Agonizante. Afectado por la disminución de sus recursos. Víctima de las corruptelas históricas. Vacío en varias regiones por la violencia o la pobreza. Abusado por los intereses políticos. Con dependencia alimentaria de más de 50 por ciento. En crisis y sin política integral. Así será el campo mexicano cuando, dentro de tres meses, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, se sienten a negociar el TLCAN como lo quiere el nuevo Presidente de Estados Unidos, Donald John Trump. Han pasado cuatro años de Gobierno y Enrique Peña Nieto, Presidente de México, no ha presentado una política integral para el agro mexicano. En 2013, anunció que impulsaría una reforma estructural que lo transformaría, pero hasta ahora, cuando las circunstancias políticas del mundo han cambiado por la llegada de Trump a la Presidencia de Estados Unidos, la tiene guardada.

Por Linaloe R. Flores y Efrén Flores
SEGUNDA PARTE

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).- El 4 de marzo de 2013, Peña Nieto asistió al primer evento de su gobierno relacionado con el sector agropecuario, en Culiacán, Sinaloa.

Ahí tuvo que escuchar del líder de la Liga de Comunidades Agrarias, Germán Escobar Manjarrez, que las cosas habían cambiado y que ese estado ya no era el granero generoso de México que fue.

El agricultor y político también del PRI –fuera del discurso que llevaba escrito- le pidió al primer mandatario que detuviera el acaparamiento de maíz que resultó del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), firmado en 1994 y que para el campo empezó en 2008. Le hizo ver que por el acuerdo había una crisis.

Ante el Presidente, hizo cuentas. Que la semilla, el fertilizante y el diésel costaban el triple que hacía tres años. Y que además, las transnacionales amenazaban con traer maíz blanco de Sudáfrica.

Pero el Presidente no le contestó nada. Peña Nieto indicó que refrendaba el compromiso del gobierno federal para la modernización y tecnificación del campo sinaloense. Esa vez, cuando su Gobierno tenía apenas tres meses, el Presidente fijó su postura respecto al campo mexicano: el silencio. Después, el sector no volvió a ser tema de sus discursos ni de su agenda política. Si en materia de seguridad y violencia, en la presente Administración se impuso la discreción, en la del campo mexicano se instaló la omisión.

Para los ex presidentes priistas, el campo era el eje temático tanto de sus campañas como de sus Gobiernos. Por lo menos en la palabra, los campesinos eran personajes respetados y hasta inmaculados. Vicente Fox continuó con esa tradición, aunque Felipe Calderón, concentrado en el tema de la seguridad, la rompió.

Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) creó en 1965 el Banco Nacional de Crédito Agropecuario y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).

Luis Echeverrría Álvarez (1970-1976) promulgó en 1971 la Ley Federal de la Reforma Agraria y la Ley Federal de Aguas.

José López Portillo (1976-1982) le pidió perdón a los campesinos durante su campaña electoral y en 1979, expidió la Ley de Fomento Agropecuario.

Miguel de la Madrid (1982-1988) reactivó el reparto agrario con la formación de la UNORCA.

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) reformó el artículo 27 constitucional en materia agraria en 1992 y en 1994, ya en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), creó el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo).

Ernesto Zedillo (1994-2000), dirigió en 1997 el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) a las familias rurales y en 1999, hizo desaparecer a la Conasupo dado que el cáncer de la corrupción la carcomía.

Vicente Fox Quesada (2000-2006), en la alternancia política, lanzó la Financiera Rural, y;

Felipe Calderón (2006-2012), concentrado en la Guerra en contra del Narcotráfico, lo olvidó.

Enrique Peña Nieto (2012-2018) no ha presentado nada.

El Presidente Peña Nieto sólo ha hecho anuncios como el de noviembre de 2013, durante la entrega del Premio Nacional Agroalimentario, cuando dijo que enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa para “una gran reforma” que modificaría el rostro del agro. O ha lanzado frases triunfalistas como las de los congresos extraordinarios de la Confederación Nacional Campesina (CNC) a los que ha asistido cada año. “Sigamos trabajando unidos, sigamos trabajando de la mano, hombro con hombro, mirando hacia delante en ese México de esperanza que se va abriendo ante los ojos de todas y de todos”, fue la de agosto de 2016.

