Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).- La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) abrió una averiguación por el presunto uso de programas sociales con fines electorales para los comicios que se llevarán a cabo en julio próximo en Veracruz.

Sin embargo, tanto PGR como Fepade tienen una larga lista de pendientes que se han asumido desde que inició el gobierno de Enrique Peña Nieto. En la agenda se incluye, por ejemplo, el seguimiento del caso Elba Esther Gordillo, que parece haber entrado en un impasse. También está por desahogarse la supuesta investigación a Genaro García Luna y otros funcionarios que, por graves violaciones, permitieron la liberación de Florence Cassez. El caso Monex sigue pendiente, luego de que los partidos de oposición ratificaran sus denuncias y que el Congreso dejara pendiente la comisión que coadyuvará en las investigaciones.

Otras investigaciones pendientes incluye el caso de Andrés Granier, ex Gobernador de Tabasco acusado de desvío de millones de pesos de los recursos públicos.

La Fepade asumió ahora la investigación en Veracruz, luego de que el pasado 17 de abril, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer una red para utilizar los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En la red participaban funcionarios de la Administración del Gobernador de Veracruz, así como el mismo mandatario Javier Duarte, y funcionarios de Desarrollo Social, como su titular Rosario Robles.

El Presidente Enrique Peña Nieto defendió a la titular de Sedesol y le ofreció su respaldo, al igual con el Gobernador veracruzano.

Veracruz ocupa el segundo lugar en delitos electorales denunciados en la Fepade, sólo después del Estado de México, con 597 denuncias.

De acuerdo con la PGR,  entre el año 2012 y el primer trimestre de 2013 los estados que tienen más averiguaciones previas contra servidores públicos son : Distrito Federal con 31, Puebla 29, Veracruz 22, Chiapas e Hidalgo con 15 cada uno.

Se entiende como delito electoral del tipo penal destinar de manera ilegal, fondos, bienes o servicios, como vehículos, inmuebles y equipos para el apoyo de un partido o un candidato, así como proporcionar apoyo o prestar algún servicio a los partidos o aspirantes a través de sus subordinados.

La comisión de estos delitos se castiga con multas desde 200 a los 400 días de salario mínimo y prisión de uno a nueve años. Asimismo, puede proceder la inhabilitación de uno a cinco años y la destitución del cargo.

CASO VERACRUZ

Los videos y audios presentados por el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, revelaban una estructura para, con dinero del gobierno federal, promover el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz.

A partir de hoy seis personas, cuyos nombres se encuentran en las grabaciones, declararán ante el Ministerio Público.

El caso pasó a manos de la Fepade, luego de que el  Instituto Federal Electoral (IFE) aclarara que los audios eran información “inexacta, ya que la campaña de actualización de datos para la Credencial para Votar con Fotografía en Veracruz terminó el pasado 15 de marzo.”

Por medio de un comunicado de prensa, el instituto aseguró que se mantendrá atento y colaborará con las investigaciones que realicen las autoridades correspondientes respecto a la denuncia hecha por el PAN.

El IFE reiteró su disposición para actuar con total apego a la ley para así alcanzar el buen desarrollo de los comicios en Veracruz.

El pasado fin de semana,  el Secretario de Finanzas de Veracruz, Salvador Manzur, dejó su puesto luego de que fuera señalado por los partidos de oposición, junto con Duarte y Rosario Robles, como parte de una red de desvío de recursos federales para beneficiar al PRI.

El Gobierno de Duarte dio a conocer que se tomó la decisión para “evitar cualquier suspicacia en torno del comportamiento político de su gestión en el debate generado por algunos partidos políticos por el uso de programas sociales”.

RUBÉN MOREIRA, EN COAHUILA

El pasado 2 de mayo, Ricardo Mejía Berdeja, Diputado federal por Movimiento Ciudadano, denunció que el gobierno de Coahuila instrumenta una red de compra del voto a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mediante programas sociales de Sedesol, similar a la que se descubrió en Veracruz.

Ricardo Mejía informó que el pasado 27 de abril, el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, tomó protesta a los Comités de Política Popular y Acción Social (Compas), en Torreón, Coahuila. Los cuales, alertó, son estructuras de liderazgos priistas -a nivel de colonias, municipales y estatal-, que utilizarán programas sociales federales para inducir el voto, a favor de los candidatos priistas en los 38 ayuntamientos en disputa.

“Estos Comités de Política Popular y Acción Social, que van a ser los responsables de manejar y canalizar los programas sociales, utilizan el mismo color rojo de las campañas priistas, y funciona como una estructura clientelar y política para acarrear votos a favor del PRI”, indicó el Diputado de izquierda.

Ricardo Mejía advirtió que toda la estructura de los programas sociales, federales, estatales y municipales, van a bajar por los Comités de Política Popular y Acción Social, porque el propio delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Coahuila, es Nicolás Bellizia Aboaf, quien ha sido Diputado local y federal por el PRI.