En febrero de 2013, Ale y Manuel fueron abordados por policías de Chimalhuacán, Edomex. Uno de los efectivos municipales violó a la joven. Ella tenía 14 y él 16.

Junto a su familia, los menores se disponían a denunciar el hecho cuando los mismos uniformados los encararon. Frente a sus padres y al intentar huir, uno de los policías le dio muerte a Manuel.

Hoy, 4 años después, la justicia no llega. Los policías están detenidos, pero no han recibido sentencia…

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Más de cuatro años han pasado desde que un policía municipal de Chimalhuacán y dos compañeros abordaron a una pareja de novios menores de edad, uno de los agentes violó a la jovencita de 14 años y mató al varón de 16; A la fecha, las familias siguen navegando entre los juzgados en busca de justicia y en donde sólo han recibido largas, pese a que el proceso se realiza dentro del “nuevo sistema de justicia penal”, que presuntamente sería para agilizar la justicia.

En la Sala 3 de los juicios orales de la calle Bordo de Xochiaca, en Nezahualcoyotl, Estado de México, estaba programada la audiencia de apertura de juicio oral contra los policías municipales de Chimalhuacán, Pedro Luis B.R, Alán H. G y Francisco J.A, por los delitos de abuso de autoridad, ataque sexual de la menor Ale, y el asesinato de su novio Manuel.

El desarrollo de la audiencia en donde se darían los alegatos de apertura era de especial relevancia para ambas partes, principalmente las víctimas porque para ellos significa estar más cerca de obtener la sentencia contra los acusados.

Las familias de los ofendidos llegaron al recinto esperanzadas de que por fin iniciara el juicio oral.  Se sentaron en los asientos de la parte derecha de la sala,  ubicados detrás del Ministerio Público. Son menos que el cúmulo de personas que acudieron en apoyo a los imputados.  Algunos de los parientes de los acusados se acomodaron en las sillas colocadas detrás de la defensa, como normalmente ocurre, pero otros eligieron tomar lugares cerca de las víctimas. No es la primera vez que sucede.

El juez oral Juan José Colón Marquez inició la audiencia. Después de ceder la palabra al Ministerio Público para su presentación, la tomó la defensa.

Alán, uno de los tres imputados, optó, nuevamente, por cambiar de abogado y su defensor de oficio, Carlos Alberto Rodríguez argumentó que no esta preparado para el acto: expuso que no ha tenido comunicación con el imputado, ni tiene los discos de las grabaciones del proceso, ni documentos necesarios para los alegatos.

La Fiscalía, resignada, respondió que no tenía oposición en que la audiencia fuera suspendida. De insistir en su desarrollo pondrían en riesgo el caso, ya que darían pie a la defensa a pedir una reposición del proceso, explicó después a los ofendidos.

La audiencia se suspendió, y el juez fijó para el 21 de de noviembre la nueva fecha.

Los presentes se levantaron después de que el juez se retiró del estrado. Los imputados abandonaron la sala, pero desde un cuarto interior, detrás de una ventana, se despidieron sonrientes, levantaban la mano en seña de adiós, mientras que sus allegados les respondían con muestras de alegría usando sus manos, levantándolas y cerrando el puño con el pulgar alzado.

Los ofendidos salieron resignados, este episodio no era nuevo: es otro que se suma a la carga de largas y largas que han recibido por años de andar entre sala y sala en busca de justicia.

“En los cuatro años la defensa ha extendido el caso a lo largo del tiempo con el cambio de defensores de oficio”, explicó la abogada de las víctimas, Anayeli Pérez.

EL CRIMEN

“Qué lástima que haya academias de policía que preparen, acepten a gente sin escrúpulos, sin valores”, madre del menor asesinado.

El 21 de febrero de 2013 –con Eruviel Ávila como Gobernador– es la fecha en que cambió todo para Ale, Víctor Manuel, y sus familias. Ese día Manuel esperaba en casa a su madre, la señora María Elena Ángeles.

“Llegué de trabajar, le preparé unas gorditas, le di de cenar y se alistó para salir a ver a la novia”, narra la madre del joven.

Cerca de las 10 de la noche, Manuel y Ale, de acuerdo a la información brindada por sus abogados, estaban juntos dentro de una camioneta cuando llegaron tres elementos de Seguridad Pública del Municipio de Chimalhuacán de nombres Andrés Alan H. G, Francisco J. A. y Pedro Luis B.R.