El tiempo corre en contra. Porque en cada declaración y tweet, Donald John Trump lo que muestra es prisa. Y aunque tomará meses conseguir nuevos acuerdos o ponerle fin al TLCAN, al campo mexicano le llegó otra vez otra vuelta del destino y la encarará sin la reforma ofrecida por el Presidente.

EL GRAN PERDEDOR ANTE SU NUEVA OPORTUNIDAD

Antes del TLCAN, México importaba 19 por ciento de alimentos y hoy, la dependencia es de poco más de 50 por ciento, según datos de José Luis Calva Téllez, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La misma Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) reconoce el déficit de la balanza en este sector de cuatro mil 792 millones de dólares, en promedio en la última década.

Ante el paisaje, el Gobierno federal respondió con austeridad. De 2014 a 2016, recortó 37.4 mil millones de pesos al Programa Especial Concurrente (PEC) debido a las medidas de austeridad anunciadas por la Secretaría de Hacienda en esos dos años. Este 2017, el PEC tiene 304 mil 751.1 millones de pesos, lo cual es 48 mil 91 mil millones de pesos de lo ejercido en 2016. Es una cifra similar en términos reales a la ejercida en 2009, según el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La estrategia gubernamental de disminuir el presupuesto ocasionó un aumento de importaciones de granos básicos como maíz, sorgo, trigo, soya, arroz y hasta frijol, según una revisión de esta Unidad de Datos.

Si ante la negociación del TLCAN lo que falta es productividad en el campo, la organización “Iniciativa Valor al Campesino” expone que ese presupuesto es insuficiente. Un cálculo de esta Organización no Gubernamental arroja que seis de cada 10 pesos invertidos corresponden a rubros sociales y 3.6 se aplican en apoyo a la producción; es decir, para infraestructura, competitividad, materia financiera y medio ambiente.

Para Adriana Berrocal, presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos y Finanzas (IMEF), el campo representa uno de los sectores que deben ser revisados en la oportunidad que abre la probable negociación del TLCAN porque fue ahí donde no se vio una integración a los procesos de la globalización.

Hay que decir que en 2015, por primera vez, la balanza comercial del sector agroalimentario presentó un superávit de mil 289 millones de dólares. Si bien llegó el auge, los campesinos continuaron en una situación de pobreza, sin soberanía alimentaria y con dependencia de Estados Unidos.

En los años del TLCAN, según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), desaparecieron 391 mil unidades de producción porcícola y 322 mil ganaderas, afectadas por las importaciones y el aumento en los costos de producción.

Incluso la Confederación Nacional Campesina -una organización de la entraña del Partido Revolucionario Institucional- reconoce en el estudio “Estado Eficaz: Modernización de la Administración Pública Mexicana para Atender al Campo” que desde la entrada en vigor del TLCAN en enero de 1994, unos 2.3 millones de campesinos dejaron sus tierras para emigrar a Estados Unidos o las ciudades en el mismo país. La misma organización sostiene que otros cinco millones de productores eligieron dedicarse a otras actividades.

Lo que plantea la organización priista, bastión de poderío por los votos que representa el campo, no es lejano al panorama que tiene José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico quien indica que el agro ha sido “un sector perdedor por el TLCAN y la evidencia de ello es que México se estancó en la producción per cápita de los 15 principales cultivos y productos, como maíz blanco, frijol, trigo, tomate, arroz, huevo, leche, y otros”.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la dependencia alimentaria de México se puede atribuir tanto al declive del apoyo al sector primario por parte del Gobierno como a las políticas de liberalización del comercio que entraron en vigencia tras el Tratado.

“El resultado combinado de la disminución del apoyo gubernamental y de la estrategia de liberalización del comercio dirigida por el TLCAN, ha sido una brecha en constante crecimiento entre la producción nacional de alimentos y la demanda”, se lee en el documento “Mexico: food price increases and growth constraints” de Moritz Cruz, Armando Sánchez y Edmund Amann.

NO SÓLO ES CONTAR GRANOS

El politólogo Eduardo Huchim May, especialista en sistema electoral, describe que el campo mexicano frente al TLCAN no sólo debe ser visto desde los análisis económicos; sino políticos. Y de corrupción. El especialista expone que la pobreza rural tiene un vínculo cada vez más fortificado con las elecciones y por ello, se ha convertido en “víctima propiciatoria” de los actos más funestos de corrupción. “Con sus habitantes se integran los padrones de pobres y personas en miseria. Estos individuos siempre han significado votos. Así que es un problema histórico, circular y que la coyuntura obliga a revisar”.

