Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).– A principios de esta semana, desplazados de las comunidades de Tecomate de la Noria, Palmillas, El Recodo, La Chapalota y El Zapote, establecidos en Mazatlán, Sinaloa, pidieron el apoyo de las autoridades para recuperar los bienes que abandonaron al iniciar el éxodo de dichas comunidades ante la ola de violencia.
Se trata de 15 familias provenientes en su mayoría de Tecomate de la Noria. Fueron al Ayuntamiento de Mazatlán y exigieron la ayuda del Ejército para regresar a las comunidades que dejaron atrás, para recuperar los bienes materiales que aún se encuentran en sus antiguos hogares, desde electrodomésticos hasta animales y ganado.
El director de Evaluación de Enlace y Zona Rural, Héctor Gabriel García Salazar, dijo que inició un proceso para solicitar el apoyo del Ejército en el traslado de las familias a sus comunidades. “Nos piden el apoyo para recuperar sus bienes, dejaron estufas, refris, hasta animales, por la forma en que salieron lo dejaron todo, nos piden ayuda y nosotros le pedimos al Ejército que nos ayude para que vayan seguros”, comentó periodista Fernando Velasco, del diario sinaloense Noroeste.
En Sinaloa, el número de desplazados aumentó a 25 mil en los últimos 10 años. El motivo del éxodo es la violencia.
Nada que los mexicanos, en distintos estados del país, no sepan. Las que parecen no estar enteradas, son las autoridades federales.
“México atraviesa una crisis humanitaria encubierta. Comunidades rurales enteras han sido vilmente expulsadas por violentos cárteles de la droga, los cuales buscan apoderarse de sus tierras y recursos naturales. Los residentes han escapado de ciudades y estados donde las Fuerzas Armadas mexicanas están sumamente involucradas en un conflicto armado contra los grupos del crimen organizado. Como resultado de los asesinatos selectivos, secuestros y extorsiones, familias mexicanas se han visto forzadas a escapar abandonando sus hogares y medios de subsistencia”.
Así define la organización Refugees International la crisis de desplazados por la violencia en un amplio estudio realizado en México este verano. Dice que cientos de miles de mexicanos son desplazados internamente y necesitan documentación, albergue, medios de subsistencia y apoyo psicosocial. “El gobierno mexicano debe reconocer su existencia, y debe activarse una estrategia humanitaria integral para promover sus derechos”, sostiene.
Refugees International es de las más prestigiadas organizaciones dedicadas a los desplazados en el mundo. Sus reportes han sido requeridos por Naciones Unidas y por el Congreso de Estados Unidos, así como por algunos gobiernos.
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REPORTE- Mexico Unseen Victims
Los investigadores Sarnata Reynolds y Garrett Bradford viajaron en mayo y junio de 2014 a los estados de Aguascalientes, Baja California, Sinaloa y Veracruz y al Distrito Federal para evaluar las necesidades humanitarias de los mexicanos desplazados por grupos del crimen organizado.
“Según la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), los cárteles mexicanos utilizan a menores entre las edades de 11 y 17 años para traficar drogas a través de la frontera; para trabajar como ‘sicaritos’ o menores asesinos a sueldo; para matar y torturar a otras personas, y para cumplir otras tareas como vigilantes. En 2011, el Comité de la ONU sobre Derechos del Niño expresó su preocupación y formuló recomendaciones a México el relación al uso de menores por parte de actores no estatales, incluyendo grupos del crimen organizado, y recientemente el gobierno mexicano admitió que tenía la obligación de combatir el reclutamiento de menores”, dice Refugees International.
“Aunque los asesinatos, desapariciones y extorsión de funcionarios públicos, periodistas e investigadores han sido ampliamente documentados, la brutalidad que experimentan los ciudadanos comunes en México y el masivo desplazamiento que ésta ha causado están mayormente ausentes del discurso”, dice.
