Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).– En octubre del año pasado una comisión de 30 funcionarios encabezados por José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), se presentó en Ginebra, Suiza, para participar en la segunda ronda del Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solo con una lista de buenas intenciones y logros legislativos, pero sin resultados concretos.

México llegó con las manos vacías y a cambio recibió 176 recomendaciones, casi el doble de las que obtuvo hace cuatro años, en 2009, cuando se realizó la primera evaluación. Es decir, el país fracasó rotundamente y no sólo no cumplió, sino que sumó más puntos a su “lista negra”.

Ese mismo día el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, dio a México una calificación de 6 en materia de derechos humanos.

“Hablando de calificación creo que estamos entre un 6 y un 7, no estamos en condiciones de otros países, que están pues todavía apenas tratando de tener claro el tema de derechos humanos, México ha avanzado de manera muy importante, pero hacen falta muchos retos todavía por sacar adelante”, dijo en entrevista para Primero Noticias de Televisa.

En Ginebra participaron el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Lía Limón García y la Senadora perredista Angélica de la Peña, quienes presentaron algunos avances en materia legislativa como la nueva Ley de Amparo, pero ningún dato concreto sobre el impacto de las políticas gubernamentales en la población y sobre todo, ninguna explicación sobre los más de 26 mil desparecidos y casi 100 mil muertos que dejó la guerra contra el narcotráfico del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

En cambio, México recibió 176 recomendaciones en materia de derechos humanos que destacaron la violencia en contra de las mujeres, la pobreza, el escaso acceso a la alimentación, los ataques a defensores y periodistas y de nuevo la eliminación de la figura del arraigo.

Un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos, organizados por el Centro Prodh, analizó la participación de la comitiva de 30 funcionarios mexicanos y determinó que el país sólo se limitó a llevar una lista de acciones legislativas, consideras por el gobierno mexicano como avances, pero omitió por completo mostrar las cifras de muertos, desapariciones forzadas, desplazados y pobres.

Agnieska Raczynska, secretaría ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, dijo que los representantes mexicanos no profundizaron en la realidad del país.

“Nos llamó la atención la carencia un diagnóstico de los últimos cuatro años en materia de derechos humanos. El gobierno no asume la realidad del Estado Mexicano que se vive en el país. El informe que presentó México lejos de ser integral, solo presume una serie de acciones como un listado de actividades, pero no se habla del impacto en la población de estas acciones”, dijo.

Pero al país le “llovieron” las recomendaciones de naciones como Malasia, China y Trinidad y Tobago en materia de erradicación de la pobreza y el hambre.

Otra de las recomendaciones donde fueron insistentes 17 países fue la erradicación de la violencia de género, la sanción del feminicidio y la armonización de todas las entidades en la tipificación de este delito.

México tampoco rindió cuentas sobre las recomendaciones que se le hicieron en 2009 e ignoró grandes temas, como los desplazados, las desapariciones forzadas y los asesinatos de migrantes centroamericanos durante su paso por el país.

Alejandra Nuño Ruiz, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que México recibió nueve recomendaciones para modificar el fuero militar.

“Se recomienda al Estado asegurar recursos para frenar la fuerte presencia militar, la militarización no está bien vista por los países”, dijo.

Gabriela Morales, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova de Tapachula, Chiapas, destacó la recomendación de seis países en torno a la protección de los derechos humanos centroamericanos durante su paso por México.

“Nicaragua se enfocó a niños y mujeres, Argentina a trabajadores, Irlanda a la implementación de la Ley de Migración, retos que se vienen señalando por la ausencia de políticas con una perspectiva de derechos humanos. La legislación actual tiene solo el enfoque en el tema del control migratorio, pero esto no es suficiente”, dijo.

La activista indicó que durante la evaluación se le pidieron a México los datos sobre la desaparición forzada, sin embargo, no hubo resultados.

“Si no se muestran los resultados efectivos, no se puede dar un seguimiento”, dijo.

Chile, Costa Rica, Noruega y Perú recomendaron al país garantizar el acceso a la justicia para pueblos indígenas y llevar a cabo consultas públicas adecuadas para fomentar la participación de las comunidades.

“Que se reconozca y se haga vigente el derecho a la consulta, salud, vivienda, derechos de las mujeres y combate a la pobreza, pues se están vulnerando los derechos que hacen posible la vida y supervivencia de los pueblos indígenas”, dijo Maribel González, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En cuanto a la eliminación de la figura del arraigo en el país, Bélgica, Alemania, Francia y Ucrania, recomendaron eliminar este proceso por considerarlo violatorio de los derechos humanos.

LA DEUDA DE EPN

Si bien la evaluación de la ONU abarcó también a la administración de Calderón Hinojosa, el primer año del Presidente Enrique Peña Nieto, tampoco tuvo nada que presumir.

De acuerdo con el padre Miguel Concha, 2013 cierra con varios retos y pendientes en materia de derechos humanos. Uno de ellos es la violación del derecho a la protesta y su criminalización.

