Productores y habitantes de municipios de Chihuahua urgen a las autoridades locales y federales intervenir para poner fin a un conflicto que existe por el agua desde hace varios años, y que está semana derivó en un enfrentamiento a balazos.

Los habitantes denuncian que padecen escasez de agua debido a que la familia mormona Le Barón perforó pozos de manera ilegal y mantiene plantaciones ilegales de nogal.

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).- Productores y habitantes de algunos municipios del estado de Chihuahua urgen a las autoridades locales y federales intervenir para poner fin a un conflicto que existe por el agua desde hace varios años.

En entrevista para SinEmbargo, Joaquín Solorio, líder de El Barzón, explicó que la familia Le Barón llegó al municipio de Galeana desde hace al menos ocho décadas y se ha ocupado de desmontar tierras y a perforar pozos de manera ilegal.

Los Le Barón, afirmó Solorio, se dedican a la agricultura y a pesar de que existe una veda desde 1957 por decreto presidencial en la Cuenca del Río Carmen, conformada por los acuíferos Santa Clara y Flores Magón–Ahumada, la familia les ha dado uso de manera ilegal. Además, dijo, han desmontado tierras ganaderas para extender sus campos agrícolas.

Solorio afirmó que la familia Le Barón ha actuado en la ilegalidad con total impunidad, gracias al apoyo del hoy Diputado Alex Le Barón González, quien fungió como Delegado en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Chihuahua de 2013 a 2015.

El documento “Estadísticas del Agua en México, edición 2016”, realizado por la Conagua, el sector agrícola acapara el mayor uso del vital líquido en México.

A través de un comunicado de prensa, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, indicó que derivado de la situación, en abril del año pasado por acuerdo de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación se instaló la mesa agroambiental entre organizaciones civiles locales y autoridades federales y estatales, para así revisar las situaciones en las que existen violaciones a los derechos humanos, entre las que se incluyó la instalación ilegal de pozos en territorios de la familia Le Barón, con el argumento del daño al medio ambiente.

Sin embargo, los inconformes aseguran que las autoridades “han sido incapaces de realizar acciones contundentes encaminadas a solucionar la problemática con quienes abierta e impunemente agotan el recurso hídrico en perjuicio principalmente de pequeños y medianos productores y que representa un daño irreparable para la entidad”.

“Cada año vemos más mermado el abastecimiento de agua. Los ejidos Constitución, Benito Juárez, San Lorenzo; las colonias Lerdo de Tejada, Ricardo Flores Magón, entre otras, tienen problemas de abastecimiento de agua potable. Hay un vacío de autoridad que no está cumpliendo con su trabajo, que es la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales], la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] y la Conagua”.

Incluso, los Le Barón promovieron un amparo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que aún está pendiente de resolución, lo que, recriminó Solorio, sólo alarga los procedimientos para que la familia estadounidense pueda continuar con las actividades agrícolas que sostiene con el uso ilegal del vital líquido.

“Las autoridades nos dicen que no pueden hacer nada porque los Le Barón tienen promovido un amparo. Sólo se alargan los procedimientos y de esa manera impiden que la autoridad actúe. Aunque están de manera ilegal, mientras tanto siguen trabajando. Las autoridades se comprometen a hacer inspecciones para evitar más desmonte, pero en realidad nunca lo hacen porque esta familia tiene bastantes recursos económicos, contratan abogados, se empiezan a amparar e impiden que las autoridades actúen”, criticó.

La delegación de la Conagua en Chihuahua confirmó que la familia Le Barón cuenta con diez pozos de la Cuenca del Carmen, de los cuales sólo uno tiene título de concesión y que los nueve restantes son utilizados de manera ilegal.

La dependencia indicó que en tanto no sea resuelta la sentencia del TFJA, la delegación carece de las facultades para actuar. Si la sentencia no resulta favorable, adelantó, Conagua clausuraría los nueve pozos e impondría multas por cada uno, que irían de los 150 mil a los 500 mil pesos.

El Gobernador panista Javier Corral Jurado advirtió que su administración acompañará “legalmente la exigencia de que se revise la explotación de estos pozos, que realmente se audite cómo fueron adquiridos, cuál es el mecanismo que ha permitido hacer esta explotación”. Y añadió: “Para hacer ese acompañamiento, exigiremos que todo mundo cumpla con la ley y que nadie pueda irrumpir en la propiedad de otro, independientemente de que su causa sea justa […].yo repruebo la irrupción y que las personas quieran obtener justicia por su propia mano, pero también digo con toda claridad, que acompañaremos legalmente la exigencia de revisar esa explotación de pozos”.

Asimismo, informó, se encuentran aportando información al TFSJ para demostrar la ilegalidad de dichos pozos, que carecen de títulos de concesión y permisos de perforación. Conagua Chihuahua espera que la sentencia se declare por la clausura, pues, destacó, es de suma importancia brindar de protección al acuífero.

Ante este panorama, Solorio hizo un llamado a que las autoridades detengan la apertura de más pozos ilegales y del desmonte de tierras y sanciones para los responsables.

“Se está cometiendo un ecocidio en Chihuahua y las autoridades no están atendiéndolo como debería ser. La exigencia está dirigida a las autoridades para que actúen. Al Gobierno del Estado le pedimos que brinde la seguridad a las autoridades para que esta familia pudiente, con influencias políticas no siga actuando así. Los Le Barón dicen que estamos actuando guiados por el racismo, porque no queremos que se desarrollen, pero eso es totalmente falso. Lo que nosotros buscamos es cuidar nuestros recursos naturales”, destacó.

Solo una pequeña muestra del ataque brutal de El Barzón a @julianlebaron
Embiste criminal con la complacencia de todos los órdenes de gobierno ¿Para qué están? ¿Para proteger a criminales? pic.twitter.com/28NgpfZMs1

— Pancho Búrquez (@pancho_burquez_) 2 de mayo de 2018

El activista teme que los conflictos por el agua escalen de nueva cuenta. El pasado 30 de abril ocurrió una confrontación en el rancho “La Mojina”, en el que miembros de la familia Le Barón respondieron a balazos contra productores que buscaban documentar la explotación ilegal del vital líquido.

Los inconformes quemaron vehículos y quemaron e inmuebles.

Sin señalar culpables, Solorio recordó que el conflicto por el agua desencadenó en los asesinatos de Ismael Solorio y Manuelita Solis en 2012 y de Alberto Almeida en 2015. Las tres personas se dedicaban a la defensa de los derechos humanos de El Barzón Chihuahua, y hasta la fecha sus ejecuciones permanecen en la impunidad.

SinEmbargo buscó platicar con la familia Le Barón a fin de conocer su posicionamiento ante lo expuesto por los denunciantes, pero declinó la propuesta.