A un año de que los millones de pesos de clientes de Ficrea se vieran involucrados en un caso de triangulación de recursos, los afectados ven al fin una luz en el camino con el concurso mercantil al que se sometió la Sociedad Financiera Popular y esperan volver a ver gran parte de sus ahorros.
Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).– Un día como hoy, pero de 2014, a miles de ahorradores se les notificó de una intervención gerencial a la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea. La noticia vino de golpe. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), presidida por Jaime González Aguadé, informó a los clientes sobre posibles problemas regulatorios y de incumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero detectados dos meses atrás.
El hecho concreto fue que el dueño de la Sofipo, Rafael Olvera Amezcua, desvió 2 mil 700 millones de pesos, en una maniobra de triangulación de varias de sus empresas, entre éstas Baus & Jackman Leasing, Monka Comercial y Leadman Trade. Dicho monto fue utilizado para transferencias internacionales, para la nómina de 781 empleados de diferentes empresas y para comprar dos inmuebles –uno de ellos un edificio en Londres, Inglaterra–, 52 propiedades más, 104 automóviles (de marcas como BMW, General Motors y Porsche) y gastos en eventos de box, teatro y de la Serie Nascar de automovilismo.
Ficrea tenía el dinero de 6 mil 800 ahorradores, que a partir de la noticia comenzaron a tocar puertas: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las cámaras de Senadores y Diputados, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios (Condusef) y hasta la Embajada de Estados Unidos, para que les regresaran el 100 por ciento de sus ahorros.
A un año de distancia, para ahorradores consultados por SinEmbargo, uno de los verdaderos problemas ha sido la falta de voluntad política por parte de las autoridades para solucionar el problema desde los primeros meses de haberse suscitado, por lo que actualmente se manejan varias vías de demandas al Estado por daño patrimonial, pues denuncian que las acciones de omisión son muestra de la negligencia con la que actuaron las autoridades.
Las acciones legales a las que los afectados han recurrido van desde los daños patrimoniales y financieros, hasta el de la moral. Por un tiempo se enfatizó en un amparo y un procedimiento para demostrar que con la monetización de los bienes incautados a Rafael Olvera Amezcua era suficiente para pagar la totalidad de los ahorros a los afectados de Ficrea, o también se propuso un aumento en el pago de Udis, que alcanzaría a cubrir a la mayoría de los ahorradores.
Para Adrián González, un ahorrador de Ficrea, considera que a un año de los hechos hay una primera luz en el camino con el concurso mercantil y lo que ahora esperan es que el proceso se asuma con seriedad, que no haya un cambio en el juzgado ni que intervenga gente que tenga intención de balancear hacia un sentido contrario de los ahorradores.
“Si en este país habláramos de Derecho, los ahorradores deberían estar tranquilos una vez que se entra a este proceso, porque no se trataría de una liquidación en términos de remates, sino de una liquidación en términos de ventas al tenor de los precios en el mercado de cada una de las cosas. En ese sentido tendríamos que estar tranquilos. Sin embargo, hoy tenemos dudas de que pueda ser así, porque en los términos de la suspensión de la intervención y de la declaratoria de quiebra de Ficrea, hubo agujeros en la legalidad, de forma tal que pudiera haber la intención de querer truquear el asunto, seguir en el oscurantismo que las autoridades han tenido y orientar el proceso mercantil a otro punto”, comentó.
Con el concurso mercantil, del que aún no se tiene fecha, se espera que la mayoría de los ahorradores obtenga una cantidad muy cercana a la que le fue incautada hace un año. Este proceso, de acuerdo González, es aparte de la demanda por daño patrimonial, que según otro de los afectados hace dos semanas se declaró procedente y a mediados de 2016 se estaría obteniendo una sentencia.
“Creemos que estamos llevando adelante todas las acciones que podemos, iniciamos todos los procesos que pudieran ser beneficiosos”, añadió Fernando González.
