Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).– Militares asignados a la vigilancia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, el general Alberto Reyes Vaca, detuvieron y “secuestraron” en Uruapan a un ciudadano al que mantuvieron retenido en un recinto policiaco y lo expusieron a vejaciones.
De acuerdo con la denuncia presentada por Mireya Vargas, esposa de Roberto León Corona, la policía militar detuvo a su marido sin dar razones y lo expuso a un interrogatorio en una oficina pública, en donde se violaron sus derechos humanos y civiles, publica este jueves el diario Provincia.
Incluso, la quejosa aseguró que recibió llamadas donde le exigían un millón de pesos por la liberación de su marido.
León Corona, junto con otra persona, fue privado de la libertad el 31 de octubre en Uruapan por algunos militares asignados al Secretario de Seguridad Pública del Estado. La noche del 2 de noviembre los familiares de los indiciados presentaron denuncia por la desaparición de las dos personas.
Aunque Provincia buscó la versión de las autoridades, éstas se negaron a informar sobre estos hechos.
Extraoficialmente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública aseguraron al diario que los individuos fueron interrogados dentro del nuevo edificio de esa dependencia.
En tanto, a cinco días de la detención, la SSP planteó en un escueto comunicado, que los dos individuos fueron detenidos en el operativo de Noche de Muertos por delitos federales.
“En otro hecho y como resultado del operativo mencionado (Operativo Pátzcuaro), se detuvo en flagrante delito, de dos personas de nombres Alejandro Chamorro Valencia y Roberto León Corona, de 24 y 26 años respectivamente, quienes en estricto apego a la legalidad y en irrestricto respeto a sus derechos humanos, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, ya que las conductas flagrantes tipificadas como delitos, que desplegaron en presunta complicidad con otras personas involucradas, corresponden al fuero federal”, expuso la dependencia.
“Asimismo, debido al tipo de delito que motivó su detención, fue necesaria la coordinación con las autoridades federales, para realizar la puesta a disposición, misma que fue de manera inmediata, por lo que serán las autoridades jurisdiccionales de ese orden, quienes les resolverán su situación jurídica”, planteó.
CARTA ÍNTEGRA DE LA DENUNCIA
A continuación la carta íntegra que la demandante, Mireya Vargas, envió a los medios:
Soy Mireya Vargas, esposa de Roberto León Corona quién fue privado de la libertad, el pasado 31 de octubre, en la ciudad de Uruapan por militares que están asignados al secretario de Seguridad Pública del Estado, Alberto Reyes Vaca.
Ese día recibí una llamada de mi esposo al celular y me dijo que lo habían detenido militares de Seguridad Pública. Fue todo lo que me alcanzó a decir, por enseguida se escuchó un fuerte golpe que me imaginó que lo desmayó, porque ya no se escuchó nada.
Desde entonces mi peregrinar se ha hecho una pesadilla para mi familia y para mí, pues comenzamos a buscarlo en la Cárcel Preventiva y en los separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Nadie nos daba información sobre el paradero de Roberto, incluso llegué a pensar que estaba muerto, porque no había señales de vida de él.
Durante el 31 y 1 de noviembre recibí varias llamadas de un celular privado y un hombre que me decía: ‘Si quieren ver con vida a su familiar será mejor que nos entreguen un millón de pesos para liberarlo’.
Somos gente humilde de donde vamos a reunir ese dinero, pensé ya no lo voy a volver a ver, con qué pago él es arquitecto no gana mucho.
Pero gracias a Dios, el pasado 2 de noviembre se escapó Álex Chamorro Valencia otro de los secuestrados por el Secretario de Seguridad Pública y su gente, del lugar donde los tenían en cautiverio y aun las manos atadas corrió y fue a dar a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y ahí a la guardia pidió auxilio.
De inmediato los elementos de antisecuestros lo auxiliaron y les narró cómo había sido secuestrado por la policía asignados al Secretario de Seguridad Pública y los tenían amarrados en un cuarto.
De inmediato los ministeriales al saber dónde estaba aún mi esposo en cautiverio armaron un operativo para rescatarlo y detener a los responsables. Pero grande fue la sorpresa cuando fueron guiados por Álex, a las instalaciones de la Policía Acreditable (DSP), que se ubica a un costado.
Ingresaron los ministeriales y efectivamente confirmaron que mi esposo Roberto estaba atado de manos y pies y tenía tapados los ojos con una venda, en un cuarto pequeño a fuera estaba una camioneta blanca con uniformes de la Policía Federal, en un terreno utilizado por la SSP.
En los momentos que los Ministeriales pretendían liberar a mi esposo llegó el secretario de Seguridad Pública y quien se confrontó con los ministeriales y les arrebató a mi esposo y a su compañero y les dijo “ya los vamos a poner a disposición de la PGR”, sin darles una explicación de porqué los tenía privados de su libertad y que además no era competencia de él, pero ni caso les hizo.
Cuando nosotros llegamos a la PGJE, para preguntar por mí esposo, nos informaron de lo acontecido ya narrado y procedimos a presentar una denuncia penal por el delito de secuestro y la otra familia la presentó por Alex Chamorro, en ante el Ministerio Público
Posteriormente nos trasladamos ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ya por la noche, para presentar una queja en contra del Secretario de Seguridad Pública y sus elementos. Lamentablemente no quisieron tomarme la queja porque no tenía el nombre del secretario de seguridad Pública que ahora sé que se llama Alberto Reyes Vaca”.
NO ES EL PRIMER CASO
Apenas el lunes pasado, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) denunció que Miguel Ángel Trujillo Herrera, uno de sus integrantes, fue víctima de robo y golpes por parte de presuntos miembros de la Policía Federal que está desplegada en Michoacán.
Por medio de un comunicado, el Movimiento planteó que el pasado 23 de octubre Trujillo Herrera fue despojado de 7 mil pesos que pretendía llevar a su esposa e hijos, además de que los presuntos federales lo bajaron a golpes de su automóvil y posteriormente lo dejaron ir.
El MPJD expresó su indignación por estos hechos y pidió que se investigue para que autoridades sancionen a los responsables. Además exigió que se repare el daño económico, físico y moral que se causó al activista.
