El Gobierno mexicano acudió hoy a las audiencias tras haber criticado con dureza el informe que la CIDH publicó en marzo instándole a reconocer la “gravedad de la crisis de derechos humanos que enfrenta”, mientras que el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza, afirmó la semana pasada que su país está entrando “en una regresión autoritaria”.

Representantes del Estado de México, de izquierda a derecha: Luis Eduardo Méndez Cacho, Comisión Nacional de Seguridad; Eduardo Guerrero, Comisión Nacional de Seguridad; Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Secretaría de Relaciones Exteriores; Embajador Emilio Rabasa Gamboa, Representante Permanente de la Misión de México ante la OEA; Paulo Uribe Arriaga, Comisión Nacional de Seguridad, durante las audiencias con la CIDH. Foto: CIDH

Representantes del Estado de México, de izquierda a derecha: Luis Eduardo Méndez Cacho, Comisión Nacional de Seguridad; Eduardo Guerrero, Comisión Nacional de Seguridad; Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Secretaría de Relaciones Exteriores; Embajador Emilio Rabasa Gamboa, Representante Permanente de la Misión de México ante la OEA; Paulo Uribe Arriaga, Comisión Nacional de Seguridad, durante las audiencias con la CIDH. Foto: CIDH

Por Cristina García Casado

Washington, 7 abr (EFE).- El Gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhibieron hoy en cuatro audiencias públicas su choque sobre la situación de los derechos humanos en el país y la labor del grupo de expertos que investiga la desaparición de 43 estudiantes en 2014 (GIEI).

El cara a cara entre los comisionados y los representantes del Gobierno mexicano había generado muchas expectativas por el clima de tensión de las últimas semanas, en las que se han sucedido sus desencuentros.

El Gobierno mexicano acudía a las audiencias tras haber criticado con dureza el informe que la CIDH publicó en marzo instándole a reconocer la “gravedad de la crisis de derechos humanos que enfrenta”, mientras que el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza, afirmó la semana pasada que su país está entrando “en una regresión autoritaria”.

El comisionado Paulo Vannuchi pidió hoy cuentas al Gobierno mexicano por “los fuertes ataques de las autoridades públicas de México” al trabajo de la CIDH y el “daño irreparable” provocado a Álvarez Icaza por la denuncia penal presentada contra él por el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, José Antonio Ortega Sánchez.

En este sentido, el comisionado Enrique Gil Botero lamentó las críticas del Gobierno mexicano al último informe de la CIDH sobre los derechos humanos en el país y le instó a reconocer la realidad.

“No conocer que hay violaciones de derechos humanos en nuestros países y más acentuados lamentablemente en México que en otros sería quebrantar el principio de realidad y esa es una de las primeras manifestaciones de la esquizofrenia”, dijo.

Vannuchi señaló que “el problema fundamental” de los derechos humanos en México es que las leyes incorporan “avances considerables” que “muchas veces están lejos de los hechos, como en el caso del grupo de expertos” de la CIDH que investiga el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

“El GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) fue una operación conjunta que nos costó tiempo de discusión, vamos a hablar en los próximos días, pero aprovechemos que el Gobierno mexicano comparta con los presentes en internet su actitud”, invitó Vannuchi, señalando que las audiencias pueden seguirse por la red.

El Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Miguel Ruiz Cabañas. Foto: CIDH

El Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Miguel Ruiz Cabañas. Foto: CIDH

El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Miguel Ruiz Cabañas, evitó cualquier pronunciamiento sobre el GIEI en sus intervenciones, pero subrayó que México es el “Estado más abierto” con los organismos internacionales de derechos humanos.

Fuera de las audiencias, en declaraciones a los periodistas, Ruiz Cabañas, justificó la decisión de su Gobierno de no renovar el mandato del grupo de expertos, que vence el 30 abril, con el argumento de que ese fue el plazo que pidieron.

“El plazo (de seis meses) lo pidieron ellos mismos, y el Estado estuvo de acuerdo, nosotros pensamos que ya cumplió ese plazo y estamos muy satisfechos con sus recomendaciones”, afirmó.

“No se considera necesario extender el mandato porque ese fue el plazo que pidieron los expertos y la responsabilidad de la investigación es de la Procuraduría”, añadió.

Preguntado por si la renovación del GIEI se abordó en las reuniones privadas que mantuvieron este miércoles el Gobierno y Comisión en la CIDH, Ruiz Cabañas aseguró que este tema no se trató.

El fin de la investigación del GIEI, que anunció a finales de marzo la Secretaría de Gobernación mexicana sin consultar con la CIDH, tampoco se abordó en las cuatro audiencias de hoy y la Comisión no se ha pronunciado al respecto.

El mandato del GIEI, que expiraba originalmente el 31 de octubre pasado tras un año de trabajo, fue renovado por seis meses en el último periodo de sesiones de la Comisión celebrado en ese mes.

Preguntado por la ruptura con la fiscalía mexicana anunciada este miércoles por el GIEI a raíz de un desacuerdo, Ruiz Cabañas se limitó a comentar que, a su entender, “la cooperación continua hasta el 30 de abril, cuando culmina el mandato”.

“La labor del GIEI continúa y estamos a la espera de sus recomendaciones y las veremos con mucho interés como hasta ahora”, afirmó.

En las audiencias, ni Gobierno ni Comisión hicieron referencia al anuncio que el miércoles hizo el GIEI de que rompía la colaboración con la Fiscalía por el nuevo peritaje de fuego realizado en un basurero.

Solo las organizaciones de la sociedad civil criticaron que México decidiera no renovar el mandato del grupo, sin consultar a la CIDH, algo que enmarcaron en la “política de hostilidad” del Gobierno contra los organismos internacionales y las ONG que velan por los derechos humanos. EFE