Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).– El Jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera Espinosa, cumple hoy dos años del inicio de su gestión, con una impopularidad creciente; críticas por la actuación represiva de elementos policiales durante las protestas ciudadanas; señalamientos de una cercanía, cuando no subordinación, con el gobierno federal priísta, y remociones recientes de funcionarios de su círculo cercano.
El 14 de marzo de 2013, Mancera Espinosa –quien sin ser militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD, el partido político que apoyó su candidatura, superó a sus antecesores perredistas en las urnas al obtener 63.5 por ciento de la preferencia electoral– llegó a los primeros 100 días de su gestión con una aprobación de 47.5 por ciento, de acuerdo con un sondeo hecho entonces por el diario Reforma.
Ese periódico ha repetido periódicamente el ejercicio de medir la aprobación de los capitalinos al Jefe de Gobierno. Lo que ha mostrado es que ésta ha ido en picada, mientras que la desaprobación a su gestión ha aumentado. En su más reciente encuesta, que data del 28 de julio pasado, la desaprobación al trabajo de Mancera alcanzaba ya el 60 por ciento.
Por esos días habían sido establecidas nuevas disposiciones al programa Hoy No Circula, que desde entonces restringen la circulación de los automóviles con una antigüedad mayor a 15 años, por lo que el gobierno capitalino se apresuró a justificar que la impopular medida había sido la causa de ese descenso en la aprobación de Mancera.
Sin embargo, una evaluación similar ha sido realizada trimestralmente por el periódico El Universal, con los mismos resultados: una caída constante de su aprobación, simultánea al crecimiento de los ciudadanos que desaprueban cómo desempeña su papel como Jefe de Gobierno. Su encuesta más reciente, publicada apenas el pasado 1 de diciembre, exhibe un nivel de desaprobación de 61 sobre 100.
Pero no sólo es eso: 83 por ciento cree que los problemas están rebasando a Mancera y 41 por ciento no percibe ningún logro de su gestión.
Para Ivonne Acuña Murillo, profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, resultados como esos son indicadores de cómo la gran expectativa que había entre los capitalinos cuando Miguel Ángel Mancera llegó al poder se ha ido desmoronando.
En lugar de ello, dijo, ahora los ciudadanos lo están reprobando, sobre todo con base en lo que es más visible: la postura represiva que ha tomado respecto a la actuación de la policía durante las manifestaciones en las que participan jóvenes, en su mayoría estudiantes.
EL CONTROL DE LAS CALLES
Las más recientes acusaciones de agresiones por parte de policías y de detenciones arbitrarias durante manifestaciones ocurrieron el pasado 1 de diciembre, justo al cumplirse dos años del arribo del Presidente Enrique Peña Nieto al poder.
Aquel día de 2012, también, el papel de la policía capitalina en el manejo de manifestaciones sociales dio un viraje, de la estrategia preventiva a la “razia” y el “garrote”, como dijeron en días pasados activistas consultados por SinEmbargo.
Si bien Mancera Espinosa no había asumido el cargo de Jefe de Gobierno para entonces, no se deslindó ni sancionó a los responsables de las agresiones y detenciones arbitrarias de manifestantes.
Por el contrario, consideró el activista Daniel Gershenson, dos personajes que participaron en el operativo policiaco de ese día continúan en el gabinete del ex Procurador capitalino: Jesús Rodríguez Almeida, actual Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), y Luis Rosales Gamboa, subsecretario de Operación Policial de la misma Secretaría.
“Ahí puedes ver señales muy claras, yo diría inequívocas, de que se está premiando a dos elementos que en otras circunstancias, en otros contextos, debieron haber sido cesados. Esa primera señal ha sido confirmada con otros eventos como el 2 de octubre de 2013, con los encapsulamientos, la presencia de policías ministeriales vestidos de civil, porque el ex Procurador está en la misma línea, una que ve a la manifestación, a la disidencia, como un fenómeno que afea la ciudad, la bloquea”, comentó.
Desde aquel 1 de diciembre de 2012, el excesivo uso de la fuerza pública en las protestas sociales, la falta de protocolos en la actuación de elementos de la SSPDF y las detenciones arbitrarias han sido constantes en las movilizaciones; los ejemplos más recientes ocurrieron en las últimas manifestaciones por los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos forzadamente el pasado 26 de septiembre.
En ese contexto, el coordinador del Programa Internacional de Protección de la organización Artículo 19, Ricardo González, dijo que la actitud “represiva” de la policía capitalina ha sido cada vez más recurrente en la administración de Mancera Espinosa, principalmente cuando se coordina con la Policía Federal.
