Ya tiene entrada en Wikipedia y desde hace tres días forma parte de la conversación pública gracias a los encabezados de periódicos y noticieros. El crimen organizado ha conseguido, una vez más, ampliar nuestro glosario, ahora con la palabra huachicolero. Dícese de alguien que se dedica a “la actividad ilegal de robo de combustible (gasolina o diesel) en México. La palabra deriva de huachicol una bebida alcohólica adulterada, y también se utiliza para nombrar al combustible robado el cual puede estar igualmente adulterado. Generalmente el robo de combustible es realizado directamente en los oleoductos de Petróleos Mexicanos donde se extrae el combustible a través de perforaciones, a esto se le conoce comúnmente como ordeña de ductos”.

Pero me temo que lo de huachicolero es algo más que una nueva palabra. Lo que sucedió en Puebla, en donde cientos de pobladores se enfrentaron al ejército para defender una actividad claramente ilícita, representa una nueva escala en  el desdibujamiento de los poderes del Estado que venimos padeciendo.

Las autoridades estiman que el monto de la ordeña solo en esta región, conocida como el Triángulo Rojo, supera los dos millones de pesos diarios. Se afirma que la venta de combustible en las gasolineras ha caído a la mitad en Puebla, lo cual nos indica al menos de bulto, el enorme impacto de este fenómeno y su repercusión económica.  Al atacar al Ejército y bloquear la carretera, los vecinos están defendiendo su modo de subsistencia. El único problema es que se trata de una actividad criminal. Puedo entender que tiangueros, ejidatarios o transportistas (y para el caso cualquier comunidad de interés) defienda con machetes y garrotes lo que considera un patrimonio o un derecho. Salvo que en este caso se defiende el derecho de apropiarse de lo que no es suyo y pertenece a todos.

Ups. Creo que acabo de definir a la clase política (¿o no es eso la reivindicación de Hank González, el padre del grupo Atlacomulco, cuando enunció su célebre “un político pobre es un pobre político”?). Nos hemos acostumbrado tanto a la impunidad de las casas blancas y las riquezas inexplicables, a que un gobernador sea millonario y a que un diputado porte en ropa y reloj un valor superior a su sueldo mensual que olvidamos que estamos frente a una actividad que violenta al Estado de derecho; más o menos como el caso de los huachicoleros.

¿Una exageración de mi parte? Después de todo estos vecinos, seguramente instigados e infiltrados por miembros del crimen organizado, la emprendieron a balazos contra los soldados que llegaron a desmantelar sus ordeñas. Pero la comparación no es del todo desproporcionada: más de la mitad de las agresiones contra la prensa (desapariciones y asesinatos incluidos) proceden de políticos y funcionarios. Como los huachicoleros, ellos también se defienden de aquellos periodistas que al difundirlo ponen en riesgo “su derecho” a robar el patrimonio público.

El Presidente Enrique Peña Nieto ha prometido que el crimen de los soldados no quedará impune (murieron cuatro en el primer enfrentamiento). La ordeña de combustibles en esta región será desmantelada, afirmó al país el mandatario mexicano. Bien. La mera existencia de este Triángulo Rojo en el corazón del país es un síntoma inadmisible de la posibilidad de derivar a un Estado fallido.

Pero no puedo dejar de preguntarme ¿no es aún más dañina la corrupción sistemática que infligen al país gobernadores, presidentes municipales, funcionarios federales, partidos y legisladores? Aquellos ordeñan con popote, estos con turbina. Los pobladores del Triángulo trastocan la región; la corrupción política está pudriendo a la nación.

@jorgezepedap

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Jorge Zepeda Patterson

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Es periodista y escritor.

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