Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).– “Cuando entras a México, entras a un futuro incierto. En mi caso yo fui secuestrado, estuve ocho días secuestrado, pasé siete noches aguantando hambre, luego caminé sin dirección, con la mirada sin esperanza, sólo pensando que atrás estaba mi familia, que necesitaba de mí”, relató Alejandro ante dos senadoras de la República y un auditorio repleto de periodistas.

El joven migrante procedente de Nicaragua aseguró que en su tránsito por territorio nacional, ha sufrido varias violaciones a sus derechos humanos. Se atrevió a denunciar la última de ellas, sin que haya recibido ningún apoyo por parte de las autoridades mexicanas.

“No tenemos apoyo de las autoridades, en el viaje pasado me rompieron la cabeza, unos de la policía municipal, interpuse la denuncia a los derechos humanos ¿y qué hizo la autoridad? Deportarme inmediatamente a mi país, como si fuera un perro, como si no fuera un ser humano”, detalló Alejandro.

Comparten el mismo sentimiento de indefensión, quienes dedican su vida a cuidar a los migrantes, quienes los atienden apenas bajan del tren, cansados y hambrientos, quienes los escuchan relatar mil y un historias sobre robos a machete limpio, violaciones a mujeres, personas arrojadas a las vías del tren, trata y secuestros, además de vejaciones por parte de las autoridades que se supone, deberían de protegerlos.

“Y pasan los meses y pasan los años y siempre es lo mismo, debe haber alguna forma, alguna solución que nos ayude a hacer esta labor. Nosotros estamos en todas las poblaciones donde pasa el tren, de una forma o de otra hacemos mucho trabajo que debe hacer el gobierno y que no lo hace”, refirió Armando Vilchis, cofundador de la Casa del Migrante, Hermanos en el Camino, que dirige el padre Alejandro Solalinde.

En febrero de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México, en el cual reportó que en sólo 6 meses –de abril a septiembre de 2010–, ocurrieron 214 casos secuestros que involucraron a 11 mil 333 víctimas.

Detalló que el 44.3% de los casos se trató de hondureños, el 16.2% de salvadoreños, el 11.2% de guatemaltecos, el 10.6% de mexicanos, el 5%de cubanos, 4. 4 % de nicaragüenses, 1.6% de colombianos y 0.5% de ecuatorianos.

Datos recabados por Organizaciones no Gubernamentales expuestos por la Senadora panista Mariana Gómez del Campo, el año pasado 400 mil personas cruzaron el territorio nacional en busca del “sueño americano”.

Informó que Amnistía Internacional reportó que 6 de cada 10 mujeres migrantes, sufren abuso sexual durante su viaje hacia Estados Unidos y que los estados donde se presentaron mayores incidentes de secuestro son Veracruz, seguido de los estados de Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas.

En materia de asistencia social, las mismas organizaciones citadas por la legisladora informaron que en menos de seis años tuvo un crecimiento cercano al 150%, es decir, la ayuda brindada pasó de 109 mil migrantes atendidos en 2006 a 250 mil en 2011.

 PAN Y MC PIDEN CAMBIAR POLÍTICA DE CRIMINALIZACIÓN

Ante esta situación, Senadoras de los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) criticaron que el gobierno del Presidente Enrique peña Nieto no haya propuesto ninguna solución, es más ni siquiera se haya pronunciado, respecto a mejorar la atención que reciben los migrantes mexicanos y centroamericanos que cruzan territorio nacional, en su camino a Estados Unidos.

“Al día de hoy, yo no he escuchado al Presidente de la República hablar de una política clara para atender el tema de los migrantes. Esto nos gustaría escucharlo en voz del Presidente de la República”, demandó la Senadora panista Mariana Gómez del Campo.

Agregó que el Gobierno federal debería poner atención en una política integral que atienda el fenómeno de la migración, y modifique la visión de criminalización contra las personas que cruzan el territorio nacional sin documentos.

“Tiene que haber una política pública concreta por parte del Gobierno federal para atenderlos, para apoyarlos, para capacitar también a la gente que está allí dentro, y una política que no sea solamente ‘te detectamos a ti migrante y te regresamos a tu país como sea, a patadas, trepándote a otros trenes para que te regreses a tu país lo más pronto posible’, al final esa no es la solución, ellos van a buscar regresar para llegar a Estados Unidos, o quedarse en México”, recalcó la legisladora panista.

En el mismo sentido, pero con mayor énfasis, la legisladora Layda Sansores, sostuvo que la política que mantiene el gobierno mexicano respecto a la migración es una “política de exterminio”, por lo que exigió que se cambie desde su raíz.