En torno al campo mexicano han ocurrido las historias más marcadas de la corrupción nacional. En 2013, 53 funcionarios de Veracruz hicieron uso de los padrones de Oportunidades y la Cruzada Nacional contra el Hambre para promover el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), delito que rompió el Pacto por México, la figura en la que el Presidente Enrique Peña Nieto utilizó para impulsar cinco reformas.

Y apenas cuatro años antes -2009- una investigación periodística de El Universal dio con que el Procampo –creado en 1994 para apoyar a los productores más pobres afectados por el TLCAN- le entregaba beneficios millonarios a funcionarios públicos, entre ellos, el mismo titular de la Sagarpa, Francisco Javier Mayorga y su familia. Además, en la lista de beneficiarios estaban ex funcionarios, poderosos agroindustriales y personajes relacionados con el crimen organizado.

Hay otro pasaje. De 1982 a 1994, Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente, ocupó varios cargos de la Conasupo. Fue gerente general de Sistema de Distribuidoras Conasupo (Diconsa), director general de Imconsa y director de Planeación y Programación Presupuestal.

En 1994, fue descubierto en millonarias compras de semilla de maíz, frijol, arroz y leche con posibles residuos radioactivos del extranjero, lo que ayudó a quebrar la industria campesina nacional. Fue llevado a prisión por enriquecimiento ilícito pues poseía cuentas en Suiza y 54 propiedades, patrimonio que no coincidía con sus ingresos. En 1995 ingresó al penal de máxima seguridad, en ese tiempo llamado Almoloya de Juárez. Y en 2013, un juez lo absolvió.

Si en materia de seguridad y violencia, en la presente Administración se impuso la política del silencio, en la del campo mexicano se instaló el olvido. Foto: Cuartoscuro.

SAGARPA Y SEDATU, LAS INSTANCIAS DEL CAMPO

El Gabinete agrario está integrado por dos instancias gubernamentales, la Sagarpa y la Sedatu. Los dos funcionarios que las ocupan, José Calzada Rovirosa y Rosario Robleas Berlanga tienen un denominador: son amigos cercanos de Enrique Peña Nieto, Presidente de México. Cada uno percibe al mes, 205 mil 122 pesos en salario bruto. El titular de la Agricultura es un hombre que no incluye en su declaración patrimonial su casa, pero sí un local de 778 metros cuadrados construidos. Por su parte, Robles Berlanga, de Desarrollo Territorial, declara que no desea hacer públicos sus bienes patrimoniales.

José Calzada Rovirosa, ex Gobernador de Querétaro y priista cercano al grupo de Atlacomulco, tiene un Doctorado en Economía y Administración por la Universidad de Querétaro. Llegó a la Sagarpa en agosto de 2015, en sustitución de Enrique Martínez y Martínez.

Calzada Rovirosa ha dejado claro lo que piensa del matiz que se le pondría al TLCAN. Ahí están sus palabras de cuando compareció ante comisiones unidas de Agricultura y Sistema de Riego, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, con motivo del análisis del IV Informe de Gobierno en octubre de 2016. “La situación del campo mexicano es espectacular pues crece por encima de la media nacional, pero aún está muy lejos de su potencial”, dijo el Secretario frente a los diputados que criticaron la falta de productividad.

Luego, en noviembre, en el Foro Económico de Pesca y Acuacultura, el funcionario expresó que la eventual renegociación del TLCAN no dañará al campo mexicano porque la relación entre México y Estados Unidos es “muy madura”.

Rosario Robles, la otra Secretaria que tendrá que hacerle frente a la negociación del TLCAN, ocupa la silla principal de la Sedatu, después de haber conducido la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia encargada de abatir la pobreza. Su cartera, cuando fue Reforma Agraria, es una de las dependencias más agotada de la Administración federal. En 2009, el ex Presidente Felipe Calderón envió una iniciativa al Congreso de la Unión para desaparecerla con el argumento de que su objetivo de reparto agrario era anacrónico, pero la propuesta no prosperó. Durante el peñanietismo ha estado ocupada por tres Secretarios: Jorge Carlos Ramírez Marín, Jesús Murillo Karam y ella, Rosario Robles Berlanga.

La Sedatu recibió a Murillo Karam después de que la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, aterrizó en “una verdad histórica” endeble e inverosímil, derruida por las pesquisas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En agosto de 2015,Robles Berlanga lo sustituyó.

