El coordinador del Índice Global de Impunidad y del Índice de Impunidad de México de la UDLAP alerta: La aparición del dueño del Grupo Higa –el contratista favorito del Gobierno–en los llamados Panama Papers lastima la imagen de México en el extranjero, afecta el flujo de inversiones de empresas de otros países y refuerza la idea de que en este país no se castiga a los delincuentes ni a los directivos de altas empresas que comentan actos de corrupción.

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).– Las filtraciones sobre Grupo Higa en el caso de los llamados Panama Papers, confirma que esta compañía se ha convertido en un factor que “lastima” la imagen de México en el extranjero, la del Presidente y la del Estado mexicano, consideró Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador del Índice Global de Impunidad y del Índice de Impunidad de México de la Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP).

Consideró que el tema de conflicto de interés que involucra a Higa, así como la presunción de que su dueño, Juan Armando Hinojosa Cantú, creó tres fideicomisos repartidos en varias cuentas bancarias para resguardar su dinero en dólares a nombre de su madre y suegra –mujeres octogenarias– quedando él quedó como único beneficiario –según los llamados Panama Papers–“es un tema de seguridad nacional, porque al ser el contratista favorito del Gobierno, está involucrando al Presidente de la República de manera indirecta y lastima la imagen de México como país”.

Además de ser calificado como “el contratista favorito”, Grupo Higa se vio involucrado en el llamado escándalo “casablanca” que involucra la compra–venta de una casa por más de 7 millones de dólares por parte de la Primera Dama Angélica Rivera Hurtado.

“En la misma lista –los Panama Papers– están lo mismo un contratista que ha favorecido con un crédito a la esposa del actual Presidente que un ex convicto mexicano que fue el capo de capos en los 80 y 90: Rafael Caro Quintero”, expresó Rodríguez Sánchez Lara.

–¿Pero una sola constructora puede poner en riesgo la seguridad económica de un país?

–Por supuesto, para el caso de la licitación del tren rápido México–Querétaro había varias empresas internacionales participando, que detrás de ellas tienen a sus gobiernos, a sus embajadas. Hay que recordar que el mundo está en recesión y las embajadas tienen la obligación de abrir espacios de negocios y México es un espacio de negocio natural para empresas francesas, chinas, canadienses, de Estados Unidos; entonces si se privilegia a una empresa como Higa, claramente esto afecta los intereses comerciales y económicos de las empresas de otros países en México, porque las licitaciones no son transparentes y el Gobierno mexicano no está mandando las señales correctas de que no hay conflicto de interés o de que las negociaciones son transparentes. Ése es el meollo del asunto: complica las negociaciones económicas, las relaciones políticas, lastima la imagen de este país porque da la impresión de que solamente se pueden hacer negocios de manera ilícita corrompiendo a los funcionarios de alto nivel.

Para el investigador, Grupo Higa es el más claro ejemplo de lo que una vez citó el semanario inglés The Economist, refiriéndose a México: “’Este Gobierno no entiende que no entiende’, los casos de conflictos de interés están afectado la imagen de México en el exterior en materia de seguridad económica, de las inversiones, de la confianza que tienen las empresas extranjeras en invertir en México, esto hay que sumarlo a que el país está perdiendo puntos de calificadoras internacionales como Moody’s, y a que la capacidad crediticia de México en el mundo está siendo cuestionada por problemas que tienen Pemex [Petróleos Mexicanos] y la CFE [Comisión Federal de Electricidad]”.

HINOJOSA, LOS OTROS Y EL PRESTIGIO DE MÉXICO

Además de Hinojosa Cantú, en las filtraciones de los Panama Papers, se menciona a Ricardo Benjamín Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, a Guillermo Cañedo White, ex ejecutivo de Televisa y vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol (Concacaf), a Alfonso de Angoitia, uno de los vicepresidentes de Televisa, a la actriz Edith González y al ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin, casi todos han negado su relación en el escándalo.

En el caso de Hinojosa Cantú, en lo publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), autor de la investigación, poco después del escándalo “casablanca”, a lo largo del verano y otoño de 2015, el despacho pañameno Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares hasta entonces depositados en varias cuentas bancarias. “Hinojosa era el principal beneficiario de los fideicomisos, nominalmente controlados por su madre y su suegra. Su esposa e hijos serían designados como beneficiarios en caso de su muerte”.

El trabajo periodístico esta basado en la filtración de 11.5 millones de archivos del despacho Mossack Fonseca, que cual trabaja por medio de empresas offshore que ponen sus domicilios fiscales en paraísos fiscales, pero operan en todo el mundo.

Una investigación de la Unidad de Datos de SinEmbargo, arrojó que seis meses antes de que Hinojosa Cantú lograra resguardar 100 mdd a través de tres fideicomisos en Mossack Fonseca, en México, sólo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) –la dependencia clave para su emporio de construcción– completó 895 millones 499 mil 707 pesos con 12 centavos en siete contratos en 2014.

Lo anterior se desprende de las 36 solicitudes de información dirigidas por este diario digital a 26 instituciones y dependencias del Gobierno Federal para conocer si habían firmado contratos con Grupo Higa, S.A. de C.V. o sus filiales en la década de 2005 a 2015. A cada institución le fue solicitado el número de contratos, la copia de los mismos, el tipo de procedimiento por el que fue adjudicado y las razones para concederlo en caso de que se tratara de una convocatoria o invitación. La SCT, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Banco de Comercio Exterior (Bancomext), así como Pemex Exploración y Producción (PEP) respondieron que sí firmaron con Grupo Higa en ese periodo. Las primeras entidades enviaron sus respuestas a través del sistema Infomex y mediante copias certificadas.

LA RESPUESTA DE MÉXICO

El domingo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en México anunció a través de un comunicado que revisará los casos de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México señalados por evasión fiscal en el escándalo de los Panama Papers.

“La información publicada se revisará (…) con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal”, señala el documento, en el que se aclara, sin embargo, que conforme a la legislación mexicana, no hará pública información específica sobre contribuyentes.

Ante esta respuesta, el investigador insistió en que el Gobierno debe dar un mensaje claro y contundente de que los conflictos de interés, las violaciones a las leyes fiscales y las dudas en las licitaciones de infraestructura “lastiman la imagen de todo el país, no sólo de ese Gobierno”.

Consideró que esta es una oportunidad más en la que el Gobierno de México tiene que mandar un mensaje contundente a la comunidad internacional “porque los mexicanos estamos profundamente lastimados por este y otros casos de corrupción e impunidad”, al mismo tiempo, destacó que tanto las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como la de Relaciones Exteriores (SRE) deben empezar a trabajar para remediar esa mala imagen, vigilar y evitar que se presenten nuevos casos de corrupción.

Citó el caso de Islandia, donde el Primer Ministro, Sigmundur David Gunnlaugsson, dejó ayer su cargo, luego de verse involucrado en el escándalo destapado por el ICIJ.

“La corrupción trae consecuencias financieras a cualquier país, por eso Brasil, Guatemala, Islandia… están actuando”, expresó Sánchez Lara.