“Hay como un plan legislativo incluso para inhibir el derecho a la protesta civil pacífica, que es un derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas para manifestar sus demandas, exigencias legítimas y reclamos, ese es un reto muy grande, ojalá no se lleve a la práctica lo que muchos tenemos”, dijo.

El sacerdote indicó que el gobierno federal está cada vez más alejado de las necesidades de la población pues “hay una sordera a tomar en serio sus reclamos para poder hacer una gobernabilidad democrática”.

México enfrenta el reto de proteger y garantizar los derechos humanos, así como también de garantizar la integridad de los activistas en la materia, resaltó.

“Hemos visto que cada vez más están en riesgo los defensores de derechos humanos, tenemos a las personas que están encarceladas bajo procesos llenos de vicios, a los que no se les ha comprobado su culpabilidad”, dijo el sacerdote.

Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATW-LAC), resumió el primer año de Peña Nieto, como una simulación en derechos humanos.

“En general hay mucha simulación y mentira, el discurso es uno la práctica es otra. En el tema de trata que es mi especialidad, pareciera que no hay una voluntad política real”, dijo.

Ulloa se refirió a los casos de justicia y violencia de género en contra de las mujeres que proliferaron durante 2013 en distintos puntos del país.

El último ejemplo es de Yakiri Rubí Rubio, una joven que fue violada en el Distrito Federal y que asesinó a su violador en defensa propia y ahora está en la cárcel, dijo la activista.

“Se defiende de su violador y ahora está en la cárcel siendo víctima. Estamos preocupados por toda la represión, en el caso de Yakiri el mensaje es ‘déjate violar, porque si lo lastimas, vas acabar en la cárcel’. Si hubiera sido al revés, él estuviera libre porque hizo uso de la legítima defensa”, indicó.

Teresa Ulloa dijo que México requiere que los derechos humanos sobrepasen el discurso y se reflejen en leyes, presupuestos y políticas públicas.

LAS DESAPARICIONES FORZADAS

En México todos los estudios de las organizaciones civiles nacionales, pero en especial las internacionales, apuntan a que en las cifras de desaparecidos la desaparición forzada –en la que está presente la participación de autoridades de forma directa o en complicidad con el crimen organizado–, es el común denominador.

Pero de forma oficial, el Gobierno Federal que encabeza Peña Nieto no ha dado cuenta de cuántos de los 26 mil desaparecidos de su lista están catalogados dentro de esta clasificación, dijo Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional (AI).

“El problema no sólo es de esta administración pero el nuevo gobierno no sólo no ha hecho nada por investigar los casos que ya existían cuando llegó al poder, sino que siguen ocurriendo más, y como ejemplo tenemos los casos de cuatro personas que desaparecieron a manos de la Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas y de los cuales no se sabe nada”, agregó Zapico.

El caso de Armando Humberto del Bosque Villarreal y de los menores de edad Raúl David Álvarez Gutiérrez, José de Jesús Martínez Chigo y Diana Laura Hernández Acosta, es emblemático durante la gestión de Peña Nieto, lo que motivó incluso una carta del Secretario General de Amnistía Internacional a nivel global, Salil Shetty, dirigida al Presidente de México, donde le solicitó medidas urgentes para proteger la vida e integridad de estas personas.

“Reconocemos que se hizo un buen intento al inicio de la nueva administración al dar a conocer la cifra de 26 mil desaparecidos, de la cual nosotros hemos dicho que tiene serios problemas metodológicos, pero no hay cambios concretos, ni un reconocimiento efectivo de la magnitud de las desapariciones forzadas por parte de este gobierno. No sabemos cifras exactas, sólo las que vamos recabando las organizaciones con nuestros recursos limitados”, precisó Zapico.

En su informe anual de actividades de 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), estableció que del total de desapariciones en el país, existen 2 mil 106 expedientes abiertos sobre desaparición forzada. Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (WRW) y asociaciones civiles locales de Coahuila y Nuevo León han dado cuenta de la gravedad del problema en México.

En el informe “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, que presentó en febrero la organización Human Rights Watch, se estableció que miembros de las fuerzas de seguridad participaron en numerosos casos de desaparición forzada.

Prácticamente en ninguno de estos casos las víctimas fueron halladas ni se llevó a los responsables ante la justicia. La organización documentó casi 250 desapariciones ocurridas durante el Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y en 149 de esos casos Human Rights Watch encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas en las cuales tuvieron participación agentes estatales.

En 149 de los casos HRW comprobó que participaron fuerzas de seguridad del Estado y de éstos, en 60 de ellos, cuenta con pruebas testimoniales, documentos oficiales, fotografías y videos que comprometen a servidores públicos, miembros del Ejército, la Marina y policías federales y estatales en colusión con el crimen organizado para perpetuar estas desapariciones.

Estas víctimas no tenían antecedentes penales, provienen de familias de escasos recursos. Son maestros, mecánicos, obreros y algunos de ellos policías municipales secuestrados por sus mismos compañeros como ocurrió en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

En junio Amnistía Internacional publicó el informe “Enfrentarse a una Pesadilla: La desaparición de personas en México”, donde expuso que de un total de 152 casos de desapariciones forzadas estudiadas en siete estados del país, en 85 estuvo involucrado uno o más funcionarios públicos.