La investigación generada por los mismos ahorradores los tiene convencidos de que es posible que el Gobierno federal pueda intervenir a favor de los ahorradores en el concurso mercantil, primero porque hay recursos contables de la cartera de clientes de Ficrea, están los activos, tiene liquidez neta en la tesorería y están los bienes que la PGR incautó en México y el extranjero.
“El conjunto de esos recursos permite afirmar que hay con qué pagar a los ahorradores que nunca han tenido un solo grado de culpa, ninguna responsabilidad, por lo que el Gobierno puede entrar aún a este proceso mercantil y permitir que mediante un crédito, la autoridad pueda prestar ese dinero y pagar a los ahorradores, no dentro de dos años, o cada semestre, sino en una o dos emisiones y así no tener que cargar con el cobro de los abogados, que va del 8 al 12 por ciento de lo que se recupere. Sería sólo un proceso de flujo de efectivo. Un asunto de este tipo, el Gobierno lo puede hacer vía SHCP o Presidencia. Es un asunto de voluntad política”, agregó González.
¿QUÉ FALLÓ?
Aunque los señalamientos se centraron en Olvera Amezcua, de quien hasta el día de hoy las autoridades encargadas no han brindado información, el abogado Mario Herrera Carrasco, sostiene que la actitud del Gobierno es de criticarse, ya que ha optado por esperar a que terceros solucionen un problema generado por el descuido al sector de ahorro popular.
“Ficrea dejó mucha desesperanza, incertidumbre, inseguridad y ha provocado una falta de cultura. Dejó una ignorancia tal de que ahora se tiene miedo de dónde, la gente más marginada, la que no tiene instituciones bancarias o un cajero, puede poner su dinero. La carencia de una seguridad que tenga ese ahorrador, es el traste a todo ese sector popular. A un año, se pensó que el problema se podía enmendar y hubo intentos y esfuerzos, pero no fueron los suficientes ni los correctos”, comentó en entrevista para este medio el también presidente de la Fundación para la Inclusión y el Desarrollo (Fide).
Habló también de un efecto dominó, de un golpe para todo el Sector de Ahorro y Crédito Popular que alberga a la gente que no tiene acceso o que no puede ahorrar en un banco. Explicó que en estas comunidades hay costumbres y se guían por lo oyen, no saben de leyes o autorizaciones, “pero ahora saben que la gente saca su dinero porque en todas las empresas de cajas de ahorro están robando. En ese efecto dominó, toda la gente saca su dinero por el efecto mediático que establece que todas las cajas de ahorro están robando, y todo se deriva de una mala supervisión”.
Hasta octubre de 2014, Ficrea SA de CV contaba con 6 mil 633 clientes ahorradores y 6 mil 724 clientes acreditados, lo que significaba un crédito total de 6 mil 284 millones de pesos; además, se calcula, las transferencias a empresas llegaron a los 5 mil 900 millones de pesos.
Según la información de la CNBV, Ficrea hacía firmar a sus clientes dos adeudos: uno con esa empresa y otro en Leadman Trade, pero los clientes sólo recibían el monto suscrito una vez. El primer contrato era firmado en la Sofipo, el cual se documentaba como un crédito, y el segundo en Leadman, donde se documentaba como una arrendamiento puro.
Incluso se daba a los clientes una carta donde se mencionaba que la firma del crédito en Ficrea sólo servía como un trámite administrativo ante las autoridades financieras.
Esto permitió construir una base de créditos en la Sofipo que no tenía sustento económico, pero que funcionaba para respaldar información contable y para que la transferencia de recursos a otra empresa no fuera supervisada.
“No estamos pidiendo que nos regalen cosas, sino que haya un resarcimiento del daño que se nos causó a miles de familias. Nosotros hicimos un trabajo bueno. Sin embargo, intereses ajenos a nuestra lucha, hicieron que no se pudiera cerrar el asunto, de forma tal que a estas alturas ya se nos hubiera pagado todo nuestro dinero a casi al 80 por ciento de los ahorradores. Todavía se puede sacar, sólo si hay voluntad”, enfatizó González.