Le indicaron a los menores que descendieran del vehículo.

Cuando los jovencitos bajaron, Pedro se llevó a la menor a unas canchas de fútbol y ahí la violó; después los hombres se retiraron del lugar.

Ella le contó a su novio que había sido atacada, y ambos acudieron a buscar a sus padres para ir a denunciar.

“Él entró a la casa a pedir nuestro apoyo porque unos policías habían violado a su novia. La reacción fue inmediata”, cuenta Maria Elena.

El joven, añade la mujer, le pidió su acta de nacimiento porque media 1.80 y era corpulento, difícilmente se podía creer que tenía 16 años. “Era un niño en cuerpo de hombre”, explicó.

Los menores, Maria Elena y su esposo Victor salieron de la casa rumbo a la de Ale, para pasar por el padre de ella.

Cuando llegaron a la vivienda de la víctima y mientras esperaban al padre, María Elena inquirió a su hijo sobre la razón de su detención, “Mamá no hicimos nada malo”, le respondió, según narró la mujer.

No pasaron más de cinco minutos, recordó, cuando la patrulla de los policías se estacionó en la parte de atrás de ellos, sin hacer ruido, ni las luces prendidas.

Manuel y su padre descendieron y le dijeron a Pedro que se bajara para responder por el ataque a la menor.

Maria Elena también descendió y corrió hasta la patrulla en donde estaba el copiloto Alan, “Íbamos solos, somos gente de trabajo que no sabemos de armas”, platicó la madre.

Rememora que Alan la observó, “en su mirada llevaba muchas cosas, entre ironía, y que no sabía que hacer. Pedro volteó a verme también”.

La mujer insistía en pedir auxilio al agente cuando escuchó un grito: ¡ayuda, auxilio, violaron a mi hija”.

Los policías trataron de retirarse, arrancaron la camioneta, pero María Elena se aferró a ella, “trataba de seguir, pero la patrulla iba tan rápido que mis pies ya no daban, me solté y es cuando me voy de bruces”.

La unidad se detuvo tras chocar contra un vehículo en la parte trasera.

Otro grito alertó a la mujer: “¡Tu mamá!”. Ella pensó que iban a correr a levantarla hasta que miró de reojo y veo que su esposo y Manuel corrían hacía la patrulla.

“Me levanté, fui hacía ellos y en el momento en que llego… le disparó”, dice con voz cortada y llorando.

El policía hirió a Manuel en el cuello y en un costado. Después los uniformados se dieron a la fuga.

“Le alcancé a preguntar a mi hijo ‘¿Estás bien?’, y me alcanzó a decir ‘pide una ambulancia'”.

Manuel llegó al hospital mal herido y ahí perdió la vida.

Chimalhuacán, escenario de violaciones y asesinatos. Foto: Cuartoscuro

LARGO PROCESO

Desde entonces y hasta la fecha, la madre de Manuel no ha podido llevar el duelo.

Al mes de los hechos, Pedro fue detenido, posteriormente Alan, y finalmente, en junio de ese 2013 capturaron Francisco.

Pedro fue imputado y vinculado por los delitos de abuso sexual, homicidio y abuso de autoridad. Alan y Francisco por los presuntos delitos de participación en abuso sexual y abuso de autoridad.

A lo largo del proceso ha habido por lo menos seis cambios de defensores, tres por dos de los imputados, Alan y Francisco; Pedro, según indicaron, ha continuado con el mismo. Esto ha dado como resultado un aplazamiento constante.

“No se está garantizando el principio de concentración”, acusó la abogada coadyuvante de las víctimas.

El nuevo sistema de justicia penal establece que un imputado no puede estar en prisión preventiva por más de dos años, es decir, que desde hace dos años debieron de resolver, pero debido a que ha sido la defensa quien ha alargado el proceso, el juicio sigue sin concluir.

“Se planteó la incidencia de los dos años que marca la ley para prisión preventiva, pero esos años se han aplazado por actos de la defensa porque han puesto recursos y porque han cambiado defensores o han faltado a audiencias, el análisis estableció que no son actos atribuibles al MP ni a las víctimas, por eso sigue”, explicó Ana Yeli Pérez Garrido, coadyuvante de las víctimas.