Amnistía reveló que la mayor parte de las desapariciones se realizaron en Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guerrero, en la mayoría de los casos, con la ayuda de autoridades.

“La organización cree que, sobre la base de la información disponible, en al menos 85 casos hay indicios suficientes de implicación de funcionarios públicos, lo que convierte lo convierte en un delito de desaparición forzada tal como está tipificado en el derecho internacional”, plantea el documento.

La organización resaltó en esa ocasión que pese a las denuncias e indicios que existen sobre muchos desaparecidos sólo se tienen dos sentencias condenatorias durante el periodo 2006-2012 por la Procuraduría General de la República (PGR). Ambos casos estaban relacionados con delitos ocurridos en 2009 y las condenas se lograron gracias a confesiones.

En Nuevo León, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) reveló en su informe que corresponde al año 2012, que del total de los expedientes abiertos en la categoría de desapariciones en el estado, 73% fueron forzadas.

En Coahuila, la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec) registró entre 2007 y 2012 un total de 297 personas desaparecidas, de las cuales 177 fue el crimen organizado directamente el responsable y en 34 se reconoció la partición directa de agentes del Estado, mientras que en 86 de los casos se desconoce el perpetrador.

En marzo de este año, 33 organizaciones denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que 100% de las desapariciones forzadas en México, Colombia, Guatemala y Perú están impunes.

“La práctica de la desaparición forzada no es algo del pasado, sino que se sigue realizando hoy en al menos tres de los cuatro países aquí representados, y persiste la impunidad de sus autores materiales”, dijo el abogado Carlos

Rodríguez Mejía, ex presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, según citó la agencia EFE.

Mejía lamentó la “falta de eficiencia y de voluntad política para buscar a los desaparecidos”, la “tendencia a negar la existencia de la desaparición forzada” y la “falta de coordinación de las entidades” en esos cuatro países.

Sobre México, Nadin Reyes, del Comité Hasta Encontrarlos, dijo que en la actual administración existe una falta de voluntad política para resolver los casos, donde la impunidad es de 100% pues no se investiga, ni se castiga a los autores materiales de los crímenes.

Diana Iris García, de Fundem, lamentó que Peña Nieto no haya reconocido a las desapariciones forzadas en un listado público y que el país carezca de un banco de datos oficiales, categorizados.

Zapico de AI explicó que la historia más reciente de las desapariciones forzadas en el país data de los años 60, crímenes sin resolver que se magnifican con el paso del tiempo.

“La desaparición es un crimen que se comete cada día que continúa desaparecida una persona. Eso es lo que establece el marco jurídico, no porque sean del pasado, no existen, ahí están y diariamente se están repitiendo”, expuso.

Aunado a este clima de impunidad de desapariciones forzadas, tanto el gobierno de Calderón y el de Peña Nieto enviaron a la calle a los familiares a investigar los casos.

Al cierre de 2013, Peña Nieto no cumplió y la lista de desaparecidos sigue ensanchándose.

MIGRACIÓN: NUEVAS FORMAS DE AGRESIÓN

En el tema migratorio, la administración de Enrique Peña Nieto, no sólo no cuenta con avances, sino que la situación empeoró durante 2013, dijo Javier Urbano Reyes, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana (UIA),

El especialista explicó que el Gobierno Federal solo se quedó en declaraciones y buenas intenciones, pero en poco trabajo de campo.

“La situación respecto a la administración de Felipe Calderón no se ha movido, se ha agravado. Hace un año o dos el cobro de los 100 dólares arriba del tren a los migrantes no existía, es un tema de esta administración. Se agravaron las violaciones a las mujeres, se multiplicaron las extorsiones, secuestros, han aparecido cosas emergentes, no solo no mejora sino que empeora”, dijo.

Javier Urbano detalló que es preocupante el desconocimiento de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) de la legislación, así como el desconocimiento del tema por los gobiernos locales. Agregó que hace falta capacitación a las autoridades migratorias, así como una verificación efectiva de la Ruta del Migrante.

“Un punto que me preocupa es la falta de protocolos de protección para los defensores de migrantes. Las amenazas han empeorado durante esta administración. Por último en el tema de los desaparecidos, no existe una estructura formal para la búsqueda de los migrantes que desaparecen en su paso por México”.

Urbano propuso que el Gobierno Federal revise la legislación y le otorgue más facultades para actuar en la materia a los gobiernos locales.

“Está muy centralizado todo, hay que darle mayor flexibilidad a la Ley para que actúen los gobiernos”, indicó.

El experto agregó que México puede ser un ejemplo en materia de cooperación etiqueta recursos para apoyar a los países centroamericanos que expulsan migrantes.

“Es la única forma de que no salgan de sus países. México tiene muy bien identificados de qué regiones vienen. Vía del incentivo de desarrollo se podría ayudar a que no se vengan para acá. Los que trabajamos con ellos no quisiéramos verlos en el tren”, dijo.