“Uno de mis primeros puntos de acuerdo fue pedir ‘la cabeza’ de Ardelio Vargas al frente del Instituto Nacional de Migración, hoy entiendo que lo que tiene que desaparecer, no es Ardelio, tiene que desaparecer el Instituto de Migración porque está podrido, por su corrupción, por su ineficacia”, denunció la legisladora por Movimiento Ciudadano.

“Habrían dos opciones para poder evitar que sigan exterminándose a los migrantes: 1) un cinturón de productividad, que ese sería el mayor retén porque no va a haber fronteras ni muros. Repetimos hay 56 puntos clandestinos, hay 8 formales pero 56 informales pero 400 clandestinos, ¡imparable! la frontera del sur”, indicó la legisladora por Movimiento Ciudadano.

En segundo término, la legisladora celebró que se hayan incrementado los casos en que se rescata a migrantes secuestrados por bandas del crimen organizado, sin embargo, lamento que al momento no exista un solo detenido, procesado o sentenciado por la privación ilegal de la libertad y la extorsión a familiares, incluso más allá de las fronteras.

“Rescatan a quién sabe cuántos secuestrados y de todos los casos de rescate que han habido, no ha habido ni un solo detenido”, sentenció Layda Sansores, una de las Senadoras que más ha apoyado a la Casa del Migrante Hermanos en el Camino, según el propio Armando Vilchis.

PROPONEN FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA ATENDER DELITOS CONTRA MIGRANTES

La Senadora Mariana Gómez del Campo planteará ante la Comisión Permanente, un punto de acuerdo para exhortar al Procurador General de la República para que emita el acuerdo de creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en contra de Migrantes.

“Nos parece fundamental que exista dentro de la Procuraduría General de la República una fiscalía para que verdaderamente se atiendan los temas de los migrantes y dejen de pasarse la bolita, porque a la hora de platicar con todos los que hacen esta labor humanitaria de atender las Casas de Migrantes, nos dicen que las autoridades se pasan la bolita entre Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, y no pasa nada”, subrayó la Senadora Mariana Gómez del Campo.

En el punto de acuerdo, respaldado por Senadores del PAN, PRD, PT y MC se pide, además que en esa fiscalía especializada se contemple un esquema de capacitación y profesionalización del personal adscrito a dicha fiscalía.

“Tener una fiscalía especializada va a permitir que se persigan estos delitos de la misma manera, tanto en el sur como en el norte del país, se podrá contar con información precisa y homogénea para identificar a los grupos de la delincuencia organizada y pone a México en la vanguardia de la procuración de justicia entre los países que enfrentan fenómenos migratorios como éste”, precisó.

La también Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, reconoció que esta fiscalía no solucionará todos los problemas de la migración indocumentada, pero confió en que permitirá a los migrantes denunciar maltratos físicos y psicológicos, porque hoy, dijo, no están dispuestos a denunciar debido al temor que tienen de que sean las mismas autoridades quienes las deporten.

“Tenemos que ver cuánto nos costaría crear esta fiscalía, pero honestamente creemos que es como quitarle un pelo a un gato. No creemos que sea una fiscalía que pueda costarle mucho al gobierno, si comparamos el gasto de otro tipo de áreas, creemos que no es un tema de costos, es un tema de voluntad política”.

Aunque con reservas, la Senadora Layda Sansores respaldó la propuesta para crear la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en contra de Migrantes. Y es que la senadora expresó su preocupación de que al ser dependiente de la PGR, esta fiscalía no actué con justicia e independencia.

“Apoyo decididamente esta propuesta de Mariana en esta inquietud de hacer algo y no quedarnos con los brazos cruzados, yo creo que la Procuraduría, desde mi punto de vista, mientras no sea autónoma podría ser solamente la comparsa del gobierno”, sostuvo la legisladora de izquierda.

Por su parte, Fernando Batista Jiménez, Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien está a cargo del Programa de Atención a Migrantes, también respaldó la propuesta, pues reconoció la falta de coordinación interinstitucional entre las comisiones, procuradurías o fiscalías locales encargadas de atender, investigar y sancionar a los responsables de delitos contra migrantes.

“Pero también se requieren acciones coordinadas en materia de atención a víctimas, en materia de política pública, de prevención del delito y sobre todo también relacionada con política pública, que garantice el acceso a la población migrante, a la justicia. Este derecho humano, al que desde luego del que son titulares y que les tiene que ser garantizado en todo momento”, concluyó el Quinto Visitador de la CNDH.