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Darío Ramírez

06/04/2017 - 12:00 am

La paz ausente

En 21 de las 32 entidades del país se registró un deterioro en materia de paz en 2016, en comparación con el año previo, según Índice.

En 21 de las 32 entidades del país se registró un deterioro en materia de paz en 2016, en comparación con el año previo, según Índice. Foto: Cuartoscuro.

La vida no vale nada y cada día nos matamos más. México cayó dramáticamente en la puntuación del Índice de paz, bajando 4.3 por ciento en solamente un año. La variable que más afectó para que la paz bajara fue el aumento de los homicidios. Según el Índice la tasa de homicidios tuvo un incremento del 18 por ciento lo que provoca el descenso de México en el índice.

Nos estamos matando con armas de fuego, el 60 por ciento de los homicidios fueron cometidos por este tipo de arma. Lo que no se conoce con exactitud es qué porcentaje de los homicidios tienen que ver con el crimen organizado. Los cinco estados con mayores avances en sus niveles de paz en los últimos cinco años son Nayarit, Durango, Nuevo León, Chihuahua y Baja California. En 2011, estas entidades se encontraban entre los siete estados menos pacíficos.

El estado menos pacífico, por cuarto año consecutivo, es Guerrero, gobernado actualmente por el priista Héctor Astudillo, anteriormente por la coalición PRD-PAN. El Índice señala que durante 2016 Guerrero alcanzó una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 61.6, con lo que prácticamente igualó los niveles de la llamada guerra contra el narcotráfico durante el 2011. Guerrero tuvo una calificación general de 3.9 en escala de 1 a 5, donde 1 representa el mayor nivel de paz y 5 el menor nivel.

La segunda entidad menos pacífica es Colima, seguida de Sinaloa, Baja California Sur, Baja California, Morelos, Zacatecas, Nuevo León y Chihuahua. En contraste, los estados con mayor nivel de paz son Yucatán, que tuvo una calificación de 1.2, Nayarit, Tlaxcala, Hidalgo, Coahuila, Chiapas, Campeche y Querétaro.

En 21 de las 32 entidades del país se registró un deterioro en materia de paz en 2016, en comparación con el año previo, según Índice. “Después de cuatro años consecutivos de mejora, los avances se interrumpieron en 2016, con un aumento en la tasa de homicidio por segundo año consecutivo”, se lee en el informe. Así mismo, vale la pena resaltar que México obtuvo el lugar 140 de los 163 países que mide el Índice de Paz México.

Muchas veces hablamos de la violencia sin entender que la violencia generalizada y sistemática que se vive en el territorio nacional tiene un impacto negativo en la economía. El Índice citado afirma que la violencia le costó a México el equivalente a 18 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en 2016. Esto equivale alrededor de 25mil pesos por habitantes al año. El total, señala el Índice, fue de 3.07 billones de pesos en el año.

Por el otro lado, la corrupción le cuesta a México 347 mil millones de pesos al año, lo que significa 9 por ciento del PIB nacional y de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2015, de Transparencia International (TI), el país ocupa el lugar 95 de 168 países.

Hoy se discuten el tema de la violencia (Ley de Seguridad Interna) y corrupción (nombramiento del Fiscal Anticorrupción), sin embargo, ambos temas tienen una oposición seria sobre cómo se están tratando en beneficio de la sociedad.

Hace unos días se descubrió que el hoy prófugo Fiscal General de Nayarit, Edgar Veytia. Vale anotar que Nayarit fue de los estados que mejoró sustancialmente sobre la violencia en la entidad federativa. Hoy sabemos que el Fiscal está acusado de tráfico de heroína, metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos. Días antes de su detención, Enrique Peña Nieto departía en la Reunión Anual de Procuradores de Justicia. Se dice que el gobierno federal ya tenía información de las intenciones de Estados Unidos, pero aún así decidieron no hacer nada. Tal vez por motivos electorales (ayer comenzaron las elecciones en Nayarit y el PRI se sentía ya con el carro completo) o más bien porque el Fiscal Veytia no trabajaba solo.

La violencia va de la mano de la corrupción. La impunidad el aceite de ambas. No es de extrañarnos que caigamos en el índice de corrupción como en el de violencia. Si combatimos seriamente la corrupción y erradicamos la impunidad, la violencia bajará. Sin embargo, historias como las de los Duarte, Borge, Veytia o Padrés, se convierten en un anecdotario de lo insólito, pero no en una lista de lo castigado por la ley. Parecería que nos quieren hacer creer que cada acto de corrupción es un hecho aislado de todo el sistema político. Gabriel Zaid decía “la corrupción no es parte del sistema político. La corrupción es el sistema político mexicano”.

Mientras las muertes suben y hay partes del territorio ingobernables, la corrupción e impunidad toman mayor forma. Podemos discutir sobre la viabilidad del Sistema Nacional Anticorrupción o la reforma al sistema de procuración de justicia, sin embargo, son únicamente tintes débiles de un paisaje que se antoja cada día peor para la ciudadanía.

Todos los políticos hablan de combatir la corrupción y la violencia. Todos los partidos buscan enarbolar la lucha contra la corrupción. Del Presidente al presidente municipal. Todos. Sin embargo, cuando la necesidad de pasar de las palabras a los hechos es imperiosa, es ahí donde se falla.

Los políticos –por obvias y evidentes razones- combaten la corrupción con acciones inocuas. De lo contrario sería motu propio y equivaldría a un suicidio político. No, la fuerza para cambiar no vendrá de ellos. Que nos quede claro. Vendrá de la ciudadanía organizada que no se cansará de la verborrea política y que busca con acciones efectivas cambiar. Y vendrá también de los medios de comunicación independientes. Son estos dos actores los que deberán arrinconar a los políticos para el necesario cambio.

Debemos dejar de matarnos, porque la vida sí vale todo.

Darío Ramírez
Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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