Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).– La respuesta del Gobierno mexicano a la crisis de desaparecidos HA sido inadecuada, criticó hoy la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). En un artículo sobre la llegada de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México para investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, firmado por Maureen Meyer y Hannah Smith, la organización dice que las recomendaciones podrían llevar a cambios más amplios en el país.
“Su llegada a México presenta una oportunidad única para el Gobierno mexicano de demostrar que está listo a dar vuelta a la impunidad. Mientras el Grupo de Expertos sigue con su mandato, es importante que las autoridades mexicanas apoyen el trabajo del grupo, que proporcionen acceso a las pruebas pertinentes y a los funcionarios claves del gobierno y que se esfuercen por aplicar sus recomendaciones”.
Concluyó: “Cualquier otra cosa sólo pondría aún más en duda el compromiso del gobierno de Peña Nieto con la justicia y los derechos humanos”. Desde 2013, agregó, las autoridades mexicanas han localizado a sólo 102 personas (72 con vida y 30 fallecidas) que habían sido registradas como desaparecidas, “y escasos funcionarios mexicanos han sido investigados y sancionados de manera efectiva por su participación en actos de desaparición forzada”.
“El Grupo de Expertos formulará recomendaciones para el gobierno de [Enrique] Peña Nieto para fortalecer la capacidad institucional del país para buscar y encontrar eficazmente a personas desaparecidas, y para investigar los casos de desapariciones forzadas (aquellas en las que agentes del Estado participan activamente). Estas reformas son muy necesarias: más de 23.270 personas desaparecieron en México entre 2007 y 2014 (un promedio de 13 personas por día desaparecieron en 2013 y 2014)”, dijo.
“Desde la desaparición forzada de los estudiantes en septiembre de 2014, las familias de otros 375 individuos han denunciado la desaparición de un ser querido en la misma región del estado de Guerrero”.
Recuerda que tras la desaparición forzada de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, el Gobierno mexicano y los representantes legales de los estudiantes y sus familias solicitaron asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En noviembre de 2014, las tres partes firmaron un acuerdo que llevó a la formación del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes. Este Grupo de Expertos tiene a su cargo la revisión y la investigación del caso de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ en Ayotzinapa, Guerrero.
“Pero su trabajo podría tener implicaciones más amplias para la forma en que México maneja casos de desapariciones, que han aumentado gravemente en los últimos años”.
El 1 de marzo pasado, el Grupo de Expertos viajó a México para iniciar su trabajo.
“Este acuerdo de asistencia técnica representa una oportunidad para que expertos de renombre internacional en materia de derechos humanos y de investigación penal ayuden a resolver el caso de los estudiantes desaparecidos. Según su mandato, el Grupo de Expertos tiene tres objetivos principales: ‘el desarrollo de los planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas’ para determinar si tal plan cumple con las necesidades y exigencias de las víctimas”, continúa el artículo de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
Mientras que el enfoque de la asistencia técnica son los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, agrega, “la labor del Grupo de Expertos también debería ayudar a México a abordar problemas más sistémicos del país”.
La organización dice que “la asistencia ofrecida por el Grupo de Expertos podría ayudar a esclarecer qué es lo que pasó con los 43 estudiantes pero su trabajo también tendrá implicaciones más amplias. Las recomendaciones del Grupo deben ayudar a las autoridades a identificar las medidas que pueden tomar para buscar de forma más eficaz a los desaparecidos, investigar y sancionar a los responsables, y proporcionar justicia a los familiares”.