El abogado y activista Jesús Robles Maloof agregó que el Jefe de Gobierno había tomado una posición en contra de la protesta pública, además de haber duplicado el presupuesto de vigilancia, pero no para la seguridad social sino para el control.
Acuña Murillo recordó que anteriormente la presencia de policías durante las manifestantes eran para cuidar a los manifestantes, no para agredirlos.
“Justo lo que estamos viendo ahora es lo contrario: una política autoritaria y represiva en contra de la manifestación pública, pero muy en particular aquélla que cuestiona al régimen federal, porque no podemos hablar de una represión generalizada contra todos los grupos que todos los días se manifiestan en la ciudad. Tenemos múltiples marchas todos los días, y no se da el mismo tratamiento a todas las marchas, sino de manera destacada a las que participan jóvenes, estudiantes, que están cuestionando el régimen federal”, dijo.
Gershenson y Acuña Murillo coincidieron en que la “visión autoritaria” de Mancera podría estar relacionada con su formación y trayectoria profesional, ligada al sistema de procuración de justicia.
Sin embargo, la académica de la Universidad Iberoamericana dijo que no advertía un cambio en su actuación para los próximos cuatro años de su gobierno, pese a las críticas y el creciente rechazo ciudadano.
DECISIONES IMPOPULARES
Durante su campaña electoral, Mancera Espinosa dijo que las áreas prioritarias de su administración serían la seguridad, la educación, el desarrollo de los programas sociales, y la atención de la ciudadanía con acciones como la pavimentación y el rescate de espacios urbanos. También aseguró que el Distrito Federal ya no sería una ciudad en construcción, sino una urbe de grandes obras.
Pero tras dos años de gestión, más de la mitad de los capitalinos considera que la inseguridad y la violencia son los principales problemas que enfrentan la capital del país actualmente, de acuerdo con las encuestas publicadas por medios nacionales.
Si bien es el 59 por ciento de los ciudadanos quienes perciben esos problemas como los más graves, no es desdeñable el 11 por ciento que considera que la corrupción es el principal problema de la ciudad ni al 6 por ciento que prioriza la mala administración, el 5 por ciento que ve el mayor problema en la crisis económica y al 3 por ciento que cree que es el desempleo.
Para Telésforo Nava Vázquez, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Iztapalapa, Mancera no ha dado una respuesta suficiente a los problemas cotidianos que enfrentan los habitantes del Distrito Federal.
En el tema social –área de la política pública que fue prioritaria para sus antecesores– esencialmente ha dado continuidad a los programas que le legaron, coincidieron Nava Vázquez y Acuña Murillo.
“Sobre eso no ha habido ninguna novedad”, expresó el politólogo de la UAM. “Por otro lado, sí ha habido serios problemas”, dijo refiriéndose a acciones como el cierre parcial de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, desde marzo pasado; el aumento al costo del transporte público; y los cambios al programa Hoy No Circula, que plantearon más restricciones para la circulación de automóviles con mayor antigüedad.
Los académicos coincidieron también en que se trataron de medidas impopulares que han marcado los dos primeros años de la gestión mancerista.
El pasado 28 de agosto, Mancera formalizó su primer propuesta relevante, que consiste en aumentar el salario mínimo de 67. 29 a 82.86 pesos, y luego un incremento gradual hasta alcanzar 171.03 pesos.
El 28 de noviembre presentó medidas que acompañan a esa propuesta: aprobar la Unidad de Cuenta para desvincular el salario mínimo para calcular multas, pagos de impuestos o cualquier otro pago que se deba hacer a la administración capitalina, y la iniciativa del Proveedor Salarialmente Responsable, que contempla beneficios fiscales para los empresarios que otorguen el salario mínimo de 82.86 pesos a sus empleados a partir de enero próximo.
La propuesta de un aumento al salario mínimo llegó después de las otras decisiones que generaron un amplio rechazo en la ciudadanía.
Murillo Acuña hizo un balance entre las acciones que ha tenido el gobierno de Mancera y su actitud frente a la protesta social.
“Pareciera que Mancera está volviendo al patrón paternalista autoritario del PRI clásico, es decir, te doy hasta donde se puede, te proveo hasta donde puedo, mantengo los programas sociales, ofrezco obra pública pero restrinjo la participación política y restrinjo la libertad de expresión y la libertad de manifestación”, ilustró.
