ACTEAL: LA ACCIÓN CIVIL CONTRA ZEDILLO, CON TODO EN EU

 


El abogado Marc Pugliese lloró durante horas mientras escuchaba los testimonios de los 10 indígenas totziles familiares de las víctimas de la masacre de Acteal, que han demandado al ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León por crímenes de lesa humanidad.

Después de tomar su declaración, se comprometió a hacer justicia junto a su colega Roger Kobert. Ambos niegan conocer a Carlos Salinas de Gortari y afirman categóricamente que no hay “mano negra” detrás de la demanda contra el ex presidente Ernesto Zedillo, simplemente el legítimo deseo de “hacer el bien, reparar el daño y ofrecer justicia”.

Les resulta “ridículo y tonto” que existan argumentos tan absurdos como afirmar que las víctimas en esta demanda internacional no son realmente víctimas de la masacre de Acteal, porque permanecen bajo el anonimato gracias a las leyes estadounidenses que así lo permiten.

De hecho muestran las declaraciones de sus clientes, las cuales tienen firmas y las respectivas huellas digitales de cada uno de los demandantes de Ernesto Zedillo Ponce de León.

En entrevista, ambos abogados ofrecen copia de los documentos del caso: un expediente voluminoso que incluye pruebas, testimonios, cartas, documentos, artículos y reportajes sobre la guerra de baja intensidad en Chiapas desarrollada por el gobierno de Zedillo Ponce de León y la existencia de grupos paramilitares financiados por el Estado que perpetraron la matanza de Acteal. La acción civil exige a Zedillo reparar el daño a las víctimas con 50 millones de dólares.

“Este es un caso en donde nuestros 10 clientes piden justicia frente a un tribunal estadounidense. Piden dos cosas: daños y una declaración del tribunal sobre los derechos y las obligaciones de las partes. Piden que la Corte Federal de Connecticut, Estados Unidos, declare a Ernesto Zedillo como responsable por la matanza de Acteal. Y tenemos la certeza de ganar este caso”, comentan.

 

LAS VÍCTIMAS

“Soy una mujer de habla Tzotzil y residente de la aldea de Acteal, municipalidad de Chenalhó, Estado de Chiapas, México (Acteal). Esta declaración y la demanda que esta siendo entablada fue traducida a mi idioma Tzotzil, y tuve la oportunidad de discutir la información contenida antes de firmarla. La persona que me la tradujo al Tzotzil es… Yo estoy de acuerdo con la demanda. Yo soy ‘Jane Doe 1’ en la demanda. Yo estuve presente cuando la aldea Acteal fue atacada por paramilitares. Yo soy miembro de Las Abejas, un grupo pacifista. Además, estoy en representación de… Como tal, yo estoy demandando a la persona que fue Presidente de mi país, y quien aún tiene personas que lo apoyan”…

Al igual que esta declaración, existen nueve más: tres mujeres y seis hombres. Todos los documentos tienen tachado con marcador negro los nombres y las firmas de los demandantes para salvaguardar su integridad. Las declaraciones tienen un “acta jurada de traductor”. La traducción se llevó a cabo el 2 de septiembre del año pasado: “Yo declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes de los Estados Unidos de América que lo que precede es verdadero y correcto”, dice el documento cuya firma esta tachada para conservar el anonimato de la persona que domina los idiomas español y tzotzil y que sirvió de puente entre las víctimas y sus abogados.

El abogado Marc Pugliese recuerda sus reuniones con las víctimas y no puede evitar emocionarse: “Se me partió el alma. Fue extremadamente difícil, la palabra difícil no describe lo que implicó mi trabajo con ellos. Mientras me lo contaban mis lágrimas no paraban. Otra cosa que me partió el alma, es que está pobre gente no tiene nada”.

Las víctimas, dice, pertenecen a Las Abejas, aunque no forman parte de su mesa directiva: “Tenemos mucho respeto por Las Abejas, no representamos a esa asociación. Es muy simple. Representamos a diez clientes que tienen varios parientes que asesinaron en la matanza de Acteal y que ellos estuvieron ese triste día. Ellos también son víctimas de atentado de crimen extrajudicial, son víctimas de violación de derechos humanos, víctimas de crimen de lesa humanidad, crimen de guerra de baja intensidad”.

En un reciente comunicado, Las Abejas se mostraron en contra del proceso civil que se sigue en Estados Unidos contra Zedillo porque dijeron “distrae la atención a la legítima demanda de justicia de los indígenas chiapanecos”. Sin embargo, en el mismo documento aclararon que no están en contra de que se juzgue a Zedillo: “Al contrario, queremos que se le juzgue a él y a otros muchos por la Masacre de Acteal con todo el peso de la ley. Pero estamos en contra de la confusión y la manipulación. Por ejemplo, no queremos que se pierda en una acusación centrada en una sola persona lo que es un crimen de estado y con una política de contrainsurgencia que no se ha acabado.”

