México, 6 Ago (Notimex).- El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general con 90 votos en favor y 27 en contra el último paquete de leyes secundarias en materias hacendaria y presupuestal relacionadas con la reforma energética.
Los senadores avalaron este cuarto paquete que contiene reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y General de Deuda Pública.
El debate en lo particular seguirá para presentar unas 30 reservas que se agruparán en tres rubros que son autonomía sindical y derecho de los trabajadores, utilización de los ingresos petroleros y política de subsidios de tarifas eléctricas.
Entre los aspectos relevantes de este paquete de propuestas legislativas está regular el destino de los recursos provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
Entre ellos a los fondos de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios; de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos; Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética.
También sobre la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, a los municipios colindantes con la frontera o litorales y a la Tesorería de la Federación.
Se contempla que el régimen especial en materia de presupuesto y deuda de las empresas productivas del Estado se incluya en las respectivas leyes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Por lo que hace a la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo que se realice al Fondo de Extracción de Hidrocarburos, será el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.008 y se sujetará a lo establecido en el Artículo 4-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
En los artículos transitorios se establece que el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), preverá para que en la elaboración de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015 se reflejen las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Se aprueba que el Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en el curso de pago, así como las que corresponden a los trabajadores en activo de Pemex y sus organismos subsidiarios.
Lo anterior siempre que, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, Pemex alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable en la empresa y en los organismos subsidiarios, y modifique el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza.
En ese mismo sentido, el Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago a cargo de la CFE de las pensiones y jubilaciones que corresponden a sus trabajadores que fueron contratados hasta el 18 de agosto de 2008.
También siempre que dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto la CFE alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de mando.
Las reformas y derogaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública relacionadas con las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias entrarán en vigor respecto de Pemex y sus organismos subsidiarios y a la CFE en la fecha que, conforme a sus leyes, se dé cumplimiento a lo establecido en la reforma constitucional publicada el 20 de diciembre de 2013.
Ello sin menoscabo de los ingresos que obtenga cada órgano regulador coordinado en materia energética por concepto de las contribuciones y aprovechamientos que disponga por los servicios que preste durante el periodo de 2015 a 2018.
En este punto se precisó en el ordenamiento que la Cámara de Diputados realizará las previsiones presupuestales que garanticen que, tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos como la Comisión Reguladora de Energía, cuenten con los recursos presupuestales.
CRONOLOGÍA DE LAS REFORMAS EN MATERIA ENERGÉTICA
La industria petrolera en México surgió y se desarrolló desde principios del siglo XX con la presencia de empresas extranjeras inglesas y estadounidenses, principalmente en las zonas costeras del Golfo de México.
En 1902 y 1905 el Gobierno de Porfirio Díaz emitió las leyes del Petróleo que concedieron la propiedad total de los recursos del subsuelo a los propietarios de los terrenos, lo que le dio a las empresas extranjeras el control total de los hidrocarburos.
En 1917, la Constitución mexicana restablece la propiedad de las riquezas del subsuelo para la Nación, aunque las petroleras logran ampararse y evitan su aplicación durante dos décadas.
El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas expropia los bienes de 17 compañías petroleras tras su negativa a acatar los fallos de los tribunales mexicanos en relación con conflictos laborales.
El 7 de junio de 1938 se creó Petróleos Mexicanos (Pemex) como la única compañía encargada de explotar y administrar los yacimientos de petróleo en territorio mexicano.
En 1941 se promulga la llamada Ley Reglamentaria del Artículo 27 que establecía el dominio del Estado sobre los hidrocarburos, aunque autorizaba los contratos de riesgo para que empresas extranjeras participaran en la industria petrolera.
Entre 1949 y 1951 Pemex firmó 16 contratos de riesgo compartido con empresas estadounidenses para participar en la exploración y producción de petróleo. Los contratos permitían el pago en efectivo y en especie, por montos de entre el 15 % y 18 % del valor del crudo extraído.
En 1958 el Gobierno de Adolfo Ruiz Cortines modificó la Ley Reglamentaria del Articulo 27, la cual se mantuvo vigente durante cinco décadas hasta que fue reformada en 2008.
En 1960 el Gobierno de Adolfo López Mateos cancela oficialmente los contratos de riesgo compartido en el sector petrolero después de que sus resultados fueron negativos para México y beneficiosos para las empresas extranjeras.
En 1960 López Mateos nacionaliza la industria eléctrica y crea la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encargada de crear un sistema unificado en la generación y distribución de energía.
En la década de 1970, México se convierte en un país petrolero con el descubrimiento del yacimiento de Cantarel en el Golfo de México, entonces uno de los mayores del mundo, y comienza a exportar la mayor parte de su producción.
En 1982 termina la bonanza petrolera que dejó una deuda de 90.000 millones de dólares tras la caída de los precios internacionales del petróleo.
En 1986 comienza la desclasificación de los productos petroquímicos para que las empresas privadas los produzcan y comercialicen. También se crea Pemex Internacional que realiza inversiones en diversas empresas.
En 1992, con el Gobierno de Carlos Salinas, Pemex se divide en cuatro subsidiarias: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Petroquímica y Pemex Gas y Petroquímica Básica.
Durante este mismo Gobierno surgen empresas asociadas con Pemex: Deer Park en Estados Unidos, Mexpetrol y Mexlub.
Tras la crisis financiera de 1995, el Gobierno de Ernesto Zedillo compromete la entrega de los ingresos petroleros a un fondo del Tesoro Estadounidense para garantizar el pago de un crédito por 20.000 millones de dólares.
El 2 de febrero de 1999, Zedillo presentó una iniciativa para privatizar algunas áreas en el sector eléctrico y otras actividades de la industria petrolera.
En septiembre de 2005 el Gobierno de Vicente Fox presentó una propuesta de reforma energética, la cual fue ignorada y archivada.
No obstante los partidos acuerdan una reforma que establece los llamados “contratos de servicios múltiples”, los cuales permiten a la iniciativa privada participar en las actividades en la producción de gas natural, con resultados muy pobres.
En abril de 2008 el Gobierno de Felipe Calderón propone una reforma petrolera que no reforma la constitución pero legaliza los llamados “contratos incentivados”, los cuales amplían las posibilidades para que las empresas privadas participen en el sector petrolero.
En 2013 el presidente Enrique Peña Nieto envía una iniciativa de reforma energética, la más completa que presentado para la apertura de la industria al sector privado con el propósito de atraer inversiones y frenar la caída de la producción petrolera.
Esta reforma de Peña Nieto incluye crear nueve leyes y reformar otras 12 para regular a las empresas que participen en todo el sector energético, así como garantizar que la renta petrolera quede en manos del Estado y promover el abastecimiento de energía a precios competitivos para el desarrollo de la economía.
-Con información de EFE
