Por Shaila Rosagel, Sergio Rincón y Juliana Fregoso

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).– El presunto desvío de 34 mil millones de pesos del presupuesto del estado de Coahuila por parte de Humberto Moreira Valdéz, ex Gobernador priista de la entidad, no debe quedar impune. Hacerlo sería enviar el mensaje de que el Gobierno federal protege a “criminales” plantearon activistas, académicos y organizaciones civiles. El no actuar, expusieron, significaría solapar “una de las impunidades más obscenas de nuestra vida pública”.

Juan E. Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), aseguró que si el caso Moreira no es atendido por el Gobierno federal, se dejará en evidencia que la administración de Enrique Peña Nieto protege a criminales.

“Están todos los elementos de prueba para que el Estado mexicano reaccione ante una de las impunidades más obscenas de nuestra vida pública de los últimos años. Si no hay esa reacción sólo se puede explicar que es por falta de voluntad política, y que existe un pacto de impunidad que define la relación de este Gobierno con los temas de corrupción”, dijo en entrevista con SinEmbargo.

Durante la administración del ex Gobernador de Coahuila, entre 2005  y 2011, una red de políticos y empresarios desviaron recursos de las arcas estatales para invertir millones de dólares en negocios ilegales, entre ellos, medios de comunicación y del sector minero, en el estado de Texas, Estados Unidos, de acuerdo con declaraciones de uno de los implicados: el empresario Rolando González Treviño, actualmente preso en ese país.

En los últimos tres años, el Gobierno de Estados Unidos ha asegurado alrededor de 533 millones 500 mil pesos mexicanos en fondos de inversión, empresas inmobiliarias, locales comerciales, restaurantes y farmacias, así como cuentas bancarias en Texas y el extranjero. La red que presuntamente realizó estos negocios y a la que la prensa estadounidense ha llamado la “Conexión Coahuila”, está integrada por 14 personajes ligados al ex Gobernador, dos de ellos están muertos.

El fin de semana se dio a conocer que en EU al menos 33 millones 240 mil dólares, que empresarios y ex funcionarios coahuilenses no pudieron comprobar que tuvieran un origen lícito, han sido decomisados o están en proceso de ser incautados.

Ernesto Gómez Magaña, director Ejecutivo de la organización Participación Ciudadana, opinó que es de llamar la atención lo fácil que Moreira Valdéz, pudo supuestamente sacar dinero robado cuando fue Gobernador de Coahuila, para después convertirse en presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Nos hace pensar que hay un sistema de control muy laxo y débil. Llama la atención que en transacciones tan controladas como transferir dinero a otros países, existan controles para gente ordinaria y no para Moreira”, dijo.

El experto en transparencia planteó a este diario digital que este caso es un ejemplo de que se requiere hacer un “ejercicio más abierto de diagnóstico” sobre lo que está sucediendo en México.

“A propósito de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, estos casos nos tienen que convocar a un diálogo, a ser honestos y reflexionar sobre qué está pasando en el país con la corrupción”, afirmó.

LOS INDIGNADOS DE COAHUILA

En 2011, a raíz del crecimiento sin control de la deuda pública surgió en la entidad un movimiento denominado “Los Indignados de Coahuila”, conformado por integrantes de la sociedad civil, quienes exigían que se llamara a cuentas a Moreira Valdéz.

Violeta Rodríguez Vargas, una de las integrantes de este movimiento, dijo a SinEmbargo que resulta penoso “que sea el Gobierno de Estados Unidos, quien marque la pauta en la impartición de justicia en un caso tan evidente de corrupción. Esto sólo reitera el nivel de complicidad de las autoridades mexicanas en este caso. ¿Cuántos funcionarios trabajaron en el encubrimiento de la deuda? ¿Quiénes se benefician o lo siguen haciendo, de la opacidad e impunidad de la administración anterior en Coahuila?”

Consideró necesario que el Gobierno mexicano, al igual como lo han hecho autoridades estadounidenses, trace la ruta del dinero para saber específicamente en qué lugares y a qué manos llegó, “para que se juzgue en el marco de la ley en el país o estado que corresponda”.

Sobre este tema afirma que la indignación se propagó en Coahuila porque el tema de los “indignados” no sólo se trató de un grupo de personas interesadas en cerrar calles durante sus protestas, sino que también era común escuchar charlas informales sobre el caso, aun con la información a cuenta gotas. El malestar de la gente sigue siendo evidente y el tema es “el esclarecimiento de la deuda millonaria de Coahuila, en la administración de Humberto Moreira”.

Raymundo Mendoza Arredondo, otro de los integrantes del movimiento, recordó que fue el panista Ernesto Cordero Arroyo, durante su periodo como Secretario de Hacienda y Crédito Público (2009-2011) fue quien firmó los papeles que autorizaban la deuda, por lo que tanto este funcionario como otros de la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa también deben ser investigados.

–¿Moreira debe ser juzgado en México o Estados Unidos?

–En México, por supuesto, y en Estados Unidos por los crímenes que cometió en ambos países. Pero el capital incautado es de los coahuilenses.

“El tema de la mega deuda les ha brindado una gran plataforma mediática a los opositores al PRI, pero sólo eso, ya que en nuestro país no existe el Estado de Derecho, solo es un dibujo mal hecho. En la actualidad continúan políticos robando a manos llenas, cobrando excéntricas nóminas y desarrollando un papel pobre y mediocre ante los ciudadanos mexicanos. Seguimos, como sociedad, sin trabajar en la raíz del problema, por doquier hay buenas intenciones, pero generalmente no llegan a consolidarse en acciones. Creo que la pregunta no es si se hará justicia en el caso de Humberto Moreira, es culpable y eso todos lo sabemos, las preguntas del millón serían: ¿qué vamos a hacer como sociedad para que no sigan surgiendo Humbertos Moreira y que vamos a hacer parad que exista un sistema de justicia que funcione y genere beneficios a los ciudadanos?”, expresó.

Cuando Humberto Moreira tomó posesión como Gobernador de Coahuila, la deuda estatal era de 323 millones de pesos. Al finalizar su mandato era de alrededor de 34 mil millones. De acuerdo con datos del IMCO, entre 2005 y 2009 el gobierno de Chihuahua elevó su deuda en un 709 por ciento.

De acuerdo al Contrato del Fideicomiso Maestro de Deuda Pública del Estado de Coahuila la deuda podría ser impagable e incrementarse a más de 100 mil millones de pesos al estar los créditos con los diferentes acreedores en UDIS y a 50 años, sin tomar en cuenta el costo que se tuvo en honorarios para las distintas reestructuras que se han realizado, a la fecha van tres, y cada una incremente considerablemente el monto a pagar.

Luis Zavala, otro de los activistas que formaban parte del movimiento, demandó también una investigación responsable y exhaustiva, no sólo a Humberto Moreira sino a quienes formaron su gabinete, a su hermano Rubén –actual Gobernador de Coahuila– y a sus funcionarios de primer nivel, a los diputados locales de las dos últimas legislaturas. Se debe investigar, añadió, documentación oficial, estados de cuenta bancarios del Gobierno de Coahuila y de cada uno de los implicados, así como declaraciones ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y todo tipo de transacción de recursos entre las cuentas. “Sólo de esa forma podrá demostrar la inocencia que tanto aclama con cartas y declaraciones mediáticas sin dar la cara”, insistió.

“En definitiva, el ‘Moreirazo’ fue el gran experimento de desfalco y enriquecimiento ilícito que se propagó a otras entidades como Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, entre otros y cuyas consecuencias podrían ser desastrosas”, dijo.