Mil zapotecos de Juchitán, Oaxaca, han dejado de pagar sus recibos de luz durante tres meses en protesta a la imposición de parques eólicos. Acusaron que casi todos los 27 proyectos se han instalado sin respetar el derecho a la consulta previa de las comunidades.
Además, el movimiento acusó que Prospera les ha condicionado los apoyos sociales frente a esta protesta. El titular de la delegación en la entidad lo negó.
Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).– Alrededor de mil zapotecos de Juchitán, Oaxaca, no han pagado el recibo de la luz durante tres meses como parte de una protesta contra la imposición de 27 parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec sin una consulta previa e informada. Sin embargo, funcionarios del Gobierno federal los han amenazado: de continuar, se les retirarán los apoyos sociales del programa Prospera, acusó la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo de Tehuantepec (COCEI), un movimiento popular integrante del Movimiento Nacional del Poder Popular (MNPP).
“Hay algunos funcionarios menores del Gobierno federal diciéndole a las personas que si entregan su recibo de luz [al movimiento para así no pagar el servicio], no recibirán los apoyos asistenciales como Prospera, entre otros”, afirmó el dirigente de COCEI-MNPP Leopoldo de Gives de la Cruz.
Edén Bravo, abogado y miembro del movimiento, dijo que “la coordinadora” de Prospera “condiciona” a los grupos para que no hagan caso a la campaña en el Istmo.
Jorge Armando Zarate Media, Titular de la Delegación en Oaxaca de Prospera, contestó a SinEmbargo por correo electrónico que “en PROSPERA el apoyo no está condicionado bajo ninguna circunstancia, de acuerdo a las reglas de operación”.
“Asimismo te comento que los temas vistos en las capacitaciones son exclusivamente sobre los componentes alimentario, salud y educación”, detalló.
ADEMÁS
El dirigente de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo de Tehuantepec, Leopoldo de Gives, afirmó que “si hay algún proyecto que puede causar impacto en un territorio de un pueblo indígena debe ser consultado para que acepte o se discutan las condiciones. Si no lo hacen –como en estos casos– evidentemente se está violando su derecho”, afirmó.
Además, en la emisión de contratos y despojo de ejidos “hay un amafiamiento” del gobierno federal en las decisiones de “implantar estos parques eólicos”. De Gives señaló directamente a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Nacionales, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Gobernación, así como “instancias estratégicas” como la Comisión Federal de Electricidad. También el gobierno del estado y la autoridad municipal en los últimos años “han sido parte de esta imposición”.
Durante tres meses, el movimiento popular ha recorrido barrios de Juchitán y las personas les han entregado sus recibos de luz eléctrica. El objetivo, pese a las condicionantes, es extenderse a otras regiones del Istmo.
“Cómo vamos a pagar la luz cuando aquí la estamos generando con los parques eólicos. Hay regiones del país donde la tarifa es más baja que aquí, donde la producimos”, afirmó De Gives de la Cruz. La energía eólica es la segunda fuente de generación renovable en el país.
Hace más de diez años, el gobierno federal y las empresas vendieron a la población la idea de que las inversiones millonarias en el Istmo de Tehuantepec traerían “progreso y bienestar” a las comunidades indígenas mediante la instalación de proyectos eólicos para generar energía limpia.
“Pero esto no es así, al contrario, está generando mayor desigualdad, no da empleos y la mayor parte de la riqueza por los parques eólicos se va al extranjero”, dijo.
Este viernes el Presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell inauguraron el parque Eólica de Coahuila en el municipio General Cepeda. Se invirtieron 358 millones de dólares, resultado de la asociación de las empresas Energías de Portugal Renovables (EDP) e Industrias Peñoles, propiedad del multimillonario Alberto Baillères.
LUCHA CONTRA VIOLACIÓN DE DERECHOS
La instalación de aerogeneradores en el Istmo de Tehuantepec ha provocado daños ambientales y violación a los derechos de las comunidades contaminado las lagunas y con ello perjudicado a la actividad pesquera, la segunda más importante después de la agricultura.
En un ambiente ya de sequía, “la afectación ambiental redunda en una económica”, dijo el dirigente de COCEI-MNPP Leopoldo de Gives,.
Mediante una organización entre campesinos, pequeños comerciantes, ganaderos, estudiantes y obreros en diversas regiones del Istmo, han luchado durante años para “resistir contra los atropellos a sus derechos humanos y colectivos como comunidades indígenas; hay muchos abusos, proyectos de muerte y saqueos”, expuso Leopoldo.
“La primera afectación es el despojo encubierto de tierras comunales y ejidales”, dijo.
A través de miles de hectáreas en la región del Istmo han instalado 27 parques eólicos de capital privado nacional y extranjero.
“Casi todos los 27 parques eólicos se han instalado sin respetar el derecho a la consulta e información previa consagrada en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Son proyectos impuestos”, afirmó el dirigente del movimiento.
“Mediante contratos de arrendamiento –firmados con engaños– mantienen la posesión de las tierras como si fueran dueños con contratos de 25 o 30 años renovables”, agregó.
El dirigente Leopoldo finalizó al asegurar que con la imposición de los parques eólicos la cultura indígena, en este caso zapoteca, es afectada en su modo de vida.
“No solo afecta a los parecelarios que pierden sus tierras. La economía tradicional, campesina y comunitaria de la que han vivido nuestros pueblos históricamente se está deteriorando”, lamentó.
La organización civil ProDESC también ha documentado una serie de violaciones a las comunidades indígenas en el Istmo de Tehuntepec por parte de las empresas que establecen los parques eólicos sin consultar previamente a los habitantes. Han conseguido contratos con engaños y, aunque están obligados a pagar una renta por los ejidos, la cuota es baja.
El mes pasado, alertó que las empresas Eléctrica del Valle de México (propiedad de la paraestatal francesa EDF), GAMESA (eléctrica española) y Eólica Unión (oaxaqueña) buscan este año instalar tres proyectos eólicos y una subestación de almacenamiento de energía, sin antes haber consultado a los propietarios de las tierras de la comunidad zapoteca de Unión de Hidalgo, al sureste de Oaxaca.
Para prevenir las violaciones a derechos humanos –ya ocurridas desde 2011 con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX) en ese mismo municipio, y documentadas por la organización–, casi 800 firmantes entre comuneros y habitantes presentaron un amparo en los Juzgados de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca, ante la posibilidad de que las autoridades federales, estatales y municipales les otorguen concesiones a esas firmas sin su consentimiento.