En estos días, tiene en cartera unos 500 conflictos de disputa de tierra, algunos con antigüedad de hasta un siglo. Ahí están incluidos los programas de Vivienda Digna, los de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos, el de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales, el de Vivienda Rural, el de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios, el de Fomento al Desarrollo Agrario, el de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios y el de Fomento a la Urbanización Rural.

Con todo, al campo mexicano lo han puesto de nuevo frente a otro destino, uno que de nuevo le marcará la historia.

De acuerdo con “Iniciativa Valor al Campesino”, seis de cada 10 pesos invertidos por el Gobierno federal corresponden a rubros sociales y sólo 3.6 se aplican en apoyo a la producción del campo. Un presupuesto insuficiente, refiere la organización. Foto: Cuartoscuro.

EL CAMPO MEXICANO:
LAS PROMESAS MUERTAS DE OLVIDO

25 de noviembre de 1911. Emiliano Zapata y Otilio Montaño firman el Plan de Ayala que será proclamado tres días después. El caudillo del sur había roto con uno de los iniciadores de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero, quien ahora ha asumido la Presidencia de la República. Al momento de firmar, Zapata pronuncia la frase: “La tierra es de quien la trabaja”. La usa también para levantarse en armas. Sus palabras perdurarán en las manifestaciones sociales de los años por venir.

En 1912, el Presidente Francisco I. Madero se opone al Plan de Ayala. Con la investidura de Presidente, en 1912, Francisco I. Madero dice en el Congreso: “Por fortuna este amorfo socialismo agrario, que para las rudas inteligencias de los campesinos de Morelos sólo puede tomar la forma de vandalismo siniestro, no ha encontrado eco en las demás regiones del país”.

Pascual Orozco, caudillo en Chihuahua, se levanta en contra de Madero y lanza el Plan de La Empacadora, el cual reconoce los principios del Plan de San Luis y el Plan de Ayala. A las proclamas de los campesinos, añade un programa en beneficio de los obreros que incluye la reducción de la jornada laboral y la prohibición del trabajo a menores de diez años.

El Presidente Francisco I. Madero y el Vicepresidente José María Pino Suárez presentan su renuncia al Congreso de la Unión y la noche del 22 de febrero de 1913, en el perímetro del penal de Lecumberri, son asesinados.

El 20 de agosto de 1914, al frente del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza entra triunfante a la Ciudad de México. Concluye así la segunda etapa armada de la Revolución Mexicana. Se erige como Presidente de México.

El caudillo mestizo Emiliano Zapata va a morir. La trampa se la tenderán en San Juan Chinameca, Morelos. Es 10 de abril de 1919 y mediante una carta, el coronel Jesús M. Guajardo, a las órdenes del Presidente Venustiano Carranza, le dirá que se unirá a su causa. Que le dará armas, le dice. Pero será mentira. La lluvia de balas le caerá apenas toque el dintel de la puerta de la Hacienda de Chinameca. Guajardo trasladará su cuerpo a lomo de mula a Cuautla y lo entregará al general Pablo González. A partir de ahora, Emiliano Zapata se convertirá en el símbolo de la resistencia, la Revolución y redención de los campesinos de México bajo los emblemas de todos los movimientos sociales. También lo será de los pueblos indígenas. “¡Zapata vive! ¡La lucha sigue!” será la arenga más usada en las manifestaciones callejeras de lucha social.

En 1922, el gobierno de Álvaro Obregón establece que las tierras de riego deben medir entre tres y cinco hectáreas y las de temporal, entre cuatro y seis hectáreas. Se propone repartir minifundios.

El Presidente Álvaro Obregón entrega tierras como complemento del salario de los trabajadores rurales. Ese era un eufemismo pues en realidad eran empleados en haciendas. Eran propiedades para que los hombres del campo complementaran su base alimentaria, vivienda y otros bienes.

En 1926, bajo el mandato de Plutarco Elías Calles, se expide la Ley de Crédito Agrícola. Son creados el Banco Nacional de Crédito Agrícola y la Comisión Nacional de Irrigación.

1930:las propiedades de más de mil hectáreas abarcan 83.5 por ciento de la superficie de fincas rústicas. Hay 2.5 millones de campesinos sin tierra; es decir, 77 por ciento de la población ocupada en la agricultura. Pese al paisaje, el gobierno de Pascual Ortiz Rubio declara el fin del reparto agrario.