Otro de los motivos por los que ha durado demasiado es porque el sistema de justicia acusatorio en el Estado de México “no se está adecuando a los estándares, ni a lo que debe de ser,  mas allá del juez, es una cuestión estructural administrativa de cómo se está implementando, explicó la abogada, es decir, el Estado lo se está implementando mal y en perjuicio de las partes.

“Hay todavía un actuar doloso del estado para no garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la justicia”, denunció la abogada del Observatorio Nacional de Feminicidios.

REVICTIMIZACIÓN

El caso de Ale y Manuel fue llevado a la capitación de la Academia de Policía como un ejemplo de lo que no deben hacer los agentes; sin embargo, han criminalizado a las víctimas, puesto que en la manera de exponerlo culpan a los menores, según denunciaron los padres, quienes supieron de la práctica por un conocido que acudió a una capacitación, indicaron.

El Observatorio de Feminicidios entró en apoyo en la etapa donde está por iniciar los alegatos de juicio oral, por lo que tuvieron poco margen de actuar ante irregularidades presentadas en un principio, expusieron las defensoras.

“Se perdió evidencia, y las familias de las víctimas no tenían notificaciones oficiales”, comentaron.

El señor Victor, padre de Manuel, abundó “por una buena persona dentro del sistema nos avisó que teníamos que ir a las audiencias, un tercero” .

Cuando pidieron apoyo del Observatorio de Feminicidio, y tomaron el caso, aún alcanzaron a incorporar dos periciales que consideran importantes, entre ellos el de Impacto psicosocial, que establece las consecuencias de los ofendidos, y familiares de las víctimas, ademas de recuperar estándares para las medidas de reparación del daño.

El peritaje considera el caso desde una perspectiva de violaciones a derechos humanos por ser cometido por servidores públicos, por ser tortura sexual y ejecución extrajudicial.

“De hecho parte de los argumentos que daremos en los alegatos es la petición al juez de que a la hora de sancionar por violación, sí retome los estándares de tortura sexual, y en el caso de homicidio, también sea considerado como una ejecución extrajudicial”, señaló Pérez G.

La importancia de que el juez tome en cuenta estos estándares es para la hora de establecer la reparación del daño, que ésta sea integral, es decir, que además establezca para las víctimas ayuda psicológica, seguridad para la joven Ale, y que en la Academia de Policía se capacite en uso ilegal de la fuerza y en derechos humanos.

La revictimización, en palabras de Maria Elena. Foto: Sugeyry G, SinEmbargo

AMENAZAS Y ESPERA

Las amenazas contra la familia de las víctimas, principalmente con la joven Ale se han presentando en varias ocasiones, denunció la señora Ana Maria, madre de la entonces menor.

“Una vez se llevaron a una muchacha cerca de la casa. Ha rondado una camioneta, y en alguna ocasión alguien llegó a la casa, con ella,  y le preguntó que si ella era la violada”, según narró la mujer.

Agregó que ha sido amedrentada por una de las testigos a favor de los imputados y cuando las ve en la calle las insulta.

Debido al hostigamiento tienen que ser acompañados por elementos de la Agencia de Investigación cuando tienen que acudir a las audiencias,

“Ale, no está bien, ha intentado quitarse la vida, no quiere salir porque le da miedo […], ella no ha quedado bien yo la he visto mal, se me altera mucho, se pone a la defensiva. Se pone agresiva con sus hermanos, no le puedo decir algo porque explota luego luego, se pone muy nerviosa”, explicó la señora Ana Maria.

La joven está a la espera de que ya dicten sentencia “para poder dejar todo lo que trae”.

Los padres de Manuel, al menos su madre, no ha vivido el duelo. “Ni yo misma alcanzo a comprender la dimensión de esto que siento. Para mi esto es despertar a mi realidad de que sí sucedió, que estamos en la lucha. A nosotros se nos negó la oportunidad de volver a empezar, ellos [los culpables] aún pueden reivindicarse, si quieren, siguen vivos, pueden ver a sus familias, pero nosotros no. Lo único que espero es que esto tenga un buen resultado para la sociedad porque para nosotros como padres de familia estamos conscientes que Manuel no va regresar. Lo que espero es que ya termine, que los sentencien y empezar mi duelo”, expuso la mujer.