En días pasados la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “la campaña de desprestigio que tiene lugar en México” contra el GIEI y contra el Secretario Ejecutivo de esa Comisión, Emilio Álvarez Icaza. Este día tres relatores de la ONU dijeron que en el último mes, “a través de una campaña mediática”, varios defensores y organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil han sido acusados de fraude y corrupción, de defender presuntos delincuentes y de promover la impunidad realizando falsas denuncias de tortura.

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).– Tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigieron al Gobierno de México a contrarrestar activamente “la actual campaña de difamación” en contra de defensores de derechos humanos y lamentaron el que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que coadyuva en la investigación del caso Iguala, haya sido objeto “de campañas para desacreditar su trabajo y los resultados de sus investigaciones”.

En días pasados el Grupo de Expertos Independientes de la CIDH acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) por no respetar un acuerdo de confidencialidad y dar a conocer el tercer peritaje que se hiciera al basurero de Cocula. Su denuncia se sumó a la hecha en semanas pasadas por la CIDH que condenó “la campaña de desprestigio que tiene lugar en México” contra el GIEI y contra contra el Secretario Ejecutivo de esa Comisión, Emilio Álvarez Icaza.

Este día, mediante un comunicado de prensa fechado en Ginebra, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst; el relator sobre libertad de opinión y de expresión, David Kaye; y el relator sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai hicieron el llamado “en el contexto de una ola de críticas en diversos medios mexicanos contra defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y miembros de organismos internacionales de derechos humanos”.

Los relatores dijeron que estas críticas y campañas de difamación sólo empeoran el clima para la promoción y protección de los derechos humanos en México. Recordaron que en el último mes, “a través de una campaña mediática”, varios defensores y organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil han sido acusados de fraude y corrupción, de defender presuntos delincuentes y de promover la impunidad realizando falsas denuncias de tortura.

Los relatores dijeron a su vez que varias organizaciones nacionales e internacionales y expertos involucrados en la investigación del caso de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, incluido el Grupo de Expertos Independientes de la CIDH, “han sido objeto de campañas para desacreditar su trabajo y los resultados de sus investigaciones”.

“Las autoridades mexicanas deberían reconocer públicamente que la defensa de los derechos humanos y de las víctimas de violaciones de derechos humanos no es sólo una actividad legítima, sino fundamental para fortalecer el estado de derecho, la rendición de cuentas ante la justicia y la democracia en el país”, dijo Michel Forst.

El relator sobre la situación de los defensores de los derechos humanos comentó que el trabajo que realizan activistas y sociedad civil ha contribuido activamente a la promoción del acceso de las víctimas a la justicia y a la verdad, “y es especialmente importante en un contexto en el que ocurren graves violaciones de derechos humanos que en gran parte permanecen en la impunidad”.

David Kaye, relator sobre libertad de opinión y de expresión, dijo a su vez que cualquier atentado contra el trabajo que llevan a cabo los defensores de derechos humanos “crea un efecto disuasivo, silenciando otros puntos de vista y expresiones de disenso por parte de quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica y de asociación”.

En tanto, Maina Kiai refirió que “el Gobierno debe contrarrestar tales ataques y tomar las medidas necesarias para garantizar un ambiente seguro para las personas y la sociedad civil, libre de cualquier tipo de acoso”.

Los tres expertos en derechos humanos expresaron su grave preocupación en relación con los atentados personales contra los defensores de derechos humanos en México, mismos que incrementan el peligro, el riesgo y la vulnerabilidad para ellos y su trabajo, y han expresado su preocupación al Gobierno de México.

El llamado de los relatores se suma al hecho por la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Redlamyc) que este martes exhortó “al Estado mexicano para que desde el más alto nivel se manifieste en contra del discurso de odio que promueven grupos legales e ilegales en contra de defensoras y defensores de derechos humanos”.

La Red, integrada por organizaciones no gubernamentales de 19 países de Latinoamérica y el Caribe, dijo que tanto la ONU como la Organización de Estados Americanos (OEA) representan espacios donde se discuten y buscan los más altos estándares en el derecho internacional.

Dijo que más allá de las críticas a las debilidades de estos mecanismos supranacionales, “es evidente que para la región han tenido aportes importantes en la promoción y protección de los derechos humanos lo que ha permitido mejorar la calidad democrática”.

“México ahora es motivo de preocupación en la región, ya que aún con las diversas respuestas oficiales no se logra detener a grupos de interés dentro de los distintos niveles de gobierno, empresas, grupos de ultraderecha y crimen organizado, quienes con omisión, aquiescencia o complicidad de funcionarios atacan y promueven un discurso de odio contra quienes legítimamente defienden el Estado de Derecho”, alertó la Redlamyc.

Dijo que esta campaña ha alcanzado a destacadas organizaciones mexicanas y defensores de derechos humanos, entre ellos al relator sobre tortura de la ONU, Juan Méndez y a Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH, “de quien se recibió con sorpresa el anuncio de un procedimiento judicial en su contra con un argumento jurídico absurdo”.

 “En nuestros países representa una mala señal, un riesgo de retroceso al autoritarismo político-militar, que no acepta la critica interna o internacional, respondiendo con el uso faccioso de las instituciones de justicia. Sería positivo que el Estado Mexicano renueve el mandato al GIEI para el caso Ayotzinapa; quienes fueron seleccionados de mutuo acuerdo entre las familias de las víctimas, la CIDH y el Gobierno Mexicano”, recomendaron las organizaciones que integran la Red.

Dijeron que en varios de países América Latina y el Caribe han vivido, “y algunos seguimos sufriendo; la represión, el terror de Estado, la impunidad y la polarización de nuestras sociedades”. Por ello, invitaron al Estado Mexicano a regresar a su conocida tradición diplomática de promoción y defensa de derechos humanos, atendiendo la grave crisis de derechos humanos que se vive dentro de su territorio.