La disminución del apoyo gubernamental y la estrategia de liberalización del comercio dirigida por el TLCAN, han sido una brecha en constante crecimiento entre la producción nacional de alimentos y la demanda. Foto: Cuartoscuro.

Surge el Código Agrario en 1934, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que fija las dimensiones mínimas del Ejido en cuatro y ocho hectáreas.

En 1935 es creado el Banco Nacional de Crédito Ejidal.

 Por estos años, el compositor e intérprete sinaloense, Luis Pérez Meza, compone “El Barzón”, antecedente de la llamada canción de protesta. La pieza cuenta la intrincada relación de un campesino y el terrateniente para el que está obligado a trabajar. En los noventa, “El Barzón” será el nombre de una agrupación social para saldar deudas.

En 1937 es creado el Comité Regulador del Mercado del Trigo. En 1965 se transformará en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). Este organismo se convertirá en escenario de robo y corruptelas en todos los niveles.

Es 1935 y a través del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Presidente Cárdenas organiza a los campesinos en una central única y mayoritaria: la Confederación Nacional Campesina (CNC).

El Presidente Lázaro Cárdenas recorre el país. En 1940 desea cambiar los conceptos que hasta ahora han regido al campo mexicano. Quiere que se finque la agricultura comercial en consonancia con la demanda de la Nación. No encuentra razón para que se continúe el fomento de la agricultura doméstica. Aspira a un mercado nacional de productos agrícolas. De modo que modifica el Código Agrario de 1934 y emite otro.

La CNC conforma grupos armados para acotar corrientes políticas contrarias a las decisiones presidenciales. En este escenario, con estos ambientes, el reparto de la tierra continúa.

El Presidente Manuel Ávila Camacho emite a través de un decreto otro Código Agrario en 1942, que establece cinco hectáreas para el Ejido.

En campaña, en 1945, el candidato del PRI, Miguel Alemán Valdés, anuncia su intención de terminar con la reforma agraria para transformarla en reforma agrícola.

Una reforma constitucional en 1946, a instancias del Presidente Miguel Alemán Valdés, eleva a 10 hectáreas el ejido.

En 1951, en campaña, el candidato priista Adolfo Ruiz Cortines centra sus discursos en los próceres agrarios de la Revolución Mexicana. “… A ese evangelio de la tierra que obliga con auténtica convicción revolucionario a proseguir con la Reforma Agraria al mismo tiempo que proteger los derechos del pequeño agricultor, pues en el ejido y la pequeña sociedad se sustenta la economía agrícola de México”, dice apenas sabe que es el candidato del PRI a la Presidencia. Ya investido como Primer Mandatario no atiende la alarma que representa el latifundio disfrazado y se concentra en el incremento social de la producción. Los beneficiarios de su política serán los empresarios agrícolas.

En cuanto asume la Presidencia, en 1952, el Presidente Ruiz Cortines instaura el Plan Agrícola de Emergencia.

El Fondo de Cultura Económica publica “El Llano en Llamas” de Juan Rulfo, en 1953. Es una recopilación de cuentos que abre con “Nos han dado la tierra”. Rulfo pone en la primera persona de un campesino la historia del reparto agrario. “Nos dijeron: _Del pueblo para acá es de ustedes. Nosotros preguntamos: _ ¿El Llano? _ Sí, el Llano. Todo el Llano Grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el Llano no lo queríamos. Que queríamos lo que estaba junto al río. Del río para allá, por Las Vegas, donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. No este duro pellejo de vaca que se llama Llano”.

En 1954, el gobierno de Ruiz Cortines promulga el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, la Ganadería y la Avicultura. Incrementa el gasto en infraestructura hidráulica, aumenta el crédito agrícola y la inversión de fertilizantes.

Entre 1956 y 1958, se desarrolla la llamada política de estabilidad con desarrollo, esfuerzo que después será bautizado como desarrollo estabilizador.

En el informe rendido el 1 de septiembre de 1961, Adolfo López Mateos exclama: “Vertical e inflexible ha sido y seguirá siendo, por definición, la política agrarista del régimen actual”.

En 1964, Gustavo Díaz Ordaz asume la Presidencia de la República. Crea el Programa Nacional de Ganadería con el fin de fomentar la importación. Durante el sexenio se importan productos agropecuarios por mil 781 millones de pesos.

