Activistas de EU solicitaron ayuda a la comunidad para atender a las más de 500 familias que se refugiaron en una iglesia y un convento de San Antonio, Texas, luego que fueron liberadas de los centros de detención de Karnes y Dilley en el sur de Texas. La organización Raices gastó casi 2 mil dólares comprando colchones de aire, cobijas y sábanas y ayudó a los migrantes a llamar a sus familiares en diversos puntos del país con apenas dos teléfonos disponibles. Este martes, los legisladores de California exhortaron a Donald Trump a abstenerse de buscar deportaciones en masa y presentaron iniciativas de ley urgentes para financiar abogados migratorios. A  su vez, políticos de NY interpusieron una demanda con el fin de impedir que la ciudad destruya los registros personales relacionados a las credenciales de identificación emitidas de inmigrantes, acción que la ciudad ha considerado para evitar que esos datos se conviertan en una herramienta de deportación.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo/LaOpinión/AP).– Más de 500 familias -madres y niños- se refugiaron en una Iglesia y un convento de San Antonio, luego que fueron liberadas de los centros de detención de Karnes y Dilley en el sur de Texas entre sábado y lunes, poniendo a activistas y redes locales de ayuda en estado de alarma y movilización.

Las familias se hallaban entre un refugio de la organización Raices, la Iglesia Menonita y un convento católico en San Antonio, dijeron activistas.

Este martes, los legisladores de California exhortaron al Presidente electo Donald Trump a abstenerse de buscar deportaciones en masa y presentaron iniciativas de ley urgentes para financiar abogados migratorios y ayudar a los defensores públicos a proteger a los inmigrantes en el estado. A  su vez, dos políticos estatales interpusieron una demanda con el fin de impedir que la ciudad de Nueva York destruya los registros personales relacionados a las credenciales de identificación emitidas por el municipio y que son usadas por inmigrantes, una acción que la ciudad ha considerado para evitar que esos datos se conviertan en una herramienta de deportación para el nuevo gobierno federal republicano.

Amy Fisher, portavoz de la orgacización Raices, dijo que todas las familias pasaron primero por los centros de detención familiar del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que manejan dos compañías privadas en Dilley y Karnes, al sur de la ciudad de San Antonio y que los activistas están trabajando aceleradamente para darles un mínimo de comodidades mientras contactan a familiares o patrocinadores en diversos puntos del país.

“Raíces tiene un refugio en San Antonio que generalmente recibe a familias liberadas de esos centros de detención”, dijo Fisher. “Pero al llegar tantos al mismo tiempo tuvimos que buscar donde ubicarlos, poniendo colchones en casi cada rincón”

Cuando la Iglesia se llenó, las monjas católicas que estaban ayudando a los migrantes en la iglesia, se llevaron a 45 personas con ellas al convento, agregó la activista.

Raices gastó casi 2000 dólares el sábado comprando colchones de aire, cobijas y sábanas para las familias y ayudándolas a llamar a sus familiares en diversos puntos del país con apenas dos teléfonos disponibles.

No está claro por qué este número de familias migrantes, que al parecer están en diversos estadios de un proceso de asilo, fueron liberadas en esas cantidades. La Opinion solicitó información al respecto a las autoridades migratorias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y no recibió respuesta alguna.

“Se trata de más personas en el transcurso de 48 horas que las que hemos visto en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Septiembre”, dijo Fisher.

Los activistas especulan que quizá tiene que ver con el fallo, dado a conocer el viernes, en el que una jueza en Austin, Texas, dictaminó que el Departamento de Servicios de Protección a la Familia (DFPS) de Texas no tiene autoridad legal para regular prisiones como si la tiene para otorgar licencias a centros de cuidado infantil.

“Solo podemos especular”, explicaron, pero al día siguiente de ese fallo, llegaron las familias a San Antonio.

No obstante, y sin confirmación de las razones por parte de las agencias federales a cargo, hacía ya algunas semanas que las autoridades estaban de nuevo liberando, tras procesarlas, a familias centroamericanas que cruzan la frontera solicitando asilo alegando que escapan de la terrible violencia que sacude a Honduras, El Salvador y Guatemala.

La razón es un nuevo aumento este año en el cruce de estas familias así como de niños y adolescentes de esos países que cruzan solos la frontera. Por ejemplo, hace unos días se reportó que unas 40 personas estaban refugiadas también en una iglesia de El Paso, y eso fue antes de la decisión de la juez en Austin.

