Por Alejandro Guerrero, especial para SinEmbargo

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo/El Sur).– La escalada de la violencia en este Iguala, Guerrero, por la presunta disputa de la plaza entre grupos antagónicos del crimen organizado, a pesar de la fuerte presencia policiaca de fuerzas federales, estatales y militares, dejó en el primer trimestre de 2015 al menos 44 ejecuciones, cinco de ellas de mujeres, así como tres hombres “levantados” y 13 heridos por arma de fuego.

En enero se registraron siete ejecuciones y cinco heridos en ataques a balazos, principalmente cerca del mercado municipal Adrián Castrejón.

El 10 de enero, el cuerpo de un hombre asesinado fue hallado junto al panteón privado Cristo Rey, y el 20 de enero hombres armados ejecutaron de tres disparos a Juan Díaz Terán de 23 años, un empleado del negocio de servicios a domicilio San Juditas, del mercado municipal. Un día antes, al parecer los mismos pistoleros habían atacado a dos hombres, y en el fuego cruzado hirieron a cuatro transeúntes.

El 27 de enero, el taxista Carlos Alberto Carreto Salazar de 45 años fue ejecutado de tres balazos en la colonia Adrián Castrejón; un día después, Víctor David Gómez Niño de 21 años, vecino de la colonia Lomas Campestre, al norte de la ciudad, fue ejecutado de varios disparos en un ataque presuntamente relacionado con los anteriores al negocio de mandados San Juditas.

Finalmente, el 30 de enero pistoleros intentaron levantar a Jacob Munibe de 28 años, quien era hijo del líder regional de la CTM, Jesús Munibe Juárez, actual delegado de transportes en la zona Norte, pero al intentar huir de los delincuentes fue ejecutado de varios balazos. Y el día 31 de ese mismo mes, un profesor de primaria de la colonia Loma del Zapatero fue ultimado de varios balazos en su casa, frente a su familia.

Sin embargo, la ola de violencia en esta cabecera municipal que ha evidenciado la falta de coordinación entre las corporaciones estatales, federales y militares, tuvo un repunte en febrero, a cinco meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 y 27 de septiembre. Durante el segundo mes del año se registraron 17 ejecuciones, tres de ellas mujeres, cinco hombres heridos, un levantado y un soldado muerto en un accidente durante una acción.

Pero la violencia se agudizó en marzo, cuando al saldo fue de 18 ejecuciones, entre ellas la de dos mujeres. También se reportó que tres hombres fueron heridos por arma de fuego y dos más fueron “levantados” por presuntos miembros de la delincuencia. En ese mes también se registró la muerte de un policía federal en el estacionamiento del hotel Plaza Esmeralda, donde se hospedan, que presuntamente se suicidó.

EN FEBRERO REPUNTÓ LA VIOLENCIA

El 11 de febrero, el cuerpo degollado de Rutilio Sotelo Cano de 45 años fue hallado dentro de una casa abandonada en el barrio de San Gerardo, y un día después, en una cancha de futbol rápido, José Ramón Bernabé Armenta de 26 años fue ejecutado de cuatro balazos por la espalda en este mismo barrio.

Al día siguiente, el 13 de febrero, durante el sepelio de Bernabé Armenta, afuera del panteón Cristo Rey, fue ejecutada de varios balazos Norma Angélica Bruno Román de 25 años, quien participaba en la búsqueda de fosas clandestinas con el comité de familiares de las otras víctimas de desaparición en Iguala, en busca de su prima Ivett Melisa Flores Román, desaparecida el 2 de marzo de 2013.

El 23 de febrero el médico Carlos Erick Adán Almazán, empleado del Centro de Salud Agustín Batalla de esta ciudad fue ejecutado de varios balazos en la colonia 23 de marzo; un día después, hombres armados atacaron a balazos a la empleada del bar El Vampiro, Patricia Díaz Hernández de 27 años; trascendió que el bar es propiedad de la coordinadora del Frente Igualteco por la Justicia y la Paz, Yolanda Ávila Vargas.

De forma simultánea y en lugares diferentes, la mañana del 25 de febrero el comisariado del ejido de Iguala Emilio Rabadán Román y el ex comisariado y ex regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gerardo Román Chávez fueron ejecutados al salir de sus respectivos domicilios en el centro de esta ciudad.

La noche del mismo 25 de febrero, en el contexto de la Feria de la Bandera, también fue atacado a balazos el auto-lavado Los Peques, donde murió el ex funcionario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Acosta Beltrán, y resultó herido José Cantú Rivera de 18 años.

Se adjudicó el ataque el cartel Sierra Unida Revolucionaria a través de un mensaje en una cartulina, con la que lanzó una advertencia al grupo Guerreros Unidos asentado en esta ciudad, “Bamos por todos los Guerreros Unidos. Att: Sierra Unida Revolucionaria [SIC]”.

La escalada de la violencia creció para el 26 de febrero, cuando por la noche hombres armados a bordo de una motocicleta dispararon a cinco jóvenes afuera de una casa de la colonia Ricardo Flores Magón, ataque en el que murieron dos y tres resultaron heridos, pero uno más murió un día después en el hospital.

En este ataque también fue dejado un narco-mensaje dirigido al gobierno: “Esto va para todos los Guerreros Unidos y a todos los que los apoyen, si ustedes no pudieron puto gobierno de mierda, nosotros sí. Att. La meritita verga S.U”.

Una hora después de este ataque, al parecer los mismos pistoleros dispararon con rifles de asalto a una mujer y a su hijo en la colonia San José, matando en el lugar a María Isidra Rosales Ugarte de 41 años, que estaba embarazada, y a Alberto Peralta Rosales de 21.