Nava Vázquez opinó que las medidas impopulares han sido acciones deliberadas para dañar al partido que lo llevó al poder.
“La conclusión que yo saco es que Mancera ha estado trabajando para perder las elecciones para que el partido, del que se jacta de que no es [PRD] pierda las elecciones. ¿De qué otra forma se entendería aplicar así políticas de manera tajante que son muy lesivas a la mayoría?”, cuestionó.
CERCANÍA CON PEÑA NIETO
El politólogo también es tajante al referirse a la cercanía de Mancera con el gobierno federal, actitud que no se había visto de forma tan contundente con los anteriores jefes de gobierno.
“Ha sido un gobierno completamente ligado al PRI, muy subordinado al gobierno de Peña Nieto, eso es demasiado evidente”, dijo.
Para él, la “represión” de las manifestaciones han sido la mejor evidencia de esa cercanía.
Sin embargo ha habido otros momentos en que la cercanía con el gobierno federal, de extracción priísta, le ha generado críticas a Mancera. Uno de ellos fue el incidente del pasado 2 de septiembre, cuando la plancha del Zócalo capitalino fue usada como estacionamiento por quienes asistieron a Palacio Nacional al mensaje que dio el Presidente Peña Nieto.
Para muchos, la permisividad de ocupar la principal plaza del país como estacionamiento, sumada a la tardía y tibia respuesta que dio, fue muestra de una aparente subordinación del Jefe de Gobierno.
Murillo Acuña calificó de “reduccionista” la idea de que Mancera sea un “lacayo” del gobierno federal, pues afirmó que parte de la “visión autoritaria”que tiene el Jefe de Gobierno bien puede provenir de sí mismo y de cómo quiere conducir su gobierno; además, subrayó que la relación cercana entre los gobiernos local y federal “no necesariamente tendría que ser algo reprobable, porque tiene que haber una coordinación para que las dos instancias operen”.
No obstante, señaló que en este caso lo que sí parece haber es “una coordinación en esa idea de mano dura contra cierto tipo de manifestantes”.
CONTINUIDAD DE LOS PROBLEMAS
La encuesta del diario Reforma de julio pasado no sólo mostró el creciente rechazo ciudadano a la gestión de Mancera, sino también la opinión de los capitalinos respecto a cómo se abordan temas concretos.
En varios de ellos las tendencias también fueron desfavorables, como el comercio ambulante, el transporte público, el medio ambiente, las obras viales y públicas la seguridad y la corrupción.
Nava Vázquez mantiene una apreciación similar a la que exhibió esa encuesta. Por ello es que enlistó problemáticas concretas como la falta de baches en las vialidades y el desabasto y la mala calidad del agua en Iztapalapa.
Pero también se refirió a problemas estructurales: la corrupción que permea a dependencias, organismos y delegaciones en el Distrito Federal y la impunidad con que se conduce la clase política local.
Al respecto, ofreció dos ejemplos: el hecho de que las sanciones por las irregularidades en la Línea 12, que provocaron su cierre parcial y aún ahora afectan a miles de ciudadanos todos los días, hayan sido sólo a funcionarios menores, cuando tendrían que haber llegado hasta el ex Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, a decir del especialista, y el que un funcionario como Joel Ortega Cuevas, quien fue removido de su cargo como titular de la SSPDF por su responsabilidad en el caso de la discoteca News Divine, haya sido “premiado” con la dirección del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), tras haber sido el coordinador de la campaña electoral de Miguel Ángel Mancera.
Un hecho más reciente se podría sumar a la consideración de Nava Vázquez: las remociones del Oficial Mayor del gobierno capitalino, Édgar Armando González Rojas, y su par en la Asamblea Legislativa de Distrito Federal (ALDF), Josué Ramos Miranda, luego de que el grupo de hackers Anonymus difundiera grabaciones exhibiéndolos de supuestos actos de corrupción.
En el caso de González Rojas, entre septiembre y octubre se difundieron grabaciones donde el funcionario supuestamente negociaba la adquisición de consumibles como llantas y equipo de oficina con sobreprecios, mientras que Ramos Miranda fue acusado de supuestamente tener vínculos con miembros del crimen organizado.
Ambos funcionarios renunciaron para que se les investigue por estas acusaciones.
Si bien hechos como estos se suman al desprestigio del gobierno de Mancera, comentó Acuña Murillo, lo que definirá qué tanto peso tendrán para el mandatario local será la forma en que actúe frente a ellos.
