La Audiencia Nacional había determinado el archivo definitivo pero el Supremo lo modifica a otro provisional ante la posibilidad de que alguna circunstancia nueva, como pudiera ser la detención en España de alguno de los encausados, pudiera provocar la reapertura del caso.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu concluyó hace un año la investigación contra 40 militares de Ruanda por la muerte de más de cuatro millones de ruandeses en la década de los noventa, la mayoría hutus, pero también nueve españoles, al no haber más diligencias que practicar y encontrarse los procesados en rebeldía.

El caso se abrió a raíz de una querella presentada en 2005 por el Foro Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos contra dirigentes de Ruanda por los asesinatos masivos.

El juez ordenó en 2008 la detención de los 40 militares, entre ellos varios ministros, y también la del actual presidente del país africano, Paul Kagame, pero no se pudo llevar a cabo.

Una vez concluida la instrucción, la Audiencia Nacional archivó definitivamente la causa, decisión que fue recurrida por los autores de la querella.

Ahora, el Tribunal Supremo considera que la reforma de la Justicia Universal, que entró en vigor en España en el año 2014, excluye la competencia de los tribunales españoles sobre delitos ocurridos fuera del país salvo en determinados casos.

Estas circunstancias excepcionales que extenderían la competencia de los tribunales españoles a este caso no se dan, considera el Supremo, ya que debería existir una acusación contra un español o que, si hay víctimas españolas, la persona a la que se dirija la acusación esté en territorio español.

Por eso, el Supremo procede al archivo provisional, pues podría darse la circunstancia de la presencia de los acusados en España en algún momento.

En el auto de procesamiento de los militares, el juez Andreu les acusaba de tomar el poder por la fuerza e instaurar un régimen de “terror” en el país, “realizando horrendos crímenes” contra la población civil, la mayoría refugiados hutus ruandeses y población congolesa, también en su mayor parte pertenecientes a esta etnia.

Entre estos crímenes, Andreu les responsabilizó del asesinato de seis religiosos españoles y de tres cooperantes de Médicos del Mundo, unas muertes que sucedieron entre 1994 y 2000 en los campos de refugiados donde trabajaban. EFE