La jornada de violencia del 27 de febrero dejó un saldo de seis ejecutados, entre ellos un policía municipal, un soldado muerto al caerse durante un operativo y un herido con un disparo en la frente.

La madrugada de ese día, en un domicilio de la calle Rueda, en el centro de Iguala, pistoleros atacaron a dos jóvenes que murieron en el lugar, Argenis Hernández de 22 años y un menor de 15 años.

Más tarde, a las 7 de la mañana se reportó el hallazgo de tres cuerpos ejecutadas en el cauce del río San Juan, a unos 50 metros al norte del puente Zaragoza, Jorge Gaspar Vázquez de 29 años y Abraham Toribio Álvarez de 25 años, ambos albañiles.

Los tres tenían las manos atadas por la espalda, cubiertos de los ojos con cinta canela y con el tiro de gracia, sin embargo, uno de ellos con un balazo en la frente y una perforación que le fracturó el cráneo, fue hallado aún vivo y consiente, quien se identificó con las autoridades policiacas como José Salgado Urióstegui de 40 años.

A la 1:30 de la tarde de ese día, un pistolero ejecutó a quemarropa al policía municipal Juan Varela cuando éste, vestido de civil, caminaba por la calle Mariano Herrera acompañado de su hermano.

Al finalizar febrero, el día 28, hombres armados levantaron a un vecino de la colonia El Capire, al poniente de la ciudad, de quien no se sabe nada.

UNA FAMILIA FUE EJECUTADA

En el tercer mes de año, la escalada de la violencia se incrementó aún más a pasar de la fuerte presencia de la Policía Federal y su división de Gendarmería con vehículos todo terreno y caballería.

El 3 de marzo, cinco personas fueron ejecutadas en el centro de la ciudad en dos hechos diferentes. En la madrugada, el taxista Ismael Benítez Baiz de 22 años fue ejecutado en la calle Juan Álvarez, y junto a su cuerpo dejaron un mensaje en una cartulina. Y a las 7 de la mañana, en la colonia Educación, fueron ejecutados cuatro miembros de una familia en su casa, dos de ellos maestros jubilados, Marco Robles Rojas de 67 años y Asminda Ávila Sánchez de 64, Marcos Robles Lenin de 39 años y Carlos Iván Robles Ávila de 20 años, que fue degollado.

El 5 de marzo, en una narco manta colgada en una barda del Instituto Tecnológico de Iguala (ITI), el grupo delincuencial Sierra Unida se deslindó de las ejecuciones de los últimos días y señaló a su grupo rival, Guerreros Unidos, como responsables de los asesinatos.

La mañana del 6 de marzo, el policía federal Roberto Ixtlahuaca Barrientos fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en el estacionamiento del hotel Plaza las Fuentes del centro de Iguala, donde se hospedan los agentes federales que tomaron el control de la seguridad en el municipio desde octubre, luego del caso Ayotzinapa, según la versión oficial, se suicidó al estar ingiriendo bebidas alcohólicas.

El 10 de marzo fue hallado el cuerpo de un hombre ejecutado en la colonia Getsemaní, quien había sido secuestrado; y el 14 de ese mes, el chofer de microbús de la ruta Iguala-Taxco, Jesús Alvira Romero de 39 años fue ejecutado frente a su esposa y 20 pasajeros, de un disparo en la cabeza por un asaltante.

El 13 de marzo, hombres armados atacaron un taller de motocicletas en la calle Zaragoza del centro de Igual, donde hirieron a Faustino Salgado Solano de 36 años, quien murió después en el hospital y levantaron al dueño del establecimiento.

Entre el 16 y el 19 de febrero, en diferentes balaceras y hechos de violencia, al menos tres personas murieron, uno en la colonia La Raza; un taxista de nombre Daniel Ramírez Villazana de 39 años fue ejecutado de 14 balazos en la colonia PPG, y Luis Alberto Mendoza de 19 años fue atacado en la colonia Infonavit.

El 20 de marzo, al menos dos heridos de bala y dos levantados fue el saldo de una balacera a las 8 de la mañana en el estacionamiento del mercado municipal Adrián Castrejón; y el 22 de marzo hombres, armados ejecutaron de dos balazos en la cara a Fernando Mazón Bahena de 55 años, propietario del deshuesadero Las Chalupas.

Un día después, el 23 de marzo, la joven Lizbeth Castro Ortega de 18 años fue atacada a balazos a bordo de una combi de la ruta Coapinola, cuando estaba acompañada de su hija, y herida de tres balazos fue trasladada a un hospital; y un día después, en la colonia Patria Nueva, Salvador Herrera Miranda de 18 años fue asesinado de cuatro balazos.

La mañana del 28 de marzo, el cuerpo de un hombre ejecutado a balazos, con huellas de tortura, las manos atadas, los ojos cubiertos y las orejas mutiladas, fue hallado en un camino de terrecería en la colonia Candelaria al sur de la ciudad. Éste había sido secuestrado un par de días antes, sus plagiarios pedían un millón 500 mil pesos de rescate, y a pesar de que la familia pagó 300 mil, fue asesinado.

Y el 31 de marzo, Enrique Alonso Aguirre de 33 años, trabajador de la mina GoldCorp de Carrizalillo, fue ejecutado de al menos cuatro balazos en el pecho en la colonia Loma del Zapatero.

Fuentes extraoficiales informaron que Alonso Aguirre era familiar de Juan Carlos Peña Celso, Mauro Galicia Peña y José Elí Merino González, los tres mineros de Carrizalillo que fueron levantados el 6 de marzo por un grupo armado y hallados en una fosa de la comunidad de Mazapa siete días después.