“Existen al menos dos razones primordiales para esta ausencia. En primer lugar, como gran parte del desplazamiento viene ocurriendo en grupos pequeños, en tanto las familias toman individualmente la decisión de escapar, este desplazamiento no resulta visible ni es registrado. En segundo lugar, México es un país con gran movilidad, con refugiados y migrantes por razones económicas en tránsito hacia los Estados Unidos, los propios mexicanos migrando dentro del país y hacia el norte y, actualmente, decenas de miles de menores viajando solos desde América Central a través de la frontera”, agrega.
“Dado el volumen del movimiento de la población que ocurre dentro de México y los diferentes factores que impulsan la migración hacia el norte, puede parecer difícil distinguir entre quienes migran buscando trabajo o la reunificación familiar, y los que lo hacen preocupados por proteger su vida, incluyendo personas y familias que escapan a consecuencia de la acción de grupos del crimen organizado. De hecho, incluso puede ser difícil identificar a los agentes de la violencia, en tanto algunos son altamente organizados y cuentan con estructuras jerárquicas, mientras que otros corresponden a bandas locales pequeñas y ágiles, y muchas son un híbrido entre los dos tipos, a veces trabajando independientemente y otras veces en connivencia entre sí”, sostiene.
La organización pide al gobierno federal mexicano encabezar una encuesta y realizar un diagnóstico a nivel nacional de las personas desplazadas internamente por grupos del crimen organizado, y añadir añadir preguntas específicas al conteo de la población de 2015 y al censo de 2020 sobre las razones subyacentes a este traslado. Pide nombrar un encargado del tema dentro de la Secretaría de Gobernación y establecer un grupo de trabajo intersecretarial para coordinar respuestas al desplazamiento interno que incluyan a las oficinas municipales y estatales correspondientes.
Recomienda financiar plenamente cada año la Ley de Víctomas de 2013, “y crear un comité específico al interior de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y una cuenta para desplazados, a fin de apoyarles a garantizar un albergue seguro, medios de subsistencia sostenibles, compensación o restablecimiento por las tierras, propiedades o viviendas que perdieron, y acceso a la justicia”.
Demanda consolidar las mejoras del registro civil y de nacimientos a nivel nacional, y brindar a quienes se encuentran desplazados internamente documentación legal que puedan emplear para acceder a la educación, empleo, albergue y servicios municipales y estatales; y capacitar a la policía comunitaria, municipal, estatal y federal y a los efectivos de las Fuerzas Armadas, sobre cómo identificar y proteger los derechos de los desplazados.
Pide al gobierno de Estados Unidos y a la Agencia de Refugiados de la ONU animar al gobierno mexicano a emprender acciones más consistentes sobre el desplazamiento interno, y ofrecer apoyo técnico y financiero para fortalecer la capacidad de respuesta de México.
Refugees International concluye que pese a que México cuenta con múltiples mecanismos vigentes para prestar asistencia a las personas desplazadas internamente (PDI) en circunstancias específicas, “el gobierno federal no ha demostrado disposición para admitir cabalmente y apoyar de manera consistente a las personas desplazadas por grupos del crimen organizado. En ausencia de tal apoyo, los mexicanos desplazados han demostrado poseer una extraordinaria capacidad de recuperación ante la adversidad, la cual debería ser fortalecida por los gobiernos y mecanismos internacionales pertinentes”.
“El gobierno mexicano cuenta con la capacidad financiera y técnica para recoger información sobre el número de personas desplazadas por grupos del crimen organizado, implementar la Ley de Víctimas, asignar recursos suficientes para abordar las necesidades, y asegurar que las fuerzas armadas, la policía y los gestores de políticas a todo nivel sean adecuadamente capacitados sobre los derechos de los desplazados y las responsabilidades del gobierno hacia ellas”, agrega.
Estados Unidos “se encuentran en una posición singular de poder apoyar al gobierno de México mediante la provisión de protección a ciudadanos de este país que cumplan con los requisitos para recibir asilo, y ofreciendo asistencia financiera y técnica en respuestas humanitarias para las necesidades de los desplazados. Consistentemente con el compromiso declarado en público, la Agencia de las ONU para Refugiados debe estimular al gobierno mexicano a atender las necesidades, y ofrecer sus pericias para desarrollar una respuesta al problema”, dice.