Pugliese y Kobert comprenden la postura de Las Abejas, pero aclaran que es importante señalar que el proceso civil que se sigue en Estados Unidos contra Zedillo es el único posible: “No puede haber caso criminal en Estados Unidos, el sistema aquí no es como en México, en el cual un individuo puede entablar un caso criminal y eventualmente el Estado lo detiene. Aquí es solo el gobierno el que puede entablar un caso criminal. En lo civil el individuo no pinta nada, por tanto, el individuo está limitado a entablar un caso civil, que es lo que nuestros clientes han hecho. Es la única vía. La otra puerta está cerrada”.

 

EL PERDÓN

En la demanda presentada ante la Corte Federal de Connecticut se establece que el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León apoyó la formación de grupos paramilitares por parte de las fuerzas armadas de México, los cuales actuaron en un plan de contrainsurgencia contra la población civil de Acteal.

Aunque el obispo Raúl Vera, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), organización que desde hace 14 años apoya y asiste legalmente a las víctimas de la masacre de Acteal  se ha pronunciado en contra del caso que se sigue contra Zedillo en Estados Unidos porque busca dinero y no la condena penal por los crímenes de lesa humanidad, considera que la demanda tiene algo “muy positivo”: “Lo que sí está haciendo este proceso civil es sacar a la luz el trabajo de la fiscalía especial creada en Chiapas. Ellos tienen ese informe sobre la estrategia de contrainsurgencia”.

Para el obispo, conocido como “Tatic Vera”, la responsabilidad de Zedillo en la matanza de Acteal es determinante: “Sería un absurdo que el señor Zedillo siendo Presidente de la República y Comandante de las Fuerzas Armadas no hubiera estado informado de la masacre que hicieron los paramilitares. Se dice que fueron 45 víctimas, pero en realidad fueron 49 porque había cuatro niños en el vientre de sus madres. Son 49 los masacrados”.

Y añade: “Zedillo es el máximo responsable. Es un crimen de lesa humanidad. De que el señor aceptó una acción criminal que si iba contra la sociedad civil, armando civiles y que la Federación pagara y les diera las armas. Eso no tiene perdón. La estrategia contrainsurgente del gobierno por supuesto que fue un crimen de Estado. No sólo era desalojo de sus tierras, los ponían a vivir en la basura y en el lodo”.

El gobierno mexicano solicitó al Departamento de Estado la inmunidad para el ex presidente Zedillo, algo que no le resulta extraño al obispo Vera: “En esta demanda el Ejército mexicano queda muy mal. Si se demuestra con toda la información de la fiscalía, que el señor es culpable para que suelte la lana que le están pidiendo, después del Presidente de la República, el primer quemado es el Ejército. Y por supuesto que Calderón va a proteger al Ejército, es su aliado en esta famosa guerra. Además está el típico: ‘esto hago por ti, para que mañana hagan por mi’”.

Otro de los aspectos a señalar en el procedimiento que se sigue contra Zedillo en Estados Unidos es que no se incluye a los otros presuntos culpables de la masacre de Acteal, entre ellos Emilio Chuayffet, quien era Secretario de Gobernación; Jorge Madrazo Cuéllar, entonces titular de la PGR; Julio Ruiz Fierro, quien era gobernador interino de Chiapas; Homero Tovilla Cristiani, secretario de Gobierno; Marco AntonioBesares, procurador de Justicia del Estado, y Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó Acteal, entre otros.

Vera, quien vivió en Chiapas junto al obispo Samuel Ruiz, fue testigo de como la estrategia de guerra irregular o de baja intensidad pretendía deshacer el tejido social de la zona donde estaban los insurgentes: “Si al señor le queda algo mínimo de valores humanos tiene que pedir perdón y no acabar como Gustavo Díaz Ordaz que nunca se arrepintió de la masacre de Tlatelolco. Espero que Zedillo no vaya a acabar justificando la masacre de Acteal y toda la acción paramilitar”.

Felipe Calderón dice, está buscando la manera de “salvarlo” y se pregunta:  ¿En el momento que sea declarado culpable, ¿qué calidad moral va a tener para ser profesor en Yale? Lo tendrían que expulsar la Universidad de Yale y el mismo estado norteamericano por ser autor de crímenes de lesa humanidad. Se va a quedar en la calle”.

 

NI SALINAS DE GORTARI NI NADIE…

El obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera, ha dicho que detrás de esta demanda puede estar el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y que posiblemente se trate de lucha de grupos dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), algo que los abogados Pugliese y Kobert niegan de manera categórica.