El nuevo aumento en la llegada de migrantes centroamericanos, principalmente menores de edad y grupos familiares pidiendo refugio o asilo, ha provocado la apertura de nuevos centros temporales de detención por parte de la Agencia Federal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la frontera sur estadounidense.

Los centros de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), donde los migrantes detenidos van luego de ser procesados por CBP, también están a tope, dijeron las autoridades.

La llegada de centroamericanos volvió a aumentar este año a niveles casi como los de 2014 y por segunda vez en la historia, el arresto de migrantes de esa región por autoridades estadounidenses superó al de mexicanos, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El cruce de haitianos también ha aumentado notablemente, según DHS y grupos de asistencia legal a migrantes en la zona, particularmente en el área de El Paso.

PIDEN RECURSOS EN APOYO A MIGRANTES

Según los activistas, todas las familias son solicitantes de asilo y algunas tenían semanas detenidas en alguno de los dos centros del sur de Texas que operan especialmente para detener a mujeres y niños inmigrantes. Otras apenas fueron procesadas y detenidas por algunas horas antes de salir en libertad.

“Algunas ya pasaron por las entrevistas previas de asilo (credible fear) y otras no”, dijo Fisher. “Cada una de estas familias tiene además una fecha para presentarse en la corte del lugar donde van a estar viviendo, con familiares o patrocinadores, en diversos puntos del país”.

La organización pro inmigrante Raíces, que está ayudando a las familias junto con la comunidad local de fe, está pidiendo donativos de pañales, analgésicos, ropa de abrigo, cobijas, teléfonos pre pago y otras necesidades inmediatas para las familias, ya que la cantidad ellas supera lo que normalmente se ve en la región.

Según la Iglesia Menonita, ya está llegando mucha ayuda de la comunidad local, pero “aún hay muchas necesidades”.

EXHORTO MIGRATORIO A TRUMP

Los legisladores de California exhortaron a Trump a abstenerse de buscar deportaciones en masa y presentaron iniciativas de ley urgentes para financiar abogados migratorios y ayudar a los defensores públicos a proteger a los inmigrantes en el estado.

Los legisladores demócratas también aprobaron el lunes resoluciones en ambas cámaras en las que se le pide al próximo gobierno federal que mantenga vigente un programa que concede permisos de trabajo a cientos de miles inmigrantes jóvenes que están sin permiso en Estados Unidos, pese a las intensas protestas por parte de algunos republicanos.

El Senador estatal Ben Hueso, demócrata de San Diego, presentó una propuesta para financiar abogados para los inmigrantes en procesos de deportación, mientras que el asambleísta Rob Bonda, demócrata de Alameda, propuso que se ayudara a los defensores públicos a valorar las consecuencias migratorias de las condenas penales.

Ambas iniciativas fueron etiquetadas como urgentes y tienen como objetivo proteger a los inmigrantes en California —que cuenta con más de 10 millones de residentes nacidos en el extranjero— de las promesas de campaña de Trump sobre un ejercicio más estricto de las leyes migratorias.

“Es un salvoconducto, por decirlo de alguna manera, en todos los aspectos, para dejar en claro que estos son los valores de California”, dijo a la prensa el presidente interino del Senado Kevin de Leon, demócrata de Los Ángeles.

Los legisladores demócratas, que cuentan con mayorías en ambas cámaras, propusieron las medidas luego de un encarnecido año electoral en el que Trump hizo de las leyes fronterizas el punto focal de su campaña y mantuvo una retórica crítica a los inmigrantes mexicanos y los musulmanes.

En el primer día del nuevo periodo de sesiones – que a menudo es reservado para estrechar manos y tomarse fotografías- se presentó un encendido debate sobre las resoluciones de los demócratas para exhortar a Trump a que continúe emitiendo permisos de trabajo para los jóvenes inmigrantes que fueron llevados a Estados Unidos cuando aún eran niños. Más de 740.000 jóvenes están cubiertos actualmente por el programa.

El Senador republicano de Costa Mesa, John Moorlach, dijo que pensaba que era un enfoque equivocado por parte de California adoptar un tono tan antagónico con un presidente que ni siquiera ha juramentado al cargo todavía.

