Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).- Los datos referentes a la salud de los presidentes son de los que tienen un mayor nivel de confidencialidad no sólo en México, sino también en España, donde al igual que en nuestro país se considera información altamente “sensible”, según el experto europeo en Derecho a la Propiedad Intelectual, Leandro Núñez.

Considera que en el caso de los funcionarios públicos dicha información es sensible porque, al menos en el caso de España, los exámenes de salud reflejan si son aptos o no para desempeñar la tarea para la que fueron contratados.

Núñez es uno de los mayores expertos europeos en materia de Derecho a la Privacidad y visitó México esta semana para impartir una conferencia en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Guadalajara.

En entrevista con SinEmbargo, destacó que en su país, apenas en 2003 se hizo público el estado de salud de un funcionario público al revelarse que el entonces Alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, padecía cáncer de próstata.

En 2008 también se hizo público que la Ministra de Defensa, Carme Chacón, estaba embarazada, pero en este caso fue porque su estado no se podía ocultar.

En su libro El último tabú. Revelaciones sobre la salud de los presidentes, los periodistas franceses Laurent Léger y Denis Demonpion documentaron que por acción u omisión, casi todos los presidentes de la V República habían mentido sobre su salud, no obstante, se menciona la posible eutanasia a la que se habría sometido el Presidente François Mitterrand, fallecido en 1996, aquejado por un cáncer terminal.

Del accidente cardiovascular que sufrió Jacques Chirac, ex Primer Ministro galo, y de las pastillas —no autorizadas en el mercado— que ingería el anterior Presidente Nicolás Sarkozy no se puede saber hasta qué grado estos malestares afectaron la capacidad de decisión de esos gobernantes, según la publicación.

En Estados Unidos también se ha tratado de documentar la salud de los presidentes y se ha vuelto una práctica común el revelar un certificado de salud, sin detallar todo el expediente clínico, de candidatos y gobernantes, tal y como lo hizo el Presidente Barack Obama antes de su última reelección.

MÉXICO Y LA SALUD DE SUS POLÍTICOS

En el caso de México el tema de los expedientes médicos de los presidentes ha sido también un punto de controversia toda vez que a través de los mecanismos de transparencia se ha negado la información por considerarse un tema de seguridad nacional.

En agosto de 2013, la organización Artículo 19 promovió un amparo directo para obtener el expediente clínico del Presidente Enrique Peña Nieto. Desde meses pasados, la organización había hecho una solicitud a la Presidencia de la República para que el mandatario consintiera en hacer públicos los datos sobre su estado de salud, sin embargo, esta información siempre ha sido considerada como confidencial.

En México, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) desarrolló un criterio sobre expedientes clínicos a partir del cual la confidencialidad no se le niega ni al titular de los datos personales ni a su representante legal.

Este criterio va acorde con el juramento de Hipócrates que realiza todo graduado en Medicina y con el principio de protección de datos personales establecido en la ley y fue desarrollado luego de las diversas solicitudes de información sobre la salud de los presidentes, siendo las más polémicas, la correspondiente al dictamen médico sobre la salud mental de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y la referente al supuesto alcoholismo del Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

En diciembre de 2008 se presentó en el Senado una iniciativa en la materia, misma que no prosperó.

Hace cinco años salió a la luz un expediente redactado por la comisionada del Ifai, Jacqueline Peschard Mariscal, en el que deja claro que los servidores públicos están protegidos, independientemente de si se trata del Presidente de la República o de cualquier burócrata.

Los comisionados del Ifai llegaron a esa resolución tras analizar una solicitud de acceso a la información planteada por el semanario Proceso, mediante la cual se pretendió conocer el expediente médico del presidente Felipe Calderón después de que se fracturó el hombro izquierdo en una caída de bicicleta en Los Pinos, la mañana del 30 de agosto de 2008.

La investigación de Proceso versó sobre cómo y por qué la Presidencia tardó más de 24 horas en informar del percance.

De acuerdo con la versión oficial, Calderón perdió el equilibrio porque el suelo estaba húmedo y resbaloso, sin embargo, el comunicado se envió a la prensa poco después del mediodía del 31 de agosto.

En un boletín de tres párrafos se detalló que el Presidente fue atendido en las instalaciones del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial (EMP) y se encontraba en buen estado de salud. El diagnóstico era conservador y su recuperación demoraría alrededor de ocho semanas No hubo más detalles ni explicaciones sobre la demora en la notificación de este accidente.

En el caso del Gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, durante meses se mantuvieron ocultos los motivos por los cuáles durante 2013 tuvo que pedir licencia al cargo en dos ocasiones.

Partidos de oposición e incluso una comisión de académicos solicitó que se hiciera público su expediente clínico, sin embargo, fue su familia la encargada de dar a conocer que había sido sometido a un trasplante de hígado.

LA PALABRA APTO Y NO APTO

Leandro Núñez afirma que en España la información médica es una de las que se maneja bajo la mayor confidencialidad, pues únicamente el personal de salud es el que puede tener acceso a los datos y en caso de filtraciones existen sanciones que van desde el despido hasta el cobro de multas que rebasan los 40 mil euros (unos 71 mil pesos mexicanos).

“En el caso de los servidores públicos se maneja la misma normatividad, hay información que requiere la autorización de jefes de área. Por norma, el único dato al que accede el empleador o responsable de una situación es simplemente si la persona es apta o no apta para su puesto todo lo demás que es supervisado por los médicos”, explicó.

Opinó que los expedientes médicos de los altos mandatarios deben revelarse en la medida que pongan en riesgo o influyan en sus decisiones y desempeño.

De acuerdo con las reglas europeos de manejo de datos, el ser trabajador del gobierno no hace que la información sea pública, estaríamos hablando de un conflicto entre el derecho a la información de la ciudadanía… La autoridad competente autoriza si conviene o es necesario dar esta información para formar una opinión pública contundente”, expresó.

Una excepción es el caso de las enfermedades extrañas o epidemias si se puede dar mayor información porque se trata de un asunto de salud pública que pone en riesgo la salud de miles de personas.