Una de las primeras acciones de Díaz Ordaz [este Presidente quedará en el centro de la tragedia de Tlatelolco de 1968 en la que cientos de estudiantes murieron y desaparecieron], en 1965, es crear el Banco Nacional de Crédito Agropecuario.

La otra gran acción por el campo ocurre el 23 de marzo de 1965. Por decreto presidencial surge la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), organismo regulador de los precios de los productos de la canasta básica. Será el centro de las historias de corrupción más señaladas en la historia del siglo XX en el país. Entre 1986 y 1993, habrá mal uso de los recursos públicos y ocurrirá una negligencia histórica: Raúl Salinas de Gortari, Director de Liconsa, y el Director General de Conasupo, José Ernesto Costemalle distribuirán 45 mil toneladas de leche contaminada proveniente de la región de Chernobil. Salinas de Gortari obtendrá millones de pesos por esta triquiñuela. Para 1998, el Gobierno federal cerrará la Conasupo de un plumazo.

El Censo de 1970 indica que la desigualdad en el campo es evidente. El reparto ejidatario ha dependido de la localización geográfica y la correlación de las fuerzas políticas.

Los campesinos de la Revolución envejecen. En 1970, la mitad de los ejidatarios certificados tenía más de cincuenta años de edad y la cuarta parte del total más de 65. La carencia de un sistema de seguridad social y de pensiones para los agricultores convierte a la parcela en el único patrimonio para enfrentar la vejez.

 Es en esta época cuando el compositor jalisciense Francisco Madrigal escribe “Jacinto Cenobio”, una pieza que será interpretada por Amparo Ochoa y Guadalupe Pineda, exponentes de la Trova o Canto Nuevo. En primera persona, un campesino mexicano expone sus motivos para pasar su vejez en un mercado en la Ciudad de México. Prefiere estar ahí antes que regresar con la humillación en el hombro a la parcela, esa que le dio el gobierno. “Me dijo, un favor, vuá pedirle ahijado, que a naide le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quero volver pallá, al fin ya no tengo dónde llegar”.

A partir de 1970 aparecen grupos organizados de campesinos en demanda de la tierra. Son hijos o nietos de ejidatarios, jornaleros o trabajadores rurales migrantes que fueron de sur a norte. Reclaman la afectación de latifundios simulados.

Luis Echeverría Álvarez asume el gobierno en 1970 y está enfrentado a la efervescencia del movimiento campesino. Quiere lograr consenso en los sectores campesinos repartidos en el país. Organiza ejidos colectivos, aumenta los precios de garantía y crea instituciones para controlar el intermediarismo como Tabamex, Inmecafé y Proquivemex.

En 1971 se promulgan la Ley Federal de la Reforma Agraria y la Ley Federal de Aguas.

En 1973 se crea el Consejo Permanente Agrario (Conpa) que integra las centrales campesinas formadas hasta el momento, con excepción de la CCI dirigida por Danzos Palomino y la UGOCM, bajo la dirigencia de Jesús Orta.

Resultado de la la transformación del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), el 29 de diciembre de 1974 es creada la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a la cual, le corresponderá el ejercicio de las atribuciones y facultades que señala el Artículo 27 de la Constitución.

Un año después, es instituido el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural). Si bien esta institución logró elevar el financiamiento al campo, al país le costó rescatarlo y liquidarlo en más de 150 mil millones de pesos; además de 50 mil millones de ANAGSA, la institución que garantizaba los créditos del banco. Su gasto operativo llegó a lo grotesco: más de 20 mil empleados en los 80 y la mayor flota aérea, sólo después de las Fuerzas Armadas.

LLega 1976 y la CCI, la UGOCM y la CNC firman el Pacto de Ocampo para agrupar en un solo organismo a las centrales oficiales.

Durante la campaña electoral, el candidato del PRI a la Presidencia de la República, José López Portillo, le pide perdón a los campesinos del país.

Dos años de lopezportillismo bastan para que el ritmo del reparto de tierra disminuya. La política económica está centrada en el petróleo. La importación de granos y oleaginosas aumenta en 52 por ciento.

En 1979 se expide la Ley de Fomento Agropecuario.

Cuando en 1982, de la Madrid Hurtado asume la Presidencia de la República, se reinicia el reparto de la tierra. La política se concentrará durante el sexenio en dar certeza jurídica a los propietarios.

Entre 1983 y 1986 el precio de los fertilizantes se incrementa en 291 por ciento. Algunos reclaman tierra, pero otros ya no pueden sembrar.