“No estoy cómodo con decir que pelearemos, aunque lo entiendo. Pienso que deberíamos tratar de trabajar con este gobierno”, afirmó. “Deberíamos colaborar. No creo que el desafío sea el enfoque correcto”.

De Leon calificó la iniciativa de ley como necesaria y urgente, ya que hay niños temerosos de que sus padres sean deportados.

El Gobernador Jerry Brown declinó el lunes tomar una postura sobre la legislación migratoria que se presenta. Sin embargo, afirmó que “evaluará cuidadosamente todo lo que se proponga”.

“anteriormente he aprobado medidas similares, al menos en cuestión de presupuesto”, dijo a los periodistas reunidos en su oficina. “Apoyo enormemente a las personas de California y a aquellos que han llegado aquí de manera más reciente, así que le daré un buen vistazo a lo que sea que presenten”.

Aproximadamente 2.4 millones de inmigrantes residentes en el estado carecen de estatus legal, según cálculos del Pew Research Center, con sede en Washington.

Las dos medidas migratorias presentadas el lunes podrían costarle al estado entre 10 y 80 millones de dólares, de acuerdo a quienes realizaron las propuestas.

Los defensores de los derechos de inmigrantes dicen que otras iniciativas de ley están bajo consideración para limitar más la aplicación de la ley federal de inmigración en California y proteger la información de inmigrantes en bases de datos estatales.

En años recientes, California ha aprobado una serie de medidas para asistir y proteger a inmigrantes que están en el país sin permiso, por ejemplo, limitando los casos en que agencias judiciales del estado pueden entregar inmigrantes arrestados a autoridades federales para su deportación.

California ofrece atención médica con subsidio del estado a niños de familias de ingresos bajos que están en el país ilegalmente y emite licencias de manejo sin importar el estatus migratorio.

PIDEN NO BORRAR DATOS DE MIGRANTES

Dos políticos de Nueva York interpusieron el lunes una demanda con el fin de impedir que la ciudad destruya los registros personales relacionados a las credenciales de identificación emitidas por el municipio y que son usadas por inmigrantes, una acción que la ciudad ha considerado para evitar que esos datos se conviertan en una herramienta de deportación para el nuevo gobierno federal republicano.

La demanda se presenta antes del plazo del 31 de diciembre para que la ciudad decida si borrará las copias de pasaportes, actas de nacimiento, registros académicos y otros documentos presentados por más de 900.000 poseedores de credenciales IDNYC.

La fecha fue incluida en el programa desde su inicio en 2014, en parte debido a la preocupación sobre la posible elección de un presidente republicano como es el caso del mandatario electo Donald Trump, cuyas promesas de campaña incluyen la deportación de millones de personas que están ilegalmente en Estados Unidos.

Los miembros republicanos de la Asamblea estatal Ron Castorina y Nicole Malliotakis indicaron en su demanda que destruir registros gubernamentales “debido a los resultados de una elección federal va en contra de los ideales de Estados Unidos y no tiene fundamentos legales”.

Los legisladores, ambos de Staten Island, arguyen que la información podría ayudar a rastrear a los poseedores de las credenciales en caso de que cometan algún delito o que obtengan identificaciones municipales bajo identidades fraudulentas, tal vez con propósitos nefastos.

“Como funcionarios electos, tenemos el deber de proteger a nuestros votantes de las acciones ilegales del gobierno que pongan en riesgo su seguridad”, dijo Malliotakis por medio de un comunicado.

Castorina dijo que quedó sorprendido de que los autores del programa “jugaran a la política” con los datos.

Cuestionado el lunes respecto a la demanda, el alcalde demócrata, Bill de Blasio, señaló que las autoridades de la ciudad “no nos permitiremos ser parte de una situación en la que esos registros sean entregados al gobierno federal”.

“El motivo por el que la gente estuvo dispuesta a confiar en nosotros es porque fuimos muy claros en que jamás habría una situación que derivara en su deportación, y vamos a cumplir ese compromiso”, aseguró.

Sin embargo, las autoridades no han tomado una decisión sobre conservar los registros.

El programa de identificaciones municipales comenzó en 2007 en New Haven, Connecticut, y se ha expandido a unas 10 ciudades, incluyendo Los Ángeles y San Francisco.

–Con información de Pilar Marrero de La Opinión, JONATHAN J. COOPER y AMY TAXIN de AP