de comunicar el señalamiento formal del Presidente de la República del carácter preferente de la o las iniciativas.

CONSULTA POPULAR

La iniciativa tripartita también regula el derecho de los ciudadanos a “Votar en las consultas populares” respecto de temas de trascendencia nacional; regula su Convocatoria; los sujetos legitimados para solicitarla; la exclusión de temas que no son susceptibles de consulta; y la intervención del INE.

La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral y su resultado de la consulta es vinculante.

Con esta iniciativa se resuelve también una diferencia que se había desatado las últimas semanas, cuando el PRD en el Senado denunció que la Cámara de Diputados preparaba una iniciativa en materia de consulta popular que no pudiera tocar temas ya resueltos por el Congreso o que sus resultados no serían vinculantes.

Esto, con clara dedicatoria a la consulta popular propuesta por el PRD en materia de reforma energética, para preguntar a la ciudadanía en 2015 si mantiene la reforma que eventualmente se aprobará en este 2013.

El líder de los coordinadores del PRD en San Lázaro, Silvano Aureoles, afirmó que la polémica quedó resuelta. “Lo que se tenían dudas era el artículo 30, se elimina y se resolvió la preocupación que teníamos nosotros”, sostuvo.

En otras palabras, se determinó que serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión, así como actos administrativos del Ejecutivo Federal:

• Siempre que sean de trascendencia nacional;
• Que repercutan en la mayor parte del territorio nacional;
• Que impacten en una parte significativa de la población;
• Que propongan la creación, modificación o eliminación de políticas públicas que repercutan en la mayor parte del territorio nacional o impacten en una parte significativa de la población;
• Que propongan legislar sobre nuevas leyes o modificaciones a las existentes que impacten en una parte significativa de la población; y
• Los que determine el Congreso de la Unión.

Los presidentes de las mesas directivas de las cámaras del Congreso solicitarán a la Suprema Corte resuelva sobre la constitucionalidad de en materia de las consultas populares.

Para efectos de que el Congreso de la Unión emita la Convocatoria, la materia objeto de la consulta deberá ser previamente declarada constitucional por el Pleno de la Suprema Corte y tratándose de peticiones ciudadanas además haya calificado la trascendencia nacional.