“Nunca he oído nada acerca de Carlos Salinas de Gortari, solo se que fue presidente de México”, dice de entrada Kobert y añade: “No lo conozco, no se si es buena o mala persona, pero es un extraño para mi, no tengo nada que ver con él y cualquiera que es una persona detrás de este proceso de manera secreta esta equivocado. Nosotros representamos a estas diez personas de manera individual que denuncian abusos del gobierno y el uso de paramilitares. Esto tiene que ver con las víctimas, esto no es un juego político. Con todo respeto tengo que decir que soy americano, no se nada sobre política mexicana y con todo respeto insisto, no nos importa la política mexicana, esto tiene que ver con la justicia, con gente que busca un tribunal y con la posibilidad de que estas pobres personas tengan un tribunal en los Estados Unidos para buscar justicia”.

Pugliese y Kobert señalan que constantemente les preguntan quien paga sus servicios: “En Estados Unidos puede recibir honorarios por hora. Obviamente nuestros clientes no tienen la capacidad de hacer eso. La segunda forma es cobrar al final. Si ellos ganan, nosotros ganaremos un porcentaje.

–¿Cuánto?

–No podemos comentar sobre ello, porque eso es comunicación privilegiada y forma parte del acuerdo con nuestros clientes. El porcentaje es bastante bajo. Esto también lo estamos haciendo por la justicia. Este es un caso en donde nuestros 10 clientes piden justicia frente a un tribunal estadounidense. Piden dos cosas: daños y una declaración del tribunal sobre los derechos y las obligaciones de las partes. Piden que la Corte federal de Connecticut declare a Ernesto Zedillo como responsable por la matanza de Acteal.

Ambos reconocen que no son un bufete de abogados especialistas en derechos humanos, pero aclaran que conocen el tema porque se trata de un asunto para un tribunal federal: “Esta es una oportunidad de hacer el bien”.

 

LA ÚNICA VÍA

La impunidad sigue siendo la constante en la masacre de Acteal. El Estado se ha negado a ofrecer justicia y reparación a las víctimas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó el caso llevado por el CIDE en torno a la falta del debido proceso a los encarcelados por la masacre de Acteal y ordenó la liberación de unos 30 acusados. La primera semana de febrero de 2012, siete de ellos salieron de la cárcel.

Las Abejas se muestran escépticas de obtener justicia en México por eso acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “No hay mucha diferencia entre los diferentes partidos políticos. El PRI planeó la masacre y los asesinatos de muchos compañeros indígenas en diferentes lugares; el PAN se encargó de sacar de la cárcel a los paramilitares, y el gobierno perredista de Chiapas los premió al salir con vivienda, tierra y una buena cantidad de dinero. (…) Antes el PRI y el PAN tenían diferencia de colores, pero ahora están pintados en un solo color rojo que es la sangre de más de 50 mil mexicanos y mexicanas muertos“.

Los abogados Pugliese y Kobert afirman que de abrirse la puerta civil en el caso Zedillo se pueden abrir otras puertas a favor de las víctimas: “Siendo está vía la única que uno puede seguir para delante. ¿Qué se le puede demandar a Zedillo? Dos cosas: la declaración, en la que nadie efectivamente está enfocada. Es con la que se pueden abrir otras puertas. El vínculo para abrirlas es la declaración de Zedillo y la reparación. ¿Qué es la reparación? En un caso civil no se le puede arrestar al ex presidente Zedillo y meterlo a la cárcel, porque esa sería una condena penal. Sólo estamos limitados por este sistema a reparaciones civiles. Son daños monetarios. Son dos cosas: declaración judicial y daño monetario”.

 

¿INMUNIDAD?

Los demandantes de Ernesto Zedillo han presentado una moción ante la Corte Federal para que el ex presidente presente una “evidencia competente” del respaldo del Estado mexicano para que obtenga inmunidad a través del Departamento de Estado.

“Los abogados de Zedillo han argumentado la inmunidad, pero no han presentado ningún documento. Hemos requerido que presente los documentos ante la Corte que acreditan su presunta inmunidad. El abogado de Zedillo ha presentado argumentos a la Corte sin pruebas. El Departamento de Estado ha recibido una petición de México para la inmunidad y obviamente no han presentado pruebas de eso. Hay que satisfacer las evidencias probatorias para que la Corte haga la solicitud apropiada al Departamento de Estado”.

En su respuesta, Zedillo decidió no presentar ningún documento argumentando que esos papeles son diplomáticos y confidenciales. Y contestó la petición con referencias a otros casos de jefes y ex jefes de Estado que han recibido el beneficio de la inmunidad ante los tribunales estadounidenses, como el de Paul Kagame presidente de Ruanda involucrado en el genocidio de ese país, el presidente de Sri Lanka Mahinda Rajapaksa y el ex presidente colombiano Álvaro Uribe.

Los abogados aclaran que el siguiente paso será que el juez Alvin W. Thompson decida si pide la presencia de Zedillo o bien ofrece su decisión en base a la respuesta del ex presidente. La fecha del 27 de febrero como día límite para una supuesta decisión del juez Thompson es incierta, según señalaron los abogados: “El señor Zedillo esta inventando un dead line para este caso que no existe. Ahora queda esperar”.

 

 

 

 

 

Leer más sobre este autor

Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.


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