En esos mismos años, el presupuesto destinado al desarrollo rural disminuye en 37 por ciento. Ya no se puede sembrar porque el crédito ha descendido en 68 por ciento, 86 por ciento para el arroz y 88 por ciento para el trigo.

La lucha organizada por el campo continúa. Y la represión es la marca del gobierno de Miguel de la Madrid. Entre 1982 y 1987 ocurren 760 asesinatos políticos en el campo mexicano en 25 de los 32 estados de la República.

En 1988 asume la Presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari, y el minifundismo y la pobreza son las características del campo mexicano. El 49 por ciento de las parcelas es menor a cinco hectáreas.

A la par del cultivo deteriorado, el gobierno federal reconoce grandes extensiones sembradas con marihuana en el norte del país, en la región que bautiza como “Triángulo Dorado”.

En 1988 las compañías que se ocupaban de la venta de semillas, fertilizantes y almacenamiento son privatizadas.

En el mismo año las empresas estatales dedicadas a la comercialización de Tabaco, Café y Azúcar son eliminadas.

Han pasado cuatro años de Gobierno y Enrique Peña Nieto, Presidente de México, no ha presentado una política integral para el agro mexicano. Foto: Cuartoscuro.

En 1990 se erradican los permisos de importación a productos del agro.

En 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, es reformado el Artículo 27 constitucional en materia agraria. Se promulgan también la Ley Agraria y la Ley Forestal.

Dada la enmienda constitucional, los ejidos dejan de estar subordinados a las autoridades gubernamentales. La impartición de justicia se traslada a los tribunales agrarios ordinarios. Se rompe el vínculo tutelar entre el Estado y los campesinos.

En 1993 surge el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) que expide certificados a los parceleros. En 2000, este organismo logra la certificación del 80 por ciento de los ejidos del país.

Surge, también en 1993, con el gobierno salinista, el Registro Agrario Nacional.

El Tratado de Libre Comercio firmado en 1993 y con vigor a partir de 1994 incluye un capítulo para el campo mexicano que será puesto en vigor en 2008. Se determina la desgravación arancelaria de los productos agrícolas entre México, Estados Unidos y Canadá. Los precios serán determinados por las condiciones del mercado y no influenciados por las políticas públicas nacionales.

En 1994 y como medida complementaria a la reforma del artículo 27, se crea el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), un programa de pagos directos a los productores de granos básicos con base en la superficie cultivada. El programa pronto se volverá presa de la corrupción y el narcotráfico. Los padrones serán utilizados durante los gobiernos de la alternancia con fines electorales. En Michoacán se descubrirán los nombres de narcotraficantes en los padrones.

En 1997, a instancias del Presidente Ernesto Zedillo, es creado el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) para dar transferencias directas a las familias rurales pobres, ese año contabilizadas en 2.5 millones.

En 1999, con el aval del Congreso de la Unión, el Presidente Ernesto Zedillo desaparece la Conasupo.

En 2000, por primera vez, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es derrotado en las elecciones presidenciales. Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) asume la Presidencia de la República. Su origen se encuentra justo en el campo mexicano. Se ostenta como ranchero. Pero no presenta una política clara para restablecer al agro.

Le bastan tres años en el gobierno para poner en marcha la Financiera Rural, organismo que constituye un nuevo sistema de financiamiento y que hará llegar el crédito a las manos de los productores agropecuarios.

Al sexenio de Vicente Fox se le atribuye la etapa de mayor deterioro del campo mexicano. Pero en el Programa Sectorial de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2001-2006, él dice que son los productores rurales los responsables. La producción ha caído en 85 por ciento.

En 2006 llega a la Presidencia Felipe Calderón Hinojosa y en su Plan Nacional de Desarrollo tampoco queda clara la política para el campo.

El 8 de septiembre de 2009, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa propone al Congreso de la Unión la desaparición de la SRA como medida de austeridad y bajo una recomendación de la OCDE. No lo logra.

En la persona de Enrique Peña Nieto, el PRI gana las elecciones presidenciales de 2012. Un año transcurre sin que se conozcan los lineamientos de la política para el campo. El 6 de noviembre de 2013 anuncia una reforma revolucionaria que modificará el campo jurídico.

La política para el campo, que implicará una revolución, no ha sido presentada. Por lo pronto y sin debate previo, la Secretaría de la Reforma Agraria se ha transformado desde enero